¿Militarizar el Comercio Exterior?

0
281

Columna publicada el martes 29 de noviembre del 2016 en https://elbarloventocomercioexterior.blogspot.com/

Barlovento

por Raúl Hernández Rivera

“La guerra es cuestión de posiciones”

Napoleón Bonaparte

Militar y gobernante francés

En nuestro “planeta azul”, el 60 % de la población mundial vive en la franja costera. En México, sólo el 16 %. El mar cubre el 71% de la superficie del globo, el restante 29% es tierra. México tiene diez puertos de altura en el litoral del Océano Pacífico cuya extensión es 50% del total de superficie marina del mundo. En el litoral del Golfo de México, nuestro país cuenta con nueve puertos de altura, para conectarse con el Océano Atlántico que representa el 23% de la superficie marina global. Pese a ello México carece de una política marítima de Estado, no cuenta con una secretaría de estado dentro del Ejecutivo Federal que se encargue de todos los asuntos relacionados al mar y sus riquezas, mientras que contrabandistas y narcotraficantes aprovechan el vacío de autoridad, corrupción y desorden en las vías de comunicación y transporte mexicanos, en tanto que el gobierno de Enrique Peña Nieto sólo da tumbos al proponer parcialmente la transferencia de la Autoridad Portuaria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a la de Marina (SEMAR) “por razones de seguridad nacional”, transferido lector.

Pero… ¿qué pretende el gobierno de Enrique Peña Nieto al regresar la autoridad portuaria a la SEMAR?, ¿qué hay detrás de ello?, ¿quieren rescatar soberanía?. Veamos. Por una parte los medios y los especuladores de la carente política portuaria de nuestro país, calificaron a la iniciativa presidencial presentada el pasado mes de marzo, “como una militarización de los puertos”; hubo quien dijera que los aeropuertos estarían controlados por la Fuerza Aérea Mexicana y las carreteras por el Ejército mexicano. Esto está en duda, pues no se concibe cómo los propietarios de las cesiones parciales de derechos en los puertos mexicanos de altura permitirían marinos de la Armada de México en sus instalaciones, siendo que casi todas las principales empresas terminaleras encargadas de la prestación de servicios de maniobras a la carga y a los buques y dueñas de esas cesiones, son extranjeras, así como líneas de ferrocarril, terminales aéreas y las carreteras de cuota, privatizado lector.

Sin embargo, resalta la tendencia de medios de comunicación que se refieren a iniciativas presentadas en el legislativo, como “¿Golpe militar en puerta?” publicado en El Universal, “Un grave retroceso, otorgar a militares más facultades en seguridad pública” publicado en La Jornada, “Golpe de Estado silencioso” y “El control de los puertos, un “regalo” para la Semar” en el semanario Proceso de ésta semana. Hay que agregar la exaltación mediática por parte del ejecutivo federal a todas las acciones militares de los últimos meses que contrastan con el señalamiento de ONG y organismos nacionales e internacionales que dejan mal paradas a las fuerzas armadas, por ejemplo, con el caso de Ayotzinapa, Tlatlaya, y el de la mujer torturada por militares en Ajuchitlán, Guerrero en febrero del 2015, Tlalixcoyan, entre otros, torturado lector.

Resalta lo acontecido en Tlalixcoyan, Veracruz el 7 de noviembre de 1991, cuando una avioneta con diez agentes de la Policía Judicial Federal aterriza poco después de que lo hiciera una avioneta con droga a la cual perseguían, en el paraje “Llano de la Víbora” a 60 kilómetros del puerto de Veracruz. Los judiciales fueron acribillados por elementos del ejército en el lugar que se supone es un campo de entrenamiento de soldados; siete judiciales murieron. Este hecho es uno más de los enfrentamientos entre la PGR y el Ejército, en otras pistas aéreas clandestinas en la zona de influencia de la terminal portuaria, dentro del marco de la “guerra” contra el narcotráfico, logístico lector.

