Recuperada la Autoridad Marítima Nacional, inicia extirpar la corrupción anquilosada

Por Raúl Hernández Rivera

Con más de 70 denuncias de trabajadores de Oceanografía en la Fiscalía Especializada detenidas desde hace meses; simplemente, no pasa nada, no camina, no se mueve nada. Recientemente estuvimos en la Fiscalía, ¡es un mugrero!  …con el juez, con los fiscales, ¡todo es un mugrero! Para un tema tan absurdo… se lo decía al juez y al fiscal, todo es una burla, un asunto que se genera en la Ciudad de México, se manda después de muchos años de no hacer nada, a Campeche. Campeche lo regresa porque se declara incompetente… y ahora, bueno pues, la Ciudad de México, la Procuraduría, la Fiscalía General regresa el expediente, porque dicen: “no existe lo que están diciendo ustedes, no les afecta el lavado de dinero a ustedes, porque hay una circular de 2014 que me prohíbe a mi como investigador del ministerio público, del delito de lavado de dinero”. ¡Entonces!, ¿a dónde voy? ¿a la iglesia?, ¿con un merolico?, Oceanografía, Mexicana, Aeroméxico, Compañía de Luz, fideicomisos… ¡todo es una locura!. Se queja el ingeniero Juan Carlos Velázquez.

De acuerdo a lo aprobado por los legisladores, se le refiere al ingeniero Velázquez, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LODPF), Ley de Navegación y Comercio Marítimo (LNCM) y la Ley de Puertos (LdeP), la Secretaría de Marina, como Autoridad Marítima Nacional, le corresponde “coordinar en los puertos marítimos y fluviales las actividades y servicios marítimos y portuarios, los medios de transporte que operen en ellos y los servicios principales, auxiliares y conexos de las vías generales de comunicación para su eficiente operación y funcionamiento. Así quedó asentado en las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Por lo que se refiere a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, se agrega, las reformas en este ordenamiento se realizan para que sean acordes con las reformas a la LODPF, se modifican referencias conceptuales a fin de concebir a la Secretaría de Marina como la dependencia encargada de la Marina Mercante, otorgando así certeza y seguridad jurídica sobre cada uno de los supuestos contemplados en los artículos reformados, se señala en el texto aprobado por el legislativo.

Lo más importante, se le insiste, es que se propone a la Secretaría de Marina, sea la autoridad en materia de protección marítima y portuaria y que funja como autoridad designada para efectos del Código Internacional para la protección de los buques e instalaciones portuarias, así como para otorgar certificados de competencia en materia de protección marítima y portuaria, vigilar el cumplimiento y revocarlos o suspenderlos, en su caso.

Nuevamente México cuenta con una Autoridad Marítima Nacional para vigilar su soberanía, algo que el esquema anterior había minimizado, pues el Capitán de Puerto fue reducido a un empleado más del director de cada Administración Portuaria Integral, le dijimos tratamos de animarlo.

El empresario Velázquez agrega, ¿Es verdad, o es una broma, un chiste todo eso que me dice? Y luego, suelta una cascada de datos, documentos, cifras y más datos… y menciona personajes.

Arely Gómez fue Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), desde el 26 de febrero al 2 de marzo del 2015, sustituyó a Mariana Benitez Tiburcio. Fue subprocuradora General de la República desde el 3 de marzo del 2015, al 26 de octubre del 2016. Sustituyó a Jesús Murillo Karam. Secretaria de la Secretaría de la Función Pública del 27 de octubre del 2016, al 30 de noviembre del 2018. En marzo del 2012, la PGR detectó la ordeña de ductos de PEMEX, que a su vez se depositaba en los contenedores de la empresa GGM en Querétaro. Se abrió una averiguación previa AP/PGRJQR0/QR0-IV1090/2012 contra los accionistas del grupo, Rodríguez Borgio y Marín Díaz Álvarez, éste último pariente de Areli Gómez.

A pesar de documentos, oficios, datos y denuncias para comprobar el lavado de dinero, las autoridades dicen que no existe el delito.

