Ciudad de México, 8 de julio del 2019.- Las exportaciones de jitomate o tomate rojo hacia Estados Unidos cayeron casi 30 por ciento desde que el 7 de mayo el gobierno de ese país comenzó a cobrar una cuota compensatoria o arancel del 17.5 por ciento, aseguró Manuel Cázares Castro, vicepresidente del Sistema Nacional Producto Tomate, en entrevista con La Jornada. El gravamen fue impuesto a la par que el gobierno del presidente Donald Trump reactivó una investigación antidumping contra los productores mexicanos que se mantuvo suspendida durante 22 años mediante un acuerdo que fue renovado quinquenalmente hasta este año.
Pequeños y medianos productores y exportadores de jitomate no pudieron absorber el costo del arancel y, en consecuencia, dijo Cázares, se ha generado una sobreoferta en el mercado nacional que ha abaratado los precios, al grado de que en los últimos días la variedad saladette se vende hasta en dos pesos por kilo en la zona norte del país, muy por debajo de los costos de producción que oscilas entre los 5 y 10 pesos por kilo.
Manuel Cázares demandó la intervención del gobierno federal en el caso porque aunque a Secretaría de Economía (SE) ha reiterado que se trata de un acuerdo particular entre productores y exportadores mexicanos con el gobierno estadunidense, “el tema es de interés nacional porque la industria se está tambaleando, con el riesgo de pérdida de empresas y empleos, por eso pedimos la ayuda de nuestro gobierno”.
Hace dos meses, cuando el Departamento de Comercio de Estados Unidos comenzó a cobrar el arancel del 17.5 por ciento al eliminar el llamado Acuerdo de Suspensión, la SE calculó en 350 millones de pesos anuales el costo que asumirían los exportadores mexicanos por los derechos compensatorios.
La producción tomatera en México se ha extendido en prácticamente todos los estados, gracias a la tecnología y los invernaderos, y a la fecha ocupa 53 mil hectáreas. Unas 600 empresas que ocupan 80 mil trabajadores permanentes y otros 380 mil eventuales exportaron el año pasado un millón 700 mil toneladas, casi la mitad respecto a la producción nacional, con un valor de 2 mil 300 millones de dólares. Las cifras duplican en volumen y triplican en valor las exportaciones del tomate mexicano que se realizaron desde 1996, cuando se suspendió la investigación antidumping que hace unos meses fue reactivada por petición de productores de Florida y legisladores estadunidenses.
Manuel Cázares sostuvo que las organizaciones de productores y exportadores de jitomate insisten en llegar a un acuerdo lo antes posible con sus contrapartes y el gobierno de Estados Unidos para evitar que el problema se agrave más, sobre todo cuando a finales de año comience a salir la cosecha de Sinaloa, estado que aporta hasta 42 por ciento de la producción nacional. Incluso sostuvo que por la incertidumbre que prevalece sobre la permanencia o eliminación del arancel, varios productores han optado por reducir la siembra de jitomate o cambiar de cultivo.
Recordó que los exportadores interpusieron una segunda solicitud de amparo ante tribunales de Estados Unidos, luego de que se les rechazó la primera, para pedir que no se les cobre el arancel del 17.5 por ciento mientras dura la investigación antidumping y cuyo veredicto final está previsto a más tardar para el 19 septiembre de 2019. Si se determina que no hubo dumping, entonces los exportadores recuperan todo lo que hayan pagado por las cuotas compensatorias y habrá libre mercado entre ambos países en este producto, pero lo mejor es llegar a un arreglo lo antes posible para que los productores puedan determinar si sembrarán o no tomate.