De acuerdo al Informe Mundial sobre Drogas de la ONU de 2016, el Reino Unido es el mayor consumidor de cocaína del mundo. Escocia se ubica a la cabeza de los países consumidores de cocaína, por delante de España, EU, Australia y Uruguay, mientras que Inglaterra y Gales se ubican en sexto puesto en la lista mundial de consumidores de esta droga de clase A, clasificación que incluye a la cocaína, el diconal (un potente analgésico), la heroína, el LSD, el MDMA (éxtasis) y los hongos alucinógenos. Por su parte, Colombia ocupó el tercer lugar con el 3 % del total mundial en incautaciones de planta de marihuana, después de México (25 %) y Estados Unidos (39 %). Para la distribución de las diferentes drogas, hay una tendencia en crecimiento por parte de los narcotraficantes por utilizar las cadenas logísticas del comercio internacional y Veracruz es el puerto mexicano a donde llegan contenedores con mercancía de importación, varios de estos se regresan vacíos a los puertos de Europa. Esta situación es aprovechada por los traficantes de droga, aprovechado lector.

Pero no nos queda claro el por qué varios sectores y medios de comunicación califican la iniciativa de transferencia de la Autoridad Portuaria de la SCT a la SEMAR como una militarización de las terminales marítimo portuarias del país. Es importante señalar que dicha iniciativa presidencial recientemente aprobada en comisiones del Senado y a la que sólo falta la discusión y aprobación del pleno, es vista por los que de esto saben, como el Capitán Joaquín Dorantes y el Doctor José Eusebio Salgado y Salgado, como incompleta, pues no sólo deben ser las capitanías de puerto sino toda la estructura que tiene SCT en materia de la marina mercante. La Autoridad Portuaria en manos de la SCT ha hecho un muy mal papel. Dorantes dice que: “Hay que ver el organigrama de la SCT, tomar el rubro de la Coordinación General Puertos de Marina Mercante completo y transferirlo a la SEMAR con todo y presupuesto, dentro de una sub secretaría especial. En tanto, Salgado y Salgado, catedrático de la UNAM, uno de los dos especialistas reconocidos por la Organización Marítima Internacional (OMI) de la ONU en Latinoamérica, y autor de veinte libros especializados en marina mercante, afirma categórico: Nunca debió haber salido la Marina Mercante de la SEMAR, ahí se debió quedar, pues al llegar a la SCT, la arruinaron los camioneros; baste señalar que en 1976 la flota mercante nacional contaba con más de tres millones de Toneladas de Registro Bruto (TRB) y hoy no llega al millón, desmantelado lector.

Un capitán de puerto consultado, que lleva más de 40 años como marino mercante y quien solicitó el anonimato, nos dice: “La iniciativa está mal planteada e incompleta, no la han encauzado adecuadamente. Crearon una comisión especial de la Cámara de Diputados que preside un odontólogo michoacano, el priísta Salomón Fernando Rosales. Si bien la marina mercante no debió salir de la SEMAR hace 40 años, regresar sólo las capitanías de puertos a Marina, no resuelve el atraso que en la materia ha padecido nuestro país. Hay que decir que esa medida no es para premiar a la Secretaría de Marina, pues las capitanías de puerto cobran por barco de 30 a 40 mil toneladas, algo así como 7,200 pesos por derechos de puerto, mientras que la Autoridad Portuaria Integral cobra sobre 270 mil pesos por otros servicios y las APIs no pasarán a la SEMAR. El documento que necesita el barco para ingresar al puerto o salir de él lo expide el capitán de puerto. Debe haber algo más en esa iniciativa, pues el tráfico ilegal de cualquier cosa no lo resuelven todas las fuerzas armadas, no lo han resuelto. Eso me lo dijo un general del ejército comandante de zona en Sonora, cuando Carlos Ruano Angulo fue secretario de Marina: “mire capitán, no hay nada ilegal en el mundo que se mueva un metro, que no esté controlado por las fuerzas castrense”, engatusado lector.

La medida que busca aplicar el gobierno mexicano, agrega nuestro informante, “más bien se parece a lo que implementaron en su momento las dictaduras de Chile y Argentina”. Por ello, si vemos la iniciativa presidencial junto con lo que publica el columnista José Cárdenas el 25 de noviembre, entonces las cosas adquieren otro sentido. Cárdenas afirma que () “legisladores discuten una iniciativa elaborada por los diputados priístas César Camacho Quiroz y Martha Sofía Tamayo en la que se propone ‘amarrar la seguridad nacional a la seguridad interior’ y se plantea entregar a la milicia facultades de investigación y persecución de delitos de manera ilimitada… por si se ofrece”. De aprobarse el documento, agrega Cárdenas, “a las operaciones militares de rutina como destacamentos y escoltas de seguridad, bases de operaciones móviles y fijas, intercepciones terrestres, aéreas y marítimas, patrullajes, vigilancia, custodia en instalaciones estratégicas o asistencia a la población en casos de desastre, se sumarían ‘otras que puedan ser necesarias’. En esto último radica lo ambiguo”, resalta el columnista, ambiguo lector.