El ingeniero Velázquez, presidente de la empresa Exincomer, narra otra ¿broma?, ¿chiste?, ¿locura?:

El 18 de abril del 2016, el juez tercero del Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, dictó sentencia del juicio de acción separatoria de bienes promovida por Exincomer, donde se resolvió: Primero. Es procedente la vía de conformidad. Segundo. Es fundado el incidente de acción separatoria de Tercero. Se decreta separar los bienes inmuebles materia de la acción separatoria de la masa patrimonial de la concursada, y se ordena a Oceanografía, en conjunto con su administrador, el Servicio de Administración y Enajenación de bienes (SAE), para que se haga entrega material. Cuarto. Se declara que la presente resolución es en perjuicio de la Administración Portuaria Integral de Campeche.

Pero, el 28 de abril de ese año, SAE inrterpone recurso de revocación contra la interlocutoría de 18 de abril de ese mismo año. El 3 de junio de ese año, el Juez Tercero en Materia Civil, declara procedente el recurso de revocación de APICAM.

Para no hacer el cuento largo, nos dice el ingeniero Velázquez, el SAE les promete a los trabajadores de Oceanografía su liquidación conforme a derecho, les hace firmar un documento con fecha, folio, nombre, ficha, correo electrónico, número telefónico y demás datos, para, según esto, les pague su liquidación. Varios trabajadores firman, pero no todos, por desconfianza.

En concreto, a la fecha, a los trabajadores de Oceanografía, no les han pagado ni un quinto. ¿Es broma?, ¿Es chiste?, vuelve a preguntar el ingeniero Velázquez.

El 16 de octubre, el titular de la APICAM, Carlos Ortíz Piñera, declara al periódico local Tribuna de Campeche, que “los puertos seguirán bajo el control de la APICAM, ya que la iniciativa de la reforma a la Ley de Puertos que se analiza en el Congreso de la Unión, se refiere a las administraciones portuarias integrales federales, el gobierno del estado de Campeche tiene una concesión por 50 años y le quedan 26, además señaló que “sólo los involucra en un tema de coordinación de seguridad y vigilancia al igual del cumplimiento de las normas de medio ambiente”

Esta no es la primera vez que la APICAM se niega a obedecer al gobierno federal ya que en el mes de julio de este mismo año el gerente general de la Administración Portuaria Integral en Ciudad del Carmen, Gonzalo Hernández Pérez, negó que las estaciones de gasolina y diésel dentro del puerto Isla del Carmen fueran clausuradas por la Fiscalía General de la República (FGR), ya que dentro del puerto del APICAM existen dos estaciones de gasolina de dos empresas distintas, pero en ninguna de ellas se han realizado investigaciones o se han solicitado requerimientos, mencionó Hernández.

Pregunta el Tribuna de Campeche: ¿Porque la Administración Portuaria de Campeche se niega a entregar la administración de los puertos a la SEMAR?, la razón es porque siempre ha sido la caja del gobierno estatal para las campañas políticas, por ello el afán de seguir administrando todos los puertos, además de continuar utilizando los recursos federales.

La Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V. (APICAM) tiene a su cargo los puertos de Isla del Carmen y Polígono de la Puntilla, de Emiliano Zapata, Nuevo Campechito, Isla Aguada, Sabancuy, Área Portuaria de Atasta, Seybaplaya, Champotón, Recinto portuario de Lerma e Isla Arenas. En el sistema Costa Fuera, están San Francisco y 7 de Agosto, Ta’kuntah y Yúum K’aak Náab. Todas estas como puertos, terminales y áreas portuarias habilitadas y refugios pesqueros.

Cayo arcas, isla del Carmen, Seybaplaya y Lerma, los puertos principales del estado, concentran operaciones de gran importancia para las actividades petroleras de exploración y extracción, almacenamiento y exportación de petróleo crudo, así como para el manejo de carga comercial.

