Ciudad de México, a 21 de julio de 2020.- El diputado Francisco Javier Borrego Adame presentó una iniciativa con proyecto de decreto a la Comisión Permanente del Congreso, para reformar el artículo 38 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con el fin de que los usuarios y permisionarios del autotransporte de carga federal sean igualmente responsables que los conductores de las unidades, y sean sancionados y multados por trasladar sobrepesos en las vías terrestres del país.
El legislador de Morena señaló, en su propuesta, que los correctivos sean aplicados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Policía Federal y/o la Guardia Nacional, en el ámbito de sus respectivas competencias, para evitar la inseguridad y los contantes accidentes que esa conducta ocasiona a los usuarios de las carreteras federales.
Señaló que de acuerdo con análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre los países que la conforman, México tiene uno de los récords más bajos en seguridad de carreteras, en términos de fallecimientos y lesiones graves per cápita por vehículo.
Dijo que la falta de aplicación efectiva de la reglamentación en relación con pesos y dimensiones del autotransporte de carga, ocasiona que los sobrepesos perjudiquen no solo la infraestructura vial, sino que pongan en riesgo significativo a los demás usuarios de carreteras federales, lo que genera enorme inseguridad en esas vías.
De manera específica, abundó, la conducta del transportista que decide mover carga a niveles superiores incurre en violaciones de la norma, pero reduce el costo por tonelada-kilometro, lo cual genera mayores ganancias para los patrones, a pesar de ser consciente de las infracciones a que está sujeto.
Consideró que esa práctica tiene cierta “justificación” desde el punto de vista económico, ya que aumenta la productividad del autotransporte federal al reducir el número de viajes requerido para transportar cargas y bajar el costo promedio por tonelada-kilómetro, pues los costos de la operación se distribuyen entre un mayor número de toneladas transportadas.
Aseguró que esa violación también la cometen las grandes empresas en calidad de usuarios, al declarar una carga superior a la permitida, lo cual, si el transportista lo acepta, él será el único responsable, por lo que la corresponsabilidad termina siendo una simulación.
En la ley vigente se considera que la sobrecarga resulta un incentivo económico para el transportista, porque reduce el costo por tonelada-kilometro y le genera mayores ganancias, pero no solo a él, sino también a la empresa contratista, quien también reduce sus gastos de operación, pero al día de hoy, las sanciones y multas solo se aplican a los choferes de las unidades.
Agregó que sucede lo mismo si el permisionario o el usuario aportan datos falsos sobre el peso de la carga, carga útil del vehículo, configuración vehicular, ruta pactada, conectividad autorizada o dimensiones, lo que implica corresponsabilidad, según lo que declare cada uno.
Aunado a ello, dijo, la mayoría de las grandes empresas cuando contratan el carro por entero, “obligan” a los pequeños transportistas a sobrecargar los camiones, pero al aceptarlo, éstos resultan los únicos responsables, y en caso de no aceptar, contratan a otra empresa. No se debe olvidar que el autotransporte de carga en México se caracteriza por ser un ambiente de competencia por haber desaparecido el sistema de trenes de carga, apuntó.
Insistió en que es urgente que la SCT, la Policía Federal y/o Guardia Nacional, lleven a cabo las acciones pertinentes que permitan acreditar la aplicación efectiva de la corresponsabilidad y aporten evidencia de las actividades que realizan para disminuir la violación a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y de la normatividad en materia de pesos y dimensiones.
La propuesta fue turnada de manera directa, para estudio y dictamen, a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados.
