Ciudad de México, 9 de julio del 2019.- La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (CANACERO) negó que el sector que encabeza reciba subsidios, como lo determinó de manera preliminar el Departamento de Comercio de Estados Unidos y por lo cual impuso gravámenes a estructuras de acero el pasado lunes, e hizo un llamado al gobierno federal para establecer una estrategia de defensa integral para la industria nacional, luego de que ayer el gobierno de Estados Unidos determinó de manera preliminar la imposición de derechos compensatorios a las importaciones de algunos productos de acero de México.
El organismo explicó que lo denunciado por el gobierno del vecino del norte son programas de desarrollo industrial no específicos a la industria siderúrgica, no son sancionables al amparo de la Organización Mundial de Comercio y muchos países en el mundo los aplican, incluyendo a Estados Unidos, por lo que rechazó que la industria del acero mexicana reciba subsidios.
La imposición de derechos antisubvenciones a productos de acero estructural habilitado significa que las exportaciones de las empresas mexicanas involucradas en el caso estarán sujetas al pago de derechos antisubvenciones a su ingreso al mercado estadunidense, explicó.
La CANACERO afirmó que la industria del acero mexicana no recibe subsidios, por lo que solicitó a la Secretaría de Economía establecer una estrategia de defensa en este caso, “ya que se está argumentando que el gobierno de México otorga subsidios a su industria, lo cual es totalmente incorrecto y sentaría un precedente que puede afectar a buena parte de las exportaciones de toda la industria nacional”.
CANACERO reiteró que está a favor de combatir las prácticas de comercio desleal, pues México al igual que Estados Unidos sufre las consecuencias de aplicación de subsidios directos a la industria siderúrgica por parte de países que, por lo general, operan bajo economías centralmente planificadas y con empresas propiedad del Estado, como es el caso de China, que tienen como resultado la sobrecapacidad de acero a nivel mundial con graves consecuencias sobre países que se rigen por las reglas de mercado y están abiertos a la competencia internacional como es el caso de México.
Aunque mencionó que analizará la resolución preliminar y que las empresas afectadas en conjunto con el gobierno mexicano interpondrán los medios de defensa para revertir el resultado preliminar de la investigación, solicitó a la Secretaría de Economía que establezca una estrategia de defensa, pues se argumentó que México otorga subsidios a su industria, lo cual es totalmente incorrecto y sentaría un precedente que puede afectar a buena parte de las exportaciones de toda la industria nacional.
Detalló que esta medida por parte de EU nada tiene que ver con la medida 232 que en el pasado fue aplicada, de manera injustificada, a 54 familias de productos de acero mexicano y que finalmente fue revocada por el gobierno estadunidense desde el pasado mes de mayo del presente año.
El organismo dirigido por Máximo Vedoya pugnó porque la Secretaría de Economía, a cargo de Graciela Márquez, establezca una estrategia de defensa del acero mexicano, ya que se argumenta que el gobierno de México otorga subsidios a su industria, lo cual es “totalmente incorrecto y sentaría un precedente que puede afectar a buena parte de las exportaciones de toda la industria nacional”.
El 8 de julio, el Departamento de Comercio (DOC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos determinó de manera preliminar la imposición de derechos antisubvenciones (antisubsidios) a productos de acero estructural habilitado, lo cual significa que las exportaciones de las empresas mexicanas involucradas en el caso estarán sujetas al pago de derechos antisubvenciones a su ingreso al mercado estadounidense, hasta un 74%.
El procedimiento anunciado el lunes pasado es contra las importaciones de acero estructural habilitado, por lo que no está relacionado con la medida bajo la Sección 232 que en el pasado fue aplicada, de manera injustificada, a 54 familias de productos de acero mexicano y que finalmente fue revocada por Washington desde mayo pasado.
“Analizaremos a profundidad la resolución preliminar del DOC, que entendemos es parte de un largo proceso y que las empresas afectadas en conjunto con el Gobierno mexicano estarán interponiendo los medios de defensa convenientes o necesarios para revertir el resultado preliminar de esta investigación anunciada recientemente”, informó la Canacero.
Argumentó que este procedimiento es contra las importaciones de una serie de productos específicos (acero estructural habilitado) y nada tiene que ver con la medida 232 que en el pasado fue aplicada, de manera injustificada, a 54 familias de productos de acero mexicano y que finalmente fue revocada por EU desde el pasado mes de mayo del presente año.