Para el Programa Institucional de Desarrollo Portuario (PIDP) 2015-2021 que tenía como propósito establecer los objetivos, estrategias y líneas de acción para el desarrollo del sistema portuario de Campeche; la conclusión de las obras de ampliación de los puertos de ciudad del Carmen y Seybaplaya; según la asignación de espacios eran para la construcción de terminales e instalaciones a inversionistas; para la promoción de actividades logísticas e industriales ante el panorama que presentaba la reforma energética;

Según los argumentos del director de APICAM en ese entonces, Alejandro Manzanilla Casanova, la reforma energética ampliaba considerablemente las perspectivas de un mayor crecimiento de la industria petrolera en el Golfo de México, tanto por lo que toca a las actividades de exploración y extracción de crudo, en tal sentido, para las próximas décadas, existe la expectativa de un notable incremento en las actividades costa afuera que se realizan en la zona noroeste en el Golfo de México, con lo cual la importancia de los puertos de Campeche, en particular de los de Isla del Carmen y Seybaplaya se incrementará sustancialmente. Pemex según contemplaba incrementar sus actividades de exploración, perforación y extracción de crudo y gas en la zona, con lo cual las actividades de abastecimiento y transporte de personas a esta zona productiva, anticipando mayor participación privada en estas actividades.

Con fecha 28 de noviembre del 2013, se celebró el contrato de obra pública “construcción de tablestacas para muelle en Isla del Carmen, Campeche”, donde se adjudicó a la empresa Kouro Desarrollos, S.A. de C.V.”, por un importe de $28´234,423.28 (veintiocho millones doscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos veintitrés pesos 28/100 m.n.) sin IVA, de quien Jesús Murillo Ortega, hijo del ex procurador, aparece como socio fundador y director general, mientras que los accionistas mayoritarios son su hermana, Sandra Georgette Murillo Ortega y su esposo, Gerardo Saade Kuri.

En la siguiente fase con fecha 30 de junio del 2014 se celebró el contrato de obra pública de los trabajos de “construcción de rompeolas norte en Isla del Carmen, Campeche”, donde se adjudicó a la proposición conjunta integrada por las empresas constructora Manzanillo, S.A. de C.V. y Alvarga Construcciones, S.A. de C.V., por un importe de $354´911,277.63 (trescientos cincuenta y cuatro millones novecientos once mil doscientos setenta y siete pesos 63/100 m.n.) sin IVA, de quien el apoderado legal y administrador único de Alvarga, es Miguel Ángel Tello Ludlow, socio de Jesús Murillo Ortega en la cadena de restaurantes Café Madero, al igual Kouro -empresa encabezada por Murillo Ortega- ha compartido con Alvarga domicilios, teléfonos, socios, empleados y hasta ejecutan obras juntas, el anterior domicilio fiscal de Kouro era una casa en Pachuca (Veta Arras 111) que estaba a nombre de Tello Ludlow y que durante un tiempo fue la dirección de Alvarga.

El 10 de junio del 2015, se celebró el contrato de obra pública de los trabajos referente a la “construcción de muelle segunda etapa, en Isla del Carmen, Campeche”, donde se adjudicó a la empresa “Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V. (TRACOTAMSA)”, por un importe de $136´941,529.64 (ciento treinta y seis millones novecientos cuarenta y un mil quinientos veintinueve pesos 64/100 m.n.) sin IVA. TRACOTAMSA es propiedad de Rolando Cantú Barragán, un contratista que hasta hace pocos años no era conocido pero su parentesco con su primo Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de grupo Higa (quien construyó y financió la casa blanca), esta empresa no contaba con la experiencia en construcciones de muelles, ya que su giro era la construcción de viviendas en Reynosa.

El 17 de julio del 2015, se celebró el contrato de obra pública de los trabajos referente a la “construcción del rompeolas sur en Isla del Carmen, Campeche”, donde se adjudicó a las empresas Mota Engil México, S.A. de C.V. y Mota Engil Engenharia Construcao, S.A.”, por un importe de $267´537,070.23 (doscientos sesenta y siete millones quinientos treinta y siete mil setenta pesos 23/100 m.n.) sin IVA, esta empresa portuguesa fue favorecida en el gobierno de Peña Nieto, es la principal accionista de la Sociedad Generadora Fénix, a iniciativa privada que se beneficia del uso de los inmuebles de la extinta Luz y Fuerza del Centro, de igual manera a esta empresa la Auditoría Superior de la Federación documentó irregularidades en cuatro contratos que el gobierno de Peña Nieto celebró con la portuguesa, se dice que es la Odebrecht portuguesa.

