Ciudad de México, Palacio Legislativo, a 29 de abril del 2020 (Notilegis).– Diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, encabezados por la Coordinación Temática de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la bancada, inscribieron una iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y abroga la Ley de Aguas Nacionales, a fin de atender la problemática socio-ambiental asociada a este recurso en el país.
La propuesta fue presentada el lunes 27 de abril ante la Mesa Directiva, y al día siguiente fue turnada a Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, y de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen. Así como a las Comisiones de Salud, de Pueblos Indígenas y de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.
Por medio de un comunicado, la diputada Laura Mónica Guerra Navarro comentó que esta propuesta surge luego de la discusión y análisis que se realizó con organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de agua potable y saneamiento, comités y comisiones de cuenca, instituciones académicas y gubernamentales; así como con representantes del sector empresarial.
La legisladora señaló que es necesario contar con una Ley General de Aguas para atender la problemática socio-ambiental asociada con este recurso; asimismo, la sobreexplotación de los acuíferos, la falta de acceso al agua potable, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, y la contaminación de los cuerpos de agua del país.
Subrayó la importancia de generar un proyecto de ley que contribuya al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030, que pretenden lograr que se ejerzan plenamente el derecho humano al agua y la preservación de los recursos hídricos y ecosistemas.
De acuerdo con la iniciativa, la Ley regularía de forma integral el uso del agua. Plantea diferentes instrumentos para el mantenimiento y recuperación del recurso, así como de sus ecosistemas asociados.
Propone aplicar una evaluación de impacto socio-hídrico, establecer áreas de importancia hídrico-ambiental, así como reservas de agua y vedas.
La evaluación de impacto socio-hídrico buscará determinar que las concesiones no realicen una sobreexplotación del agua superficial o subterránea, y que una vez usadas y devueltas a la nación no comprometan la salud humana ni de los ecosistemas, ni tampoco el acceso y distribución equitativa a los pueblos y comunidades indígenas.
Las áreas de importancia hídrico-ambiental permitirán delimitar zonas que son fundamentales para proteger los ecosistemas acuáticos, como los cauces de corrientes de ríos, lagos, lagunas, humedales, marismas inundadas, zonas de ribera y barrancas.
Las reservas de agua contemplarán que el agua destinada para los ecosistemas sea primordial, por lo que se deberá calcular el caudal ecológico de los cuerpos de agua superficiales, además de que las concesiones que afecten las reservas deberán ser revisadas y, en su caso, revocadas.
Las vedas se decretarán cuando los cuerpos de agua superficiales y subterráneos estén en déficit, y podrán ser suprimidas únicamente cuando su balance sea positivo.
También plantea que las aguas deben tratarse y reutilizarse de manera adecuada, con base en los estándares internacionales, siendo descargadas a los bienes nacionales aquellas aguas que no comprometan la salud humana, ni de los ecosistemas.
Por todo lo anterior, la legisladora destacó que esta iniciativa es un paso importante hacia la gestión integral y sustentable del agua.
