Ciudad de México, a 22 de diciembre de 2019.- Con el fin de construir un Estado de bienestar social general y desterrar la corrupción y la desigualdad que lastiman severamente la vida nacional, el Senado de la República desahogó diversos asuntos en materia de justicia para desarrollar a plenitud la cultura de la legalidad y de la confianza.
En el Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, senadoras y senadores presentaron 99 iniciativas y 18 proposiciones con punto de acuerdo en materia de justicia; analizaron 15 minutas enviadas por la Cámara de Diputados; y discutieron y votaron 14 dictámenes.
Entre los asuntos más destacados se encuentra el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, en materia de venta de comprobantes fiscales falsos.
Con este decreto, aumentaron las penas por la expedición, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, por lo que se impondrán sanciones de cinco a ocho años de prisión.
La Cámara Alta también expidió la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, ordenamiento que busca generar un entorno de confianza para el cumplimiento voluntario de obligaciones regulatorias y fiscales. Además, tiene el propósito de convertirse en un mecanismo para erradicar la corrupción y reconocer a quienes invierten en nuestro país, generan empleos, obtienen ganancias dentro del marco de la legalidad y se comprometen con el desarrollo de México.
Asimismo, se modificó y actualizó el Convenio sobre el Traslado de Nacionales Condenados y Cumplimiento de Sentencias Penales, firmado entre México y la República Argentina.
Dicho instrumento tiene por objeto fomentar la cooperación mutua en materia de justicia penal, coadyuvando a la reinserción social y la readaptación de las personas que han sido sentenciadas, proporcionándoles con ello la oportunidad de cumplir su condena en su país de origen.
En cuanto a nombramientos, el pleno designó a 20 magistradas y magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral de 16 estados de la República.
Además, María del Rosario Piedra Ibarra fue designada presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); Loretta Ortiz Ahlf y Eva Verónica De Gyves Zárate consejeras del Consejo de la Judicatura Federal; Margarita Ríos Farjat ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y Mara Gómez Pérez titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Bajo el principio de Parlamento Abierto, se realizaron diversos foros para consultar a expertos, académicos, organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en general sobre diversos temas. Entre los más destacados están los de la elección de las titulares de la CNDH y la CEAV, además de las mesas en las que se trató la regulación del cannabis.
