Ciudad de México, domingo 29 de diciembre de 2019.- Para combatir la violencia de género en los centros laborales, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentó una iniciativa que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Al fundamentar la propuesta, la senadora Nancy de la Sierra explicó que se busca establecer la obligación a los centros de trabajo de contar con protocolos y mecanismos de prevención, los cuales deberán ser registrados ante la Secretaría del Trabajo y avalados por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Asimismo, plantea que el Inmujeres emita los lineamientos y criterios mínimos para la erradicación del acoso y hostigamiento sexual, con base en los estándares y mejores prácticas internacionales. “Los protocolos de actuación son necesarios para establecer los instrumentos de prevención del acoso sexual y sus sanciones para prevengan y eliminen estas prácticas”, afirmó la legisladora. En tribuna, relató que el acoso en los centros de trabajo es una modalidad de violencia y de discriminación en contra de las mujeres que vulnera su derecho al trabajo, a la no discriminación, a una vida libre de violencia y al libre desarrollo de la personalidad. “El hostigamiento sexual afecta principalmente al género femenino, aunque no exclusivamente; vulnerando a la persona en su desarrollo personal, físico, social, psicológico y moral; además de que se violentan sus derechos humanos, explicó la senadora petista. Mientras que, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), define el acoso como: “Comportamiento en función del sexo, de carácter desagradable y ofensivo para la persona que lo sufre. Para que se trate de acoso sexual es necesaria la confluencia de ambos aspectos negativos: no deseado y ofensivo”. Por ello, destacó que es necesario que el Estado mexicano intervenga para que se establezca la obligatoriedad de contar con estos protocolos que garanticen y protejan los derechos de las víctimas. La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y posterior dictamen.