Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2020.- En el foro de análisis sobre los Criterios Generales de Política Económica 2021 y reformas a la Ley Federal de Derechos, empresarios y especialistas del sector de telecomunicaciones manifestaron sus preocupaciones, respecto al posible aumento en el cobro por el uso del espectro radioeléctrico y pidieron revisar esta propuesta, que se incluye en el Paquete Económico del gobierno federal.
Además, en el encuentro, organizado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, la Concanaco planteó la creación, de manera urgente, de una ley general de reactivación económica y pidió no temer miedo al endeudamiento para enfrentar la actual crisis.
El presidente de la Comisión, Alejandro Armenta Mier, dijo que más allá de filiaciones políticas con estos foros “queremos que haya justicia tributaria y distributiva” para que el que gane más pague más y el que gane menos pague menos”. Además de que se alcance una mayor distribución de la riqueza.
Dijo que en el Senado de la República “entendemos a los sectores productivos como ejes centrales del desarrollo”, por lo que sus aportaciones se harán llegar a la Cámara de Diputados.
“Y, sin subjetividades partidarias; recogemos la preocupación, molestia e inconformidad de empresarios que le han cumplido a México y que no han sentido la reciprocidad del SAT para la devolución del IVA”, expresó el senador.
La senadora Minerva Hernández Ramos, del PAN, agradeció la participación de los sectores productivos del país en este ejercicio, donde -aseguró- la joya de la corona en materia de Ley de Ingresos son las telecomunicaciones, porque en medio de esta crisis sanitaria, de educación, de inseguridad y económica, se realizar acciones que no repercutan en un incremento de precios contra la paupérrima y deteriorada economía de los mexicanos; además de que nuestra economía está prendida con alfileres, señaló.
Carlos Ernesto Molina Chávez, titular de la Unidad de Legislación Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, explicó que las modificaciones que se proponen a la Ley Federal de Derechos buscan actualizar las cuotas, hacer un cobro correcto por los servicios públicos y evitar que se desvirtúe el objetivo de cada derecho.
Indicó que en áreas, como la de aguas residuales, minería y telecomunicaciones hay un análisis más complejo, pues se revisa que la prestación de los servicios refleje el costo de lo que le corresponde al Estado y el pago de los particulares por el aprovechamiento de bienes de la nación.
En tanto, Karina Ramírez Arias, titular de la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios de Hacienda, expuso que el objetivo es establecer cuotas justas. Refirió que las propuestas de actualización se realizaron en conjunto con diversas dependencias federales, donde el principal criterio que se tomó es recuperar los costos por los servicios públicos y hacer un uso racional de los recursos.
Carlos Hurtado, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Público, reconoció que el Gobierno Federal presentó para 2021 un proyecto de Presupuesto de Egresos fiscalmente responsable, pero, acotó, las proyecciones en las que está basado el plan para el cierre de 2020 y 2021 “son demasiado optimistas”.
Los especialistas, agregó, estiman una caída del Producto Interno Bruto del 10 por ciento en este año y para el siguiente prevén un crecimiento de menos del tres por ciento, pero el gobierno estimó una contracción del ocho por ciento en 2020 y un crecimiento del 4.6 por ciento para 2021.
Además, dijo, se fija un precio del petróleo de 42 dólares por barril cuando el promedio ha sido de 33 dólares y la plataforma de producción ha registrado un promedio de mil 670 millones de barriles diarios, peor la proyección es de mil 853 millones de barriles diarios. Estas sobreestimaciones, advirtió Carlos Hurtado, “no traerá los recursos suficientes por la recaudación fiscal y en ingresos en general para 2021”.
Pablo Mendoza, presidente de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), sugirió que se revise la propuesta del Ejecutivo para no incrementar el cobro de derechos por el uso del espectro radioeléctrico y en el sector de la minería.
Señaló que en el Paquete Económico se identificó un aumento de hasta 55 por ciento para el uso y aprovechamiento de distintas bandas del espectro radioeléctrico, lo que podría ocasionar una reducción en la recaudación del Estado, atentar contra la neutralidad competitiva, impactar de manera diferenciada la red compartida, contravenir los principios de libre mercado establecidos en el T-MEC y poner en riesgo la rentabilidad del sector.
Destacó que este cobro es más alto en México, que en el resto de América Latina y que algunas economías elevadas. Recordó que los altos costos obligaron a uno de los operadores móviles a devolver sus concesiones el año pasado.
Respecto al aumento en los derechos ordinarios, especial y extraordinarios en la minería, Pablo Mendoza lo consideró inadecuado y recomendó revalora la propuesta, pues podría generar un efecto muy importante en el sector y poner en duda “la progresividad y equidad del régimen”.
Edgar Nolasco Estudillo, vicepresidente de Financiamiento al Desarrollo Económico y Empresarial de Concanaco, propuso crear de manera urgente una ley general de reactivación económica, que incluya el establecimiento de un consejo económico.
Planteó que este consejo funcione de manera temporal y tenga la finalidad “de encausar el rumbo” y ayudar a reconformar una política económica contracíclica. Precisó que dicha ley buscaría que se retome la rectoría del Estado, que tiene que ir más allá de una mano invisible, así como promover la inversiones y competitividad del país.
El empresario pidió no tener miedo al endeudamiento, ya que es recomendación de izquierda y de derecha, teórica y conceptual que se está aplicando en todo el mundo. Agregó que la recuperación económica se debe basar en las inversiones y creación de empleo, a través de una intervención estatal, además de aprovechar la nueva inercia de la economía internacional.
Cuestionó que “una propuesta que anda por ahí” de otorgar un salario mínimo, como transferencia directa a toda la población mexicana. “Me parece que eso tampoco es muy viable”, expresó.
Nolasco Estudillo opinó que se debe adecuar el Plan Nacional de Desarrollo a las nuevas circunstancias y que el Presupuesto Público y federalismo fiscal sea discutido en ambas cámaras.
Gabriel Székely, director general de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, advirtió que en la Ley Federal de Derechos se plantea que “los concesionarios móviles paguen más por el espectro, que subirán los costos del servicio de Internet cuando todavía vivimos los efectos de una crisis sanitaria que ha puesto de manifiesto la desigualdad digital y social”.
Urge reducir los derechos en esta materia no subirlos, como se pretende, por ejemplo para la banda de 850 megahertz que registraría el año que viene un incremento del 52 por ciento, que representaría más de tres mil millones de pesos, en contraste con los dos mil millones de pesos que se pagaron en 2018.
Para reducir la desigualdad digital, propuso, los precios del espectro deben ser determinados por el mercado mediante subastas competitivas y no en escritorios. “Se exige a la industria bajar precios y lo han hecho más del 40 por ciento en los últimos cuatro años, pero el costo del espectro se sube por decreto o además tiene un ajuste inflacionario anual”.
Héctor Juan Villarreal Páez, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), urgió establecer un Consejo Digital en el Poder Legislativo porque -dijo- hay muchas inconsistencias en el análisis económico que no se están revisando y con el fin de que no solo la Secretaría de Hacienda hable de proyecciones económicas. Recomendó tomar más en cuenta los pasivos contingentes, como las pensiones, y para ello -indicó- se tiene que aumentar la base recaudatoria para hacerles frente
