Los Ángeles, California/Ciudad de México, a 10 de mayo del 2021.- La AFL-CIO, la central obrera más grande de Estados Unidos, entregó este lunes a Washington una solicitud para que el gobierno estadunidense presente la primera denuncia laboral contra México bajo el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), que entró en vigor en julio de 2020 sustituyendo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), informó el sindicato.
La petición de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), establece que a los trabajadores de la planta de autopartes Tridonex, en la ciudad mexicana de Matamoros en la frontera con Texas, se les negó representación sindical independiente en violación del T-MEC.
“El T-MEC exige que México ponga fin al reino de los sindicatos de protección patronal y a sus tratos corruptos con los empleadores”, señaló el presidente de la AFL-CIO, Richard Louis Trumka, en un comunicado. “Esta negativa violó las nuevas normativas del T-MEC”, agregó.
De acuerdo al relato de la organización, los obreros de Tridonex han sido “acosados y despedidos” durante los últimos dos años por tratar de sindicalizarse con el SNITIS (Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y de Servicios).
La empresa matriz de Tridonex es Cardone Industries, con sede en Filadelfia (EU), controlada por la compañía canadiense Brookfield Asset Management, representa un claro ejemplo de la relación laboral existente entre los tres países implicados en el acuerdo comercial.
La abogada de los trabajadores mexicanos, Susana Prieto, atrajo la atención de los medios de comunicación internacionales sobre este asunto después de que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la encarcelara “con acusaciones inventadas durante un mes en una penitenciaría estatal plagada de COVID-19” y liberada el 1 de julio del 2020, dice el sindicato.
Matamoros, fronterizo con Brownsville, Texas, fue la ciudad donde Prieto lideró una ola de huelgas exitosas a principios de 2019 en 48 maquiladoras exportadoras que ganaron a los trabajadores aumentos salariales de 20% y bonos equivalentes a 1,650 dólares.
Prieto hizo campaña contra las políticas en las maquiladoras de Ciudad Juárez que, según ella, ponen a los trabajadores en riesgo de contraer el coronavirus. Filmó y pareció aconsejar huelgas en algunas plantas de la localidad que se negaron a cerrar y enviar a los trabajadores a sus hogares con salario completo, algo que permite la legislación laboral mexicana.
Para mantener bajos los salarios, las maquiladoras en Matamoros, que a menudo pagan a los trabajadores un par de dólares por hora, habían indexado los aumentos salariales al salario mínimo, pero esa política fracasó cuando López Obrador lo duplicó.
Desde la entrada en vigor del TLCAN en 1994, que contaba con pocas herramientas para hacer cumplir las normas laborales, los salarios en México se estancaron y ahora se ubican como los más bajos entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El TMEC fue diseñado para cambiar eso al dar más poder a los trabajadores para exigir mejores salarios, lo que también está destinado a evitar que los bajos costos laborales reduzcan más puestos de trabajo en Estados Unidos.
La agencia Reuters informó la semana pasada que cientos de trabajadores han buscado desde 2019 ser representados por una nueva organización sindical liderada por la activista y abogada Susana Prieto. Sin embargo, funcionarios laborales estatales nunca han sometido su solicitud a votación.
Prieto dijo que alrededor de 600 de sus adeptos en Tridonex fueron despedidos el año pasado, en lo que algunos trabajadores describieron como represalia por sus esfuerzos para cambiar de sindicato.
La empresa matriz de Tridonex es Cardone Industries, con sede en Filadelfia, controlada por la canadiense Brookfield Asset Management. Cardone no respondió a una solicitud de comentarios.
“Todo está equivocado”, dijo Jesús Mendoza, el líder sindical de SITPME, que representa los trabajadores de Tridonex. “La mayoría de los trabajadores de Tridonex están al 100 por ciento con SITPME”.
Bajo el “Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida” del TMEC, las empresas en México y Estados Unidos pueden enfrentar aranceles y otras sanciones por no garantizar los derechos de los trabajadores, como la libertad de asociación.
La petición de la AFL-CIO marca la primera vez que es puesto en práctica el componente para hacer valer las condiciones laborales dentro del tratado comercial TMEC. Empresas y activistas estarán muy atentos.
“Esto sienta un precedente”, dijo Catherine Feingold, directora del departamento internacional de la AFL-CIO, que presionó por mejores disposiciones sobre los derechos laborales en el TMEC. “Va a ser una prueba para este nuevo sistema”.
La AFL-CIO enviará su petición a la Oficina de Comercio y Asuntos Laborales de Estados Unidos, que tiene 30 días para revisar el reclamo y determinar si debe llevar el caso al gobierno mexicano para una revisión adicional.
Funcionarios laborales mexicanos trabajarían luego con sus contrapartes estadounidenses para acordar los términos para corregir la situación. Todo el proceso, incluida una etapa final para determinar posibles sanciones y multas, debe resolverse en un plazo de cinco meses.
Un funcionario estadounidense dijo que la administración del presidente Joe Biden analizaría los casos que caen bajo las disposiciones laborales del TMEC.
“Revisaremos cuidadosamente las quejas de Respuesta Rápida presentadas por cualquier denegación de derechos”, dijo.
Ni la Secretaría del Trabajo mexicana, ni el gobierno estatal de Tamaulipas, donde se ubica Matamoros, respondieron a solicitudes de comentarios. Una portavoz de la Secretaría de Economía de México dijo que respondería cuando reciban la notificación formal.
“La mayor parte de esto podría solucionarse con bastante rapidez si existe la voluntad política”, dijo Benjamin Davis, director de asuntos internacionales del sindicato United Steelworkers, parte de AFL-CIO.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien promulgó una reforma laboral en 2019, prometió eliminar los contratos de protección de México que, según los críticos, anteponen los intereses de las empresas a los derechos de los trabajadores, lo que también es una prioridad del TMEC.
Sin embargo, la nueva ley se está implementando gradualmente en todo México y los cambios no comenzarán a llegar al estado Tamaulipas, donde se localiza Matamoros, hasta 2022.
La petición también fue respaldada por la Unión Internacional de Empleados de Servicio (SEIU por sus siglas en inglés), que representa a los empleados de Cardone en Estados Unidos, junto con la Public Citizen’s Global Trade Watch, una organización sin fines de lucro estadounidense, y el sindicato de Prieto, llamado SNITIS.
Con información de Yahoo en Español y La Jornada
