Ciudad de México, Palacio Legislativo, a 17 de abril del 2021 (Notilegis).- El diputado Carlos Enrique Martínez Aké (Morena) informó que impulsa una iniciativa de reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin de emitir un Protocolo Nacional Policial en Materia de Detención y Aseguramiento de Infractores y Presuntos Responsables
En un comunicado, indicó que en fechas recientes una mujer migrante murió tras ser sometida contra el suelo por un grupo de policías en Tulum, Quintana Roo, y a este suceso han precedido otros como el acontecido en Tijuana, el 30 de marzo de 2020, donde un ciudadano que fue sometido por dos elementos de la policía municipal falleció por asfixia.
“Tales actos, en especial en nuestro país, se dan porque a nivel nacional la gran mayoría de las policías no están capacitadas en técnicas de detención y aseguramiento de presuntos infractores y porque en algunos niveles no existe un protocolo de actuación policial homologado que deban seguir y cumplir los integrantes de los cuerpos policiacos”, expresó.
El legislador expresó que si bien el Consejo Nacional de Seguridad Pública actualizó en 2017 el Protocolo de Primer Respondiente con normas administrativas procedimentales para la debida actuación de fuerzas policiales, “dicho instrumento sólo hace referencia a la puesta a disposición de manera breve de infractores”.
En ese sentido, precisó que la iniciativa en comento propone adicionar la fracción IX Bis al artículo 20 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sea facultado para realizar la emisión del Protocolo Nacional Policial en Materia de Detención y Aseguramiento de Infractores y Presuntos Responsables.
Puntualizó que el objetivo de este instrumento es fijar los criterios, procedimientos, mecanismos, estrategias y buenas prácticas que deben seguir y realizar en forma estandarizada los servidores públicos encargados de la función de policía preventiva o investigadora, durante cualquier detención y aseguramiento de infractores de faltas administrativas y presuntos responsables de delitos.
En ese orden de ideas, propuso reformar la fracción IX del artículo 40 del mismo marco legal, para capacitar y certificar permanentemente a todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública en la aplicación de este Protocolo.
“Ello evitará que se realicen o se sigan realizando prácticas indebidas del uso de la fuerza y la violación de los derechos humanos de los mexicanos y personas que se encuentren en el territorio nacional”, sostuvo.
