Ciudad de México, a 23 de diciembre de 2019.- El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano propuso una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de Migración para crear un Registro de Detenciones de Personas Migrantes y un Sistema de Consulta del Registro.
De acuerdo con un estudio de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), en 2017, México “había incrementado drásticamente su capacidad para detener y deportar migrantes”, pero que no había desarrollado mecanismos para investigar delitos cometidos contra ellos.
Los senadores plantean en su propuesta que el Registro de Detenciones de Personas Migrantes será una base de datos que concentrará la información sobre las personas migrantes detenidas en el territorio nacional.
El Instituto Nacional de Migración contará con un Sistema de Consulta del Registro de Detenciones de Personas Migrantes que permita consultar una versión pública de la información de las detenciones practicadas, señala la iniciativa presentada el pasado 5 de diciembre.
La propuesta enviada a las comisiones unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios; y de Estudios Legislativos, precisa que la consulta se podrá realizar en línea y permitirá la búsqueda de una persona migrante detenida por medio de su nombre, fecha de nacimiento y nacionalidad.
El Sistema de Consulta proporcionará la fecha de la detención y el lugar de alojamiento actual. No obstante, podrá rechazar su registro de considerarse perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, y cuya vida, libertad o seguridad personal se encuentren amenazados.
El texto precisa que si bien existe la Ley Nacional del Registro de Detenciones publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2019, ésta no regula los supuestos de detención de personas migrantes.
Por lo que consideran que el Congreso debe emitir las reformas necesarias que garanticen los derechos humanos ante cualquier detención o ante una posible desaparición forzada, con los mismos requisitos, procedimientos y protocolos previstos en la Ley Nacional de Registro de Detenciones para el resto de personas.
