Ciudad de México, Palacio Legislativo, a 14 de octubre del 2019. (Notilegis).- Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) señaló que la propuesta de una Ley de Amnistía es un paso positivo para subsanar las injusticias y violaciones a derechos humanos.
Durante su participación en el Foro de Parlamento Abierto “Ley de Amnistía”, señaló que en el sistema de justicia penal en México se han generado un gran número de víctimas con violaciones a sus derechos humanos, al debido proceso, a la libertad e integridad personal.
“Cuando acontecen dichas violaciones, las víctimas son personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad, particularmente en situación de pobreza. Entonces, se trata de violaciones que agravan y profundizan la ya existente situación de desigualdad social”, añadió.
Jan Jarab dijo coincidir con la iniciativa para expedir la Ley de Amnistía que envió el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputado, que expone “la existencia de evidencia disponible para señalar una relación inversa entre el acceso a la justicia y la condición económica de las personas”.
De igual forma, concordó con la vulnerabilidad que tienen ciertos grupos de la población frente al sistema de justicia: mujeres, jóvenes y las personas indígenas.
El representante de la ONU recomendó a los legisladores ampliar los supuestos de aplicación de la ley, a fin de beneficiar a las personas procesadas por tipos penales que atentan contra la libertad de expresión y manifestación.
Asimismo, sería positivo contemplar para la aplicación de amnistía a personas que cuenten con la decisión o recomendación de algún organismo internacional o nacional de derechos humanos, en el que se refiera la violación de alguno de los componentes del debido proceso que hubiera trascendido al fallo judicial, agregó.
En ese contexto, en la aplicación de amnistía por interrupción del embarazo, “se podría incluir a otro personal de servicios de salud, así como personas que han auxiliado a la mujer”.
Puntualizó que la propuesta de ley tiene limitantes en la aplicación y “parecen demasiado restrictivas”. Por ejemplo, el artículo dos de la iniciativa del Ejecutivo “podría restringir demasiado la aplicación de la ley”.
El citado artículo sostiene que “no se podrán beneficiar a personas indiciadas por los delitos a los que se refiere el artículo 19 de la Constitución, o que hayan cometido otros delitos graves del orden federal”; sin embargo, el término (delito grave) ya es inexistente bajo el sistema de justicia penal vigente”, comentó.
Agregó que mantener ese término “podría dar lugar a la interpretación de procedente la amnistía para el caso de delitos catalogados como graves al amparo de la anterior legislación”, se podría generar un “catálogo sumamente amplio que podría hacer inoperante la Ley”.