El 23 de mayo del 2018, se celebró el contrato de obra pública de los trabajos referente a la “construcción de Morro del Rompeolas Norte en Isla del Carmen, Campeche”, se adjudicó a la empresa Gami Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V.”, por un importe de $92´491,919.53 (noventa y dos millones cuatrocientos noventa y un mil novecientos diecinueve pesos 53/100 m.n.) sin IVA, empresa favorecida en el gobierno de Peña Nieto, esta obtuvo grandes contratos en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto y está vinculada con el fondo de inversiones Blackrock, la empresa Gami tuvo el encargo de construir la nueva sede del senado. fue señalada por la Auditoría Superior de la Federación por retrasos, obras inconclusas y sobrecostos. por estas irregularidades recibió una sanción de 14 millones de pesos. en un inicio fue estimada en mil 700 millones de pesos y su costo final fue de 2 mil 300 millones de pesos, también participó en el ahora cancelado nuevo aeropuerto de Texcoco, la auditoría también señaló irregularidades en esa obra.

Porque todas estas irregularidades mencionadas y que permite la Administración Portuaria Integral de Campeche para beneficiar a empresas ligadas a corrupción, es que se niega a entregar la administración de los puertos a la SEMAR.

Y en cuanto a lo que menciona el titular de la APICAM, Carlos Ortiz Piñera, en la entrevista con el periódico Tribuna donde deja claro que a ellos “solo los involucra en un tema de coordinación de seguridad y vigilancia al igual de cumplimiento de las normas del medio ambiente”, esta afirmación deja mucho que desear ya que dentro del puerto de Ciudad del Carmen: existen embarcaciones atracadas con derrame de combustible, aceites y aguas negras directamente al mar en el Patio 5, de la APICAM.

Se encuentran atracadas las embarcaciones “Fernanda”, “Caballo Luisitano”, “Caballo Azul” y la “Perla”, en el patio 11. También se encuentran atracadas “Caballo Andaluz” y “Melisa Candies”, en el patio 13 de la APICAM. También las embarcaciones “Juanita Candies”, “Ashley Candies”, “Caballo de Troya”, “Caballo de Mar”, “Doris1”, “Verónica y Rita Candies”; en el patio 14 se encuentran las embarcaciones “Olimpico”, “Caballo Appalossa”, “Caballo Rojo”, “Caballo Blanco”, “Carolina”, “Express 22”, “Express 50”, “Express 33”, “Express 17”, “Aos 5”, “Kelsey”, “Ana Paula” y “Victoria”. En la bahía se encuentra la barcaza “Dlb-801”. Todas estas embarcaciones son propiedad de Oceanografía S.A. de C.V. y están en constante deterioro, algunas cuentan con un mal amarre llevan más de 4 años atracadas e impidiendo las operaciones de empresas propietarias de instalaciones y concesiones como es el caso de la empresa Exincomer, con ello se provoca un foco grave de contaminante para el ecosistema en general y del puerto de Isla del Carmen. Todo ello es responsabilidad de APICAM y que la Capitanía Regional de Puerto de Isla del Carmen, dependiente ahora de la SEMAR, debería regular

Todos estos artefactos navales se encuentran fuera de operación, en total estado de deterioro físico, son totalmente chatarras inservibles, a punto de hundirse por la falta de mantenimiento, falta de pago de seguros, falta de combustible, de pago de salarios a la tripulación que por este motivo han quedado abandonadas estas embarcaciones dentro del puerto pesquero, contaminando y dañando el medio ambiente marino al interior de los recintos portuarios y de la bahía.

Cada embarcación debe contar con el Certificado de dotación mínima de seguridad conforme a las atribuciones establecidas en el Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW 1978/1995); Decreto Supremo (M) N° 680 de fecha 1985 y Decreto Supremo N° 153 del 22 de febrero de 1966.

