Ciudad de México, Palacio Legislativo, a 12 de diciembre del 2019. (Notielgis). – La Cámara de Diputados aprobó, con cambios, la minuta del Senado que establece un procedimiento administrativo para garantizar el derecho de audiencia ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en los casos de bloqueo de cuentas bancarias por presunto financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita y actos asociados con estos delitos.
El pasado 6 de noviembre, el Pleno lo aprobó en lo general con 308 votos a favor, 141 en contra y 10 abstenciones; este jueves lo ratificó en lo particular, con 353 votos en pro, 101 en contra y seis abstenciones.
La minuta se devolvió al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.
Durante la discusión en lo particular, el pasado 6 de noviembre, se aceptó la propuesta de modificación de la diputada Lidia García Anaya (Morena), y se rechazaron las reservas presentadas por cuatro legisladores del PRI.
La reserva de García Anaya consistió en eliminar la propuesta que ratificaba la facultad de la SHCP a bloquear cuentas bancarias y le otorgaba la de promover la extinción de dominio sobre los recursos contenidos en éstas, cuando se trate de los ilícitos en cuestión.
Su reserva también planteó establecer que las notificaciones del bloqueo de cuentas deberán ser por escrito.
El pasado 5 de marzo, el Senado de la República aprobó la minuta que surgió de una iniciativa del senador Ricardo Monreal Ávila (Morena), y la turnó a la Cámara de Diputados, donde fue dictaminada por la Comisión de Hacienda y Crédito Público”.
El documento modifica la denominación del Título Quinto de la legislación y adiciona un Capítulo V a este Título, denominado “De la garantía de audiencia de la Ley de Instituciones de Crédito.
La discusión del documento inició el 6 de noviembre pasado con la fundamentación del dictamen, en tribuna, por parte de la diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La legisladora indicó que la minuta “tiene por objeto generar un procedimiento para que la autoridad respete a plenitud los derechos procesales, comenzando por la garantía de audiencia (ante el titular de la UIF) de quienes sean incluidos en la lista de personas bloqueadas, en el ejercicio de las funciones de combate a los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los actos asociados con los delitos señalados”.
“Esta reforma armoniza los criterios judiciales vertidos en materia de bloqueo de operaciones activas y pasivas bancarias con motivo de causas nacionales por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto al congelamiento de cuentas bancarias”, destacó.
La diputada explicó que el procedimiento establece que una vez que los individuos incluidos en la lista de personas bloqueadas sean notificados, pueden presentar en un plazo de 10 días hábiles –que podrá ser ampliado por una sola vez– manifestaciones por escrito o verbal, lo que a su interés convenga, ofrezca pruebas y formule alegatos, por lo que la UIF, en un plazo de 15 días hábiles deberá emitir la resolución administrativa”.
Terrazas Baca apuntó que el dictamen solventa la falta de correspondencia constitucional señalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el congelamiento de cuentas, “ya que prevé un procedimiento que dota de seguridad jurídica a los gobernados que se ven afectados con la medida”.
“Esta comisión dictaminadora coincide que el bloqueo de las operaciones activas, pasivas y de servicios bancarios con motivo de causas nacionales, responde al cumplimiento de los procedimientos de inteligencia financiera llevados a cabo por la SHCP, a través de la UIF, los cuales tienen por objeto prevenir o interrumpir actos ilícitos que ponen en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, la economía nacional o el sistema financiero”, finalizó.
Tras la fundamentación, aquel día, hicieron uso de la tribuna diputados de los ocho grupos parlamentarios para fijar la postura de sus bancadas. Participaron Antonio Ortega Martínez (PRD), Adriana Lozano Rodríguez (PES), Carmen Julia Prudencio González (MC), José Luis Montalvo Luna (PT), Lourdes Erika Sánchez Martínez (PRI), Martha Elisa González Estrada (PAN) y Aleida Alavez Ruiz (Morena)
Las bancadas de Morena, PT y PES anunciaron su voto a favor, mientras que las del PAN, MC y PRD, en contra. En tanto, el PRI señaló que “es fundamental dejar claro que si bien es muy importante el combate a los delitos financieros que son resultado de las actividades ilícitas, también resulta fundamental garantizar el respeto a los derechos de propiedad y al debido proceso”.
Durante la discusión en lo general, diversos legisladores hablaron en pro y en contra del dictamen. A favor lo hicieron Agustín García Rubio (Morena), Carolina García Aguilar (PES), Benjamín Saúl Huerta Corona (Morena), Dolores Padierna Luna (Morena), Nelly Maceda Carrera (PT) y Marco Antonio Medina Pérez (Morena).
En contra se pronunciaron María de los Ángeles Gutiérrez Valdez (PAN), Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI), Juan Carlos Villarreal Salazar (MC), Raymundo García Gutiérrez (PRD) y Dulce María Sauri Riancho (PRI).
