Ciudad de México, a 5 de abril del 2021.- Con el propósito de coadyuvar a la prevención, atención, sanción y erradicación de todo tipo de violencia de género e implementar medidas específicas dirigidas a mujeres con discapacidad, la diputada María Ester Alonzo Morales (PRI) propuso modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a un Vida Libre de Violencia.
Mediante una iniciativa, planteó adicionar la fracción VII al artículo 41, para establecer entre las facultades y obligaciones de la Federación asegurar la difusión y promoción de los derechos de las mujeres con discapacidad en formatos de comunicación accesibles y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad.
Además, agrega un párrafo al artículo 52 a dicho ordenamiento, a fin de estipular que las mujeres con discapacidad serán asistidas gratuitamente en todo tiempo por defensores de oficio que tengan conocimiento en las diversas discapacidades y, en su caso, por intérpretes de la lengua de señas mexicana.
En el documento, enviado a la Comisión de Igualdad de Género, se señala que con estas reformas se asegura que las mujeres con discapacidad víctimas de violencia, tendrán la orientación y defensa adecuada, mediante comunicaciones y lenguaje accesible, considerando los diferentes tipos de discapacidades que puedan padecer, tanto sensoriales, intelectuales, psicosociales y físicas.
Además, garantiza que obtendrán en formatos de fácil comprensión y accesibles, la información necesaria para conocer sus derechos y prevenir, denunciar y conocer las formas de obtener apoyo ante casos de violencia.
Indica que la violencia hacia las mujeres es uno de los problemas más graves y persistentes. De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en el Hogar (Endireh), seis de cada 10 mexicanas de 15 años o más han sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo y entre 10 y 11 mujeres son asesinadas al día.
Añade que las mujeres con discapacidad sufren discriminación múltiple y son más propensas a la violencia doméstica, emocional, sexual, física y económica, entre otras. Las víctimas de algún tipo de violencia que denuncian, enfrentan graves obstáculos de acceso a la justicia.
Señala que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no incluye una referencia específica a mujeres con discapacidad, ni a la difusión y promoción de sus derechos en formatos accesibles; tampoco aborda la atención específica para ofrecerles acceso a la justicia, incluyendo, la comunicación y lenguaje accesible para su atención cuando son víctimas de violencia.
Desataca que las normas internacionales de derechos humanos exigen que las acciones contra la violencia hacia las mujeres deben tener un enfoque multidimensional para asegurar los derechos de las mujeres con discapacidad. México ha firmado y ratificado estos instrumentos, por lo que debe proteger y promover los derechos y la dignidad de estas mujeres a fin de salvaguardar su derecho a una vida libre de violencia.
