Ciudad de México, Palacio Legislativo, a 16 de marzo del 20222 (Notilegis).- La diputada Gabriela Sodi Miranda (PRD) destacó que su bancada logró que se realizaran modificaciones en las leyes generales de Salud y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que las mujeres indígenas y afromexicanas sean visibilizadas en materia de violencia obstétrica.
Expuso que la “pertinencia cultural”, concepto superado, fue sustituido por “perspectiva intercultural” que determina que las necesidades específicas de las mujeres indígenas y afromexicanas, deben ser tomadas en cuenta en el momento de diseñar las políticas públicas.
“Esto significa que México pasa del modelo ´paternalista´ a uno moderno que exige la incorporación de ellas a los debates y la toma de decisiones desde una perspectiva de ´igualdad de derechos y oportunidades” al momento de diseñar las políticas públicas que también les atañen”, señaló en un comunicado.
Sodi Miranda sostuvo que el PRD está a favor de reformas que dignifiquen a las mujeres y, en esta ocasión, se dio el caso cuando la Comisión de Salud presentó, a consideración del Pleno, un dictamen para modificar las leyes generales de Salud y de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de sancionar la “violencia obstétrica” ejercida por profesionales de la salud (predominantemente médicos y personal de enfermería) hacia embarazadas, en labor de parto y el puerperio.
Refirió que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), la violencia obstétrica constituye una violación a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, muy concurrida.
“Entre 2011 y 2016, 33 de cada cien mujeres de 15 a 49 años que dieron a luz, sufrieron algún tipo de maltrato por parte del personal que las atendió. La mayor proporción de casos reportados se encuentran en el Estado y la Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Querétaro”, precisó.
Además del maltrato físico y verbal, añadió la perredista, la práctica injustificada de cesáreas figura como otra de las formas de violencia en la atención obstétrica ya que, en México, de las 3.7 millones de mujeres a las que se les practicó dicho procedimiento quirúrgico, el 10.3 por ciento no fue informada de la razón; mientras que al 9.7 por ciento no les pidieron su autorización para realizarla.
Por ello, reiteró, se cambió el término ´pertinencia cultural por ´Perspectiva intercultural´, con el objeto de garantizar los derechos de las mujeres rurales, particularmente las indígenas y afromexicanas.
Explicó que el término “pertinencia cultural” además de ser generalizado, no especifica la posición de la mujer como unidad, es un concepto ya superado sociológicamente por ser considerado como paternalista y violentador de los derechos humanos de quienes culturalmente tienen usos y costumbres distintos a los de la mayor parte de la población.
“Fue definido como ´la forma correcta´ en la que debemos comportarnos al interactuar con indígenas debido a que sus protocolos de interacción no son los mismos que usa la población mestiza”, comentó.
Sin embargo, explicó la también presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, “no podemos seguir tratando a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos de esta manera, es preciso garantizar el respeto a las garantías individuales de este sector que no habían sido consideradas en la legislación”.
“A partir del reconocimiento de la diversidad, la igualdad de derechos y la equidad, en una interacción positiva y el diálogo intercultural, damos certeza a todas las mexicanas en su diversidad, en la Ley General para una Vida Libre de Violencia”, finalizó.
