Por Raúl Hernández Rivera
Ciudad de México, a 17 de septiembre del 2020.- El Parlamento Abierto Virtual, dejó claro “la voluntad” expresada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto a la decisión ya tomada por su gobierno: Toda la responsabilidad de la Marina Mercante dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pasará a la Secretaría de Marina, indudablemente.
Tal y como se consigna en la nota adjunta, en el análisis de las reformas a las Leyes Orgánicas de la Administración Pública Federal, de Navegación y Comercio Marítimo y de Puertos, participaron ponentes públicos y privados, así como ex funcionarios de no muy buenas experiencias, como Pedro Pablo Zepeda Bermúdez, consultor independiente en materia portuaria, César Patricio Reyes Roel y el capitán Alfredo Antonio Rodríguez Fritz, quienes manifestaron su rechazo a la iniciativa presentada por MORENA.
En ninguna parte de las ponencias del mencionado Parlamento Abierto, se tocó la gravedad de las disposiciones establecidas por Carlos Salinas de Gortari en las diferentes leyes creadas en su administración para favorecer a los inversionistas extranjeros y beneficiarios del Tratado de Libre Comercio para América Latina (TLCAN).
Con cambios a los artículos de la Constitución, leyes y reglamentos, y la creación de leyes como la de Puertos y la de Inversión Externa, el sector productivo del país radicado en los micro, pequeños y medianos productores, sectores que aglutinan más del 70% de empleos de nuestro país, se vio severamente afectado.
Obviamente, los opositores al cambio de la Marina Mercante, no alcanzan a visualizar los beneficios de las disposiciones del presidente López Obrador, los cuales no sólo buscan erradicar la violencia y corrupción, también beneficiará a los productores mexicanos.
El Dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos, presentadas por el grupo parlamentario de MORENA, será sometido a la consideración de la Asamblea y se dará a conocer el próximo lunes 21 del presente mes y entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales siguientes al de su publicación en el Diario oficial de la Federación.
Ciertamente deberá desarrollar una metodología apegada a los artículos del Reglamente de la Cámara de Diputados, ya que la Comisión de Gobernación y Población se considera competente para emitir el dictamen correspondiente.
Por lo pronto, ya cuenta de las opiniones y propuestas presentadas por las personas dedicadas a la academia, especialistas, servidoras públicas e integrantes de la sociedad civil organizada que acudieron a la reunión que la comisión referida celebró éste 17 de septiembre 2020 a partir de las 11:00 horas.
Hasta el momento de cerrar la edición, en la valoración jurídica de las iniciativas se iniciaba su valoración mediante el análisis del marco convencional, el constitucional y el legal de la materia.
En ese sentido, independientemente de su contenido se analizará, de las tres iniciativas que componen este dictamen, si las propuestas guardan congruencia con el texto constitucional o, en su caso, padecen algún rubro que impida su apertura a estudio. En consecuencia, las propuestas se sujetarán a un análisis objetivo, considerando lo siguiente:
1. Debe analizarse su constitucionalidad. Toda norma que pretenda adquirir fuerza de ley, debe ser sujeta a una cuestión de constitucionalidad. Se requiere una justificación que venza una sistemática presunción de inconstitucionalidad que debe imponer el legislador.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 73 de manera expresa la facultad del Congreso para expedir leyes, en las materias a que se refieren las siguientes fracciones, por lo que, de suyo, las propuestas en estudio son constitucionales.
2. No cualquier diferencia al diseño constitucional implica inconstitucionalidad, pero las modificaciones legales deben pretender un objetivo constitucionalmente trascendente y no una finalidad simplemente admisible.
Esta Comisión dictaminadora, considerará; luego de realizar un profundo estudio del Proyecto de Iniciativa que propone se modifiquen y deroguen diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos presentado por los Diputados del Grupo Parlamentario de MORENA con la aplicación e interpretación de las normas constitucionales y los tratados internacionales con rango constitucional, y en especial con el artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que es procedente y apegado a la constitucionalidad establecida en el Norma Suprema de los Estados Unidos Mexicanos generando un marco constitucional trascedente y benéfico para la Nación. Por lo que propondrá su aprobación, al no crearse controversia con las normas constitucionales.
No obstante lo anterior, pareciere postularse un diferendo entre la Iniciativa en dictamen y el artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; dicha norma expone en su texto: “En tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del gobierno de la Unión o en los campamentos cuarteles o depósitos que fuera de las poblaciones estableciere para la estación de tropas”.
Y a fin de emitir el presente dictamen esta Comisión dictaminadora se avocó al estudio de Jurisprudencia Fuente sobre el contenido, orígenes y finalidad del artículo 129 de la Norma Suprema.
De esta forma, es muy probable que el próximo lunes 21 del presente mes, estén aprobadas las modificaciones propuestas por el grupo Parlamentario de Morena, y los “Abajo Firmantes” deban analizar mejor sus protestas.
Queda pendiente el estudio y análisis de la inversión neutra, para saber hasta dónde se diluyen miles y miles de millones de dólares, de los cuales no se paga al fisco mexicano absolutamente nada.
