Ciudad de México, a miércoles del 2020.- El sector privado del país lamentó que el Congreso de Oaxaca haya aprobado este miércoles la modificación a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir la venta de bebidas y alimentos envasados a menores de edad en la entidad, pues consideraron que impactará en toda la cadena de la industria agroalimentaria.
En un comunicado en conjunto de las Cámara Nacional de la Industria de Transformación, la Asociación Nacional de Pequeños Negocios, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, entre otros, señalaron que la afectación por la adición del articulo 20 Bis a la Ley llegará hasta los productores artesanales y pequeños comercios a lo largo del territorio oaxaqueño.
“Lamentamos que no hubo apertura ni disposición de establecer mesas de trabajo en el Congreso del Estado a efecto de trabajar conjuntamente, por lo que rechazamos la prohibición votada el día de hoy, sin tomar en cuenta a las partes afectadas”, apuntaron.
Los organismos empresariales resaltaron que el decreto aprobado por los legisladores oaxaqueños, “pretende ir más allá, al limitar la venta de productos como por ejemplo el chocolate oaxaqueño, granolas, yogures, cereales entre otros, en cualquier tiendita, restaurante, taquería, supermercado, etc”.
Sostuvo que dicha condición que no sólo no resolverá el problema de sobrepeso y la obesidad, sino que incentivará el mercado informal e impactará negativamente a las familias de miles de oaxaqueños que dependen de su venta, distribución y comercialización. Por lo que será “más negativo el remedio que la enfermedad”.
El sector privado reiteró que coincide en la preocupación de solucionar el sobrepeso y la obesidad. Comentaron que todos los sectores representados están abiertos al diálogo y a encontrar las soluciones integrales más adecuadas.
Destacaron que los sectores productivos no venden sus productos directamente en instituciones educativas, pues así lo establece la legislación federal desde 2013. Añadieron que si existe algún caso, las autoridades deben actuar.
Fuente: La Jornada
