Ciudad de México, a 26 de febrero del 2022.- El Instituto Nacional Electoral (INE) violenta los derechos políticos de las y los mexicanos en el extranjero al no cumplir su responsabilidad de promover su participación en el proceso de revocación de mandato y en los procesos electorales en los estados de Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas, denunció el senador Adolfo Gómez Hernández.
Por lo anterior, el legislador oaxaqueño propuso que el Senado de la República exhorte al INE y a los Organismos Públicos Locales (OPLES) a informar sobre las acciones realizadas para promover la participación y garantizar el voto de mexicanas y mexicanos radicados en el exterior en el proceso de revocación de mandato, y en las jornadas electorales locales que tendrán lugar en 2022 en los estados de Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas.
En la proposición con punto de acuerdo presentada se indica que, de acuerdo con nuestro sistema normativo, las y los mexicanos radicados en el extranjero que deseen participar en los procesos de revocación de mandato y/o en las elecciones locales que tendrán lugar en las cuatro entidades federativas señaladas, deberán acceder e inscribirse (por separado a cada proceso) en el Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero Proceso Electoral Local 2021- 2022, el cual ha sido habilitado en la página electrónica del Instituto Nacional Electoral.
Lo anterior debería haberse hecho antes del 25 de febrero de 2022 para el caso del proceso de revocación de mandato que se celebrará el 10 de abril; y antes del 10 de marzo para el caso de los procesos electorales locales, “sin embargo, no hay información de una campaña de información y registro por parte del INE”, añadió.
Gómez Hernández señaló que la baja participación política de mexicanas y mexicanos radicados en el exterior es un fenómeno histórico estrechamente ligado a la dificultad logística y a la incertidumbre generada por el estatus migratorio de la mayoría de las personas que conforman nuestra comunidad en el extranjero.
Oaxaca, por ejemplo, es uno de los estados con mayor expulsión de migrantes (en su mayoría provenientes de pueblos y comunidades indígenas) y la comunidad oaxaqueña en el exterior es una de las más solidaria y organizada en redes y colectivos. La comunidad oaxaqueña migrante es también una de las que más remesas envían a nuestro país. Sin embargo, Oaxaca es al mismo tiempo una de las entidades federativas con menores índices de participación política desde el extranjero.
De cara al próximo proceso de revocación de mandato y a los futuros procesos electorales locales, la promoción de la participación política y la garantía del derecho al voto de las y los mexicanos radicados en el exterior constituyen retos mayúsculos que ameritan toda nuestra atención y la instrumentación de una estrategia integral que nos permita superar los bajos números de participación política registrados hasta ahora.
De manera particular, la comunidad mexicana radicada en los Estados Unidos ha manifestado su deseo de que se avance en los siguientes tres aspectos: 1) Facilitar y agilizar el acceso o la actualización de la credencial de elector; 2) Fortalecer las capacidades de las representaciones consulares y revisar los casos de presunta corrupción por la venta de citas; 3) Estrechar y mantener permanentemente la vinculación con las comunidades mexicanas.
El contacto no debe ser solo coyuntural durante procesos electorales. 4) Simplificar, ampliar el alcance y aumentar los recursos para las campañas de información sobre los procesos de participación política, los plazos y los requisitos necesarios para ejercer el derecho al voto.
Por lo anterior, el senador Adolfo Gómez Hernández también propuso solicitar al INE, a los OPLES y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a fortalecer las acciones realizadas en el ámbito de sus competencias para promover la participación y garantizar el voto de mexicanas y mexicanos radicados en el exterior en el proceso de revocación de mandato, y en las jornadas electorales locales que tendrán lugar en 2022 en los estados de Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas. La proposición fue turnada a la Comisión de Gobernación
