Por Raúl Hernández Rivera
Ciudad de México, a 16 de octubre de 2020.- En un ejercicio de democracia participativa, las Comisiones Unidas de Gobernación; Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda, llevaron a cabo un Parlamento Abierto a distancia, con el objetivo de discutir y analizar la minuta enviada por la Cámara de Diputados que amplía las atribuciones de la Marina en los puertos nacionales.
La convocatoria estuvo abierta a politólogos, académicos, servidores públicos y expertos en la materia, así como a la ciudadanía en general para que emitieran su opinión respecto a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; y de la Ley de Puertos.
En su intervención, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, afirmó que el ejercicio de Parlamento Abierto impulsa la apertura de la labor legislativa. Detalló que una cualidad de los Parlamentos modernos es incorporar prácticas novedosas y efectivas para abrir espacios de participación ciudadana y compartir los procesos de decisión.
En el Senado de la República, apuntó, la ciudadanía contará con un espacio de diálogo permanente para que se expresen las diversas opiniones y, con ello, construir proyectos legislativos incluyentes. Por su relevancia y trascendencia nacional, las Comisiones dictaminadoras de la Cámara Alta decidimos realizar este ejercicio para recoger las opiniones de la sociedad, puntualizó.
El senador Eruviel Ávila Villegas, presidente de la Comisión de Marina, aseguró que este Parlamento Abierto surgió como consecuencia de la importancia de escuchar todas las voces implicadas. Subrayó que este ejercicio ayudará a las y los legisladores a contar con las herramientas y los argumentos necesarios para deliberar sobre el dictamen. “Estamos con toda la disposición para escucharles”, aseveró.
La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Ana Lilia Rivera Rivera, recordó que el tema a discusión no es insólito, ya que forma parte de un proceso histórico-normativo en cuanto a la determinación de las competencias de las Secretarías de Marina (SEMAR), y de Comunicaciones y Transportes (SCT). Apuntó que hasta 1976, la SEMAR fue la autoridad responsable de todos los asuntos marítimos del país, hasta que trasladaron parte de sus funciones a la SCT.
Debido a esto, acotó, esta discusión es trascendental, tanto por su relevancia para la administración y la política nacional, como por su relación con el cumplimiento de convenios internacionales, así como por cuestionamientos jurídicos. Cuando terminemos este ejercicio habremos contribuido todos a construir un instrumento jurídico que le dé verdadera certidumbre tanto a las instancias que hoy tienen estas responsabilidades, como a nuestro propio país, manifestó.
En su intervención, Antonio Rodríguez Fritz, secretario de Trabajo y Conflictos de la Orden de Capitanes y Pilotos Navales de la República Mexicana, se pronunció en contra del dictamen al señalar que es una incoherencia querer militarizar la educación pública. “Si ustedes aprueban que la enseñanza sea administrada por militares llegará el día en que otras instituciones públicas puedan ser militarizadas; imagínense crear este antecedente jurídico para que alguien en el futuro decida militarizar a la UNAM”.
A su vez, Javier Oliva Posada, experto en Seguridad y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, destacó que se debe observar el respeto a los derechos laborales de las personas que colaboran en las aéreas de aduanas al ser incorporados en la Ley. “Esto no quiere decir que implique una militarización, lo que si permitirá es tener un mejor control, de lo que entra y sale de México”, apuntó.
El capitán de Marina, Faustino Suárez Rodríguez, aseguró que no es correcto transferir todas las atribuciones de la Marina Mercante, la educación Náutica y la Ley de Puertos a la Secretaría de la Marina. El presidente nos hace responsables de actividades exclusivas de las aduanas por tráfico de armas, drogas y piratería, pero en esta Ley, precisó, no se están tratando asuntos de aduanas.
El investigador Emilio Vizarretea Rosales consideró necesario mejorar de manera sensible las condiciones educativas y laborales de la Marina, apelando al estado de derecho; reevaluando y valorando las atribuciones con la mira hacia el futuro. Dejarlo como está, dijo, es quedarnos anclados en una situación que no se ve mejora y los términos que se nos van a presentar en el futuro serán complejos.
Por su parte, Marcelino Manuel Tuero Zorrilla, presidente del Cuerpo Consultivo Marítimo Mercantil, A.C., aseguró que ellos buscan el interés y el sano desarrollo económico de México, por lo que es importante aclarar que no son funcionarios públicos; nuestras funciones, dijo, son diferentes al personal adscrito a la secretaría de la Marina. Ante esta confusión, se pretende militarizar absolutamente a todo el sector marítimo, dañando el sistema marítimo portuario nacional, puntualizó.
Liliana Díaz Medina, consultora independiente, quien se pronunció a favor de la minuta, destacó: en ningún acuerdo internacional, que incluye la Organización Marítima Internacional (OMI), se limita el carácter de las instituciones en militares o civiles, por el contrario, solo se enmarca que deben cumplir con los lineamientos.
Abundó: El marco jurídico aplicable a la administración marítima portuaria, el cual está integrado tanto a nivel internacional como nacional. A nivel internacional debemos decir que estos están coordinados por el órgano especializado de las Naciones Unidas en la materia que es la OMI. En ninguno de estos tratados internacionales se establece que los estados deban seguir una línea o de una administración específica, si es civil o si es militar, si es mixta, independientemente de eso, a la OMI lo que le interesa es que se cumpla con los compromisos internacionales.
