Ciudad de México, Palacio Legislativo, a 23 de diciembre del 2019. (Notilegis).-La diputada Erika Sánchez Martínez (PRI) señaló que como consecuencia de la austeridad republicana, el gobierno federal quedó a deber presupuesto para el empoderamiento de las mujeres.
En un comunicado explicó que reformas constitucionales como: paridad en cargos populares, contra la violencia política, violencia digital y declaratoria de alertas de género, no cuentan con el respaldo económico suficiente.
“La LXIV Legislatura de la Paridad de Género dio pasos agigantados, una lucha de los últimos 20 años, que apenas en este 2019, encontró la luz”, dijo.
La diputada por Sinaloa consideró que es de lamentar la postura gubernamental al negar recursos a programas que atienden el tema de violencia de género, a través de centros de justicia y ministerios públicos; al de estancias infantiles, proyectos productivos en el campo, como el programa de mujeres rurales.
En contraparte, expuso que al anexo 13, donde está el grueso de los programas sociales como apoyos a adultos mayores y Jóvenes Construyendo el Futuro, se le otorgó un presupuesto holgado, con el argumento de que la mayor parte de los beneficiarios son las mujeres.
“Qué bueno que así sea, pero también que se tome en cuenta que siete de cada 10 mujeres, hemos sido sujetas de violencia y en la vida pública con mayor razón”, enfatizó.
Sánchez Martínez hizo el recuento de los cambios plasmados en la ley; por ejemplo, las reformas constitucionales de paridad en todo, que permiten a las mujeres acceder a los espacios públicos donde se hace política, en cargos de primer nivel en los tres órganos de gobierno y en todos los Poderes.
“Una vez visibilizada la violencia política, hay forma de sancionarla y evitar que ésta quede impune”, añadió.
El tema de violencia digital, indicó es otra manera en que las mujeres son violentadas, a través de la difusión y publicación de imágenes sin su consentimiento, “aunque hoy el delito está tipificado”.
En el caso de los poco más de 2.4 millones de trabajadoras domésticas, se consiguió que mantuvieran sus derechos laborales a salvo para conservar sus prestaciones y no tienen cambios en el régimen fiscal.
Sánchez Martínez destacó que, una vez aprobadas las reformas, se requiere dinero para aplicarlas y que la ley no sea “letra muerta”.
Sin embargo, acotó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 se destinan 60 millones de pesos para atender el tema de violencia de género.
Explicó que el dinero repartido en 32 entidades federativas da poco menos de dos millones de pesos, “recurso insuficiente para capacitar personal, crear ministerios públicos, más centros de justicia”.
“Dos millones de pesos para cada entidad federativa es muy poco. Eso es una muestra de lo mucho que se necesita para fortalecer presupuestalmente a todos los programas que tiene el gobierno federal en apoyo de las mujeres. Necesitamos que termine esa visión y esa manera de ver en este momento los programas para las mujeres”, concluyó.