Así mismo, cada embarcación debe contar con al menos ocho tripulantes para vigilar, mismos que deberán reponerse en un roll programado, al menos cada 15 días. Esto significa que los barcos provocan no sólo los daños a la ecología, sino también desplazamiento 28 de plazas de trabajo, multiplicadas por dos turnos.

Estas omisiones de la Autoridad Portuaria han provocado daños ambientales precisamente por el vertimiento de residuos peligrosos al mar como diésel, grasa, lubricantes, aguas aceitosas y aguas negras sin tratar, basura inorgánica, desechos de pintura y metálicos, asbesto, etc., que son irreversibles y se configuran en posibles delitos, derivando en evidentes responsabilidades por contaminación marina conforme lo define la Ley de Navegación y Comercio Marítimos (LNCM) en su artículo 2.

Aunado a esto, continua el ingeniero Velázquez, hay que agregarle el despojo de dos propiedades y concesiones por parte de la Administración Portuaria de Campeche a la empresa Exincomer por más de 20 años.

Deje le cuento: El 21 de enero de 1994, el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgó a Exincomer una concesión por 20 años, para la operación y explotación en la terminal portuaria en el parque industrial pesquero “Laguna Azul”, con derecho a renovación por un periodo adicional de 20 años.

Sin embargo, el 21 de enero de 2004, la SCT ilegalmente revocó la concesión otorgada a Exincomer bajo el argumento principal de que la misma no había sido explotada.

Esa supuesta falta de explotación como se ha expuesto y acreditado a lo largo de 14 años no ha obedecido a culpa o negligencia alguna de Exincomer, sino a circunstancias externas y ajenas a él y propias de la misma autoridad portuaria, explica Velázquez.

Reflejo de tal arbitrariedad, la constituye precisamente la “invitación” que hace la citada dependencia a Exincomer para ceder los derechos amparados por su título de concesión, en favor de la APICAM. Incluso en la concesión otorgada a la APICAM, se prevé la obligación de respetar la concesión de Exincomer, lo que no sólo no aconteció, sino que incluso de manera por demás ilegal y fraudulenta la APICAM solapo y permitió el uso de la concesión de Exincomer por otras empresas, lo que está plena y fehacientemente acreditado con todos y cada uno de los elementos probatorios ofrecidos en su momento en el juicio de nulidad 19955/03-17-07-4 (que forma parte de la instrumental de actuaciones del juicio de nulidad origen del presente amparo porque fue ofrecido como prueba por mi representada), resultando igualmente conveniente precisar que fue hasta el mes de agosto de 2018 que Exincomer pudo recuperar la posesión de los inmuebles de su propiedad y que dan sustento a la concesión que nos ocupa, pues como está acreditado en autos después de que APICAM y la SCT permitieron el uso por parte de Oceanografía, y derivado de las investigaciones iniciadas por la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República), la posesión de tales inmuebles pasó al Servicio de Enajenación de Bienes (hoy Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado), por lo que Exincomer promovió acción reparatoria y ofreció como prueba superviniente al juicio de nulidad 2345/14-17-10-2/2605/16-pl-10-04.

En dicha resolución interlocutoria se resolvió que Exincomer, S.A. de C.V. había demostrado los extremos de la acción separatoria planteada respecto de los bienes inmuebles (i).- lote 1 manzana k de la calle uno sur esquina Avenida Central del Desarrollo Parque Industrial Pesquero Laguna Azul en Ciudad del Carmen, Campeche y (ii).- lote 1-d Manzana M ubicado en el Parque industrial pesquero Laguna Azul en Ciudad del Carmen, Campeche, abunda el ingeniero Velázquez.