La OMI al igual que la ONU, respeta el carácter de sus estados miembros, enfatizó Díaz Medina, y agregó que la Secretaría de Marina y la Armada de México no son lo mismo, así lo señala la Ley, expresamente en la Constitución, Artículo 90, en donde se especifica cómo se va a organizar la Administración Pública Federal, y ese artículo hace referencia a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en la que se menciona en el Artículo 26, y en el que se enlista a 19 dependencias con las que cuenta actualmente el Ejecutivo Federal. Dentro de ellas, se encuentra la Secretaría de Marina. Así mismo, el artículo 30 tiene sus atribuciones y donde también se señala las atribuciones que tiene la Armada de México que no son lo mismo.
Ahora, por lo que hace al Articulo 129 Constitucional, se ha manejado que existe una inconstitucionalidad de aprobarse la reforma, retoma Liliana Díaz. Este artículo señala “en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar…” Entonces tenemos que determinar cuales son las autoridades militares a las que hace referencia este artículo que la misma Constitución la señala en el Artículo 73, fracción XIV y en el Artículo 89, fracción VI, donde señala las facultades del Congreso para levantar y sostener las instituciones de la Unión y enfatizar a saber: Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Entonces está hablando de tres instituciones.
“En el 89, en el mismo sentido, fuerza Armada permanente, o sea, del ejército Armada y de la Fuerza Aérea. Por lo tanto, la iniciativa en comento, que no contempla la transferencia de funciones a la Armada de México, sino que contempla a la Secretaría de Marina como secretaría de Estado, igual que Función Pública, Gobernación, Relaciones Exteriores, o cualquier otra dependencia, el argumento expuesto por los opositores a la minuta, o sea el Artículo 129, resulta inaplicable.
En tanto, Carlos Salvador Merigo, representante de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola, pidió a las y los senadores incluir un capítulo sobre la actividad pesquera en la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. Expresó su voluntad para acompañar el proceso legislativo de la propuesta, toda vez que representan modificaciones que marcarán el futuro de la actividad a nivel nacional.
La diputada de Morena, Juanita Guerra Mena, afirmó que el objetivo de la reforma es transferir las atribuciones de SCT a la SEMAR con la intención de reforzar las medidas para combatir la seguridad, que se llevan a cabo en el país, bajo un sistema de distribución de competencias que cumpla con las exigencias actuales.
Agregó que la reforma no es inconstitucional como muchas voces expresan, debido a que parte de las atribuciones ya habían sido otorgadas en reformas anteriores. Además, que se cumple con el objetivo de fortalecer a las instituciones tanto en la rama militar como administrativas, incluso, se busca mejorar las certificaciones con las que actualmente se cuenta y coadyuvará en la auditoría que realizará la OMI en 2021 a la marina mexicana.
El Capitán de Altura Luis Jorge Díaz Treviño, en representación del Colegio de Marinos Mercantes del Istmo de Tehuantepec, afirmó que las modificaciones propuestas a las tres leyes que rigen al sector parecen un cambio del Estado de Derecho que pueden afectar a las inversiones privadas. Advirtió que esto va a generar muchas controversias constitucionales y amparos sino participan expertos, accionistas y pescadores, porque el cambio del Estado de Derecho en los puertos puede cancelar inversiones por más de 3.4 mil millones de dólares.
A su vez, Gilberto Di Costanzo Salazar, director de la Industria Pesquera y Acuícola, señaló que sí se debe adecuar legislación vigente para darle el ritmo que requiere al desarrollo de la actividad pesquera. Urgió la necesidad de que la Secretaría de Marina, ayude a combatir y erradicar de manera contundente el llamado “guateo”, que es el robo de los productos pesqueros en cercanías y alrededores de los puertos y que es un problema grave que se vive desde hace muchos años atormentando al sector pesquero.
En tanto, el Capitán de Altura Francisco de Jesús Riveros García, presidente del Colegio de Marinos Mercantes de Ensenada, consideró que esta Minuta de la Cámara de Diputados es una gran manzana de la discordia y pareciera que solo la hicieron un pequeño grupo de mentes brillantes, cuando debe de ser plural. Señaló que la Educación Náutica tiene asignado un presupuesto muy limitado y es prioritario sacarla del atraso que padece en su esquema evolutivo.
Por su parte, el Capitán de Navío en situación de retiro, Emeterio Mayora Elvira, indicó que los puertos deben estar regidos por leyes claras para su operación, por porque en el mar la Armada, marinos mercantes y pescadores contamos y valemos lo mismo. Por eso se necesitan leyes bien establecidas para evitar conflictos. Es momento de hacer algo por el país y nuestras instituciones, pero trabajando juntos: Congreso de la Unión, gobierno federal y Marinos”, subrayó.
Ildefonso Carrillo Mora, director de Marina Mercante, recordó que México ha suscrito diversos ordenamientos jurídicos de la OMI, por lo que los puertos nacionales e internacionales, por el simple hecho de estar sujetos a dicha instrumentación, jamás podrán ser calificados bajo la figura de una estructura militar. Bajo este contexto, apuntó, seguiremos con el trabajo y la estructura que corresponda a cada institución.
Miguel Ángel Osuna Rodríguez, director general del Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional, pidió estar conscientes de que también existe un convenio internacional en materia de educación náutica, el cual establece que dicha formación nunca podrá ser militarizada.
El comandante del Cuartel General del Alto Mando, José Luis Arellano Ruiz, señaló que la marina mercante de nuestro país está disminuida debido a que no existe una flota mercante completamente mexicana. Requerimos dar una certeza jurídica a nuestro actuar dentro de puertos, con estricto apego a derecho, crear una transparencia en procesos y concursos, supervisar el cumplimiento de contratos y vigilancia del medio ambiente, todo esto en beneficio del país, apuntó.