En contra de tal determinación, se interpuso demanda de nulidad que dio lugar al juicio contencioso 19955/03-17-07-4, mismo que se radicó ante la Séptima Sala Regional Metropolitana del ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la cual dictó sentencia definitiva, por lo que se arribó entre otras conclusiones a las siguientes:

“( . . . ) Aunado a lo anterior, del análisis integral que se efectúa a las constancias que obran en los autos del expediente en que se actúa se desprende, acontecieron hechos en los que se plasmó la imposibilidad material que impidió al demandante hacer uso de la concesión otorgada resaltando preponderantemente, la Averiguación Previa No. 053/CARM/2011 de 11 de junio de 2001, en donde, el C. JUAN CARLOS VELÁZQUEZ RIVAS, representante de EXINCOMER, S.A. DE C.V. denunció el despojo del que fue objeto por parte de PEDRO RE GANEN y otros, respecto del predio urbano marcado con el lote número uno de la manzana K de la Colonia Playa Norte en el interior del recinto portuario denominado PUERTO PESQUERO INDUSTRIAL LAGUNA AZUL, por tener la posesión y concesión de dicha zona y que fuera otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.”

En cumplimiento a la sentencia dictada por la Séptima Sala Regional Metropolitana, el 20 de mayo de 2013, la SCT, con plenitud de jurisdicción, dictó resolución por medio de la cual confirmó de nueva cuenta la revocación de la concesión otorgada a Exincomer, S.A. de C.V.

En contra de tal determinación, la impetrante interpuso recurso de queja, el cual finalmente se tramitó como nueva demanda en virtud de lo establecido por la propia Séptima Sala Regional Metropolitana, ordenándose su remisión a la Décima Sala Regional Metropolitana.

Previo conflicto competencial, la Décima Sala Regional Metropolitana se avocó al estudio del nuevo asunto, radicándose bajo el número de expediente 2345/14-17-10-11, remitiéndolo por cuestiones de importancia y trascendencia a la sala superior.

Previos los trámites de ley, el pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dictó la sentencia definitiva de 17 de mayo de 2017 en la que se limitó indebidamente a conceder una nulidad para el sólo efecto de que la SCT una vez más y después de 14 años, valorara las pruebas que en su momento no valoró para estar en aptitud de pronunciarse sobre una queja que Exincomer interpuso ante dicha dependencia hace justamente 17 años, que incluso precedió a la resolución por la que se revocó su concesión, a pesar de que la Séptima Sala Regional Metropolitana ya había señalado que se actualizaba en contra de mi mandante una imposibilidad material para ejercer los derechos amparados por su título de concesión.

La sentencia definitiva que en su momento dictó el pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, únicamente resolvió:

“… la autoridad resuelva en definitiva la queja promovida por la actora el 27 de junio de 2001, atendiendo el debido proceso, llevando a cabo todas y cada una de las etapas del procedimiento establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, debiendo emitir la resolución que resuelva en definitiva la queja, debiendo analizar y valorar de forma integral todas y cada una de las situaciones que le impidieron a la actora hacer uso de la concesión, así como todas y cada una de las pruebas que obran en el juicio de nulidad 19955/03-17-07-4, mismas que han quedado descritas  con antelación, lo anterior previo a iniciar y resolver el procedimiento de revocación de concesión…”

De esta forma, si el 13 de diciembre de 2011, la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (antes Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) dictó una sentencia para efectos de que se resuelva correctamente un escrito de queja presentado ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que precedió al inicio de la revocación de la concesión de mi mandante, y 7 años después, el pleno de la Sala Superior dictó una sentencia prácticamente para los mismos efectos. 

En la actualidad la última sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa fue objeto de reclamación a través del juicio de amparo directo 427/2019 radicado ante el H. Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer circuito, pendiente de resolución.

Sin embargo, el problema de Oceanografía va más allá, es un barril sin fondo, es un monstruo de mil cabezas en donde están involucrados muchos funcionarios de administraciones pasadas y actuales. Uno de ellos, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, hoy presidente del Partido Revolucionario Institucional (ese de quién Enrique Peña Nieto dijo: Alito es persistente, es capaz de matar a un burro a pellizcos), ni se inmutaba ante las denuncias de corrupción cuando se las presentaba. Incluso en su cara le dijo: usted es un corrupto y ladrón… y él se reía. Pero eso es otra historia, finaliza el ingeniero Velázquez.

Con información de: Tribuna de Campeche, Novedades Campeche, El Sur, El País, Animal Político, Contralinea, SMplaya