Y abunda Cárdenas: “Como en el caso de la Ley de Seguridad Nacional, la propuesta prevé que soldados y marinos puedan hacer uso de cualquier método para obtener información mediante escuchas telefónicas, trabajos de geolocalización e intervención de correos electrónicos y más. En los hechos, la información de instituciones gubernamentales y organizaciones civiles autónomas quedaría sometida a los intereses del poder, custodiado por la milicia”. El proyecto legislativo se suma a la propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Interior presentada por el senador panista Roberto Gil, que busca otorgar a los soldados un sólido marco legal para actuar contra amenazas como el narcotráfico y la corrupción, deficiencia en la profesionalización de los cuerpos ‘civiles’ de seguridad pública”, añade, el columnista, incólume lector.

A estas afirmaciones de José Cárdenas, hay que agregar la nota publicada en la Jornada el 26 de noviembre por Roberto Garduño, titulada “Un grave retroceso, otorgar a militares más facultades en seguridad pública“. Especialistas de la UNAM y CIDE y de organizaciones civiles citados por Garduño, señalan que ello “restaría legitimidad a las mismas fuerzas armadas, que podrían continuar socavándose en los próximos años, durante el foro Alternativas para una seguridad no militarizada en México en el que se advirtió que aprobar reformas que aumenten las capacidades de las fuerzas armadas implicaría un riesgo en materia de derechos humanos y quienes calificaron la iniciativa de Camacho Quiroz y de Gil Zuarth como una estrategia que en muchos sentidos parece fracasada”, estratégico lector.

Por su parte, el semanario Proceso publica en la edición 2091 de ésta semana, un reportaje especial “El control de los puertos, un”regalo” para la Semar” en el que los reporteros Patricia Dávila y Jenaro Villamil apuntan que “Después de ocho meses de cabildeo, la Secretaría de Marina tendrá el control de las capitanías portuarias del país. El miércoles 23, el Senado aprobó en comisiones la iniciativa presidencial que traspasa esa potestad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Armada. Los legisladores que se oponen a esa propuesta –que aún no valida el pleno– critican la maniobra y exponen que los marinos no han controlado la llegada y salida de drogas y contrabando; y ahora tendrán que proteger a las naves de las corporaciones trasnacionales que arriben al país”. Los reporteros afirman en su texto que “detrás de esta aparente reorganización administrativa por razones de seguridad, está no solo el componente militar, sino una condición de las empresas trasnacionales que firmaron contratos con Pemex para que las blinden contra los eventuales ataques de los grupos del crimen organizado”. Habría que agregar a la lista de esas empresas, todas las que adquirieron cesiones parciales de derechos en casi todas las terminales marítimas del país, que cuentan con frente de agua para sus maniobras particulares y de servicio público, que fueron favorecidas con la privatización del servicio portuario y cuyos capitales son en su mayoría, extranjeros. Esas empresas son afectadas por el crimen organizado, tal y como lo documentan los reporteros, pero también han sido cómplices de varios delitos, involucrado lector.

En la misma edición del semanario, John M. Ackerman escribe Golpe de Estado silencioso, refiriéndose a que “La intromisión de las fuerzas militares en la vida política y social del país ha llegado a extremos intolerables que ponen en riesgo tanto la institucionalidad democrática como la soberanía nacional. Hoy atestiguamos el equivalente a un golpe de Estado subrepticio y silencioso. Si la sociedad no detiene la militarización rampante, Los Pinos pronto podría ser ocupado por un general”, y agrega: “La aprobación de esta iniciativa implicaría una transformación radical en el papel de los militares en la vida nacional. Normalmente, los soldados solamente pueden participar en asuntos de ‘seguridad nacional’. Y el artículo 129 de la Constitución es absolutamente claro: ‘En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar’. Sin embargo, la propuesta del Diputado César Camacho Quiróz, en cumplimiento de órdenes giradas por Enrique Peña Nieto y el Secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, habilitaría a los militares para involucrarse también directamente en asuntos de ‘seguridad interna’. Y este concepto lo define de la manera más abstracta y general: cualquier asunto que ‘ponga en peligro la estabilidad, seguridad o la paz pública’. Con la nueva ley, los militares ya no se dedicarían exclusivamente a defender el territorio patrio y a suplir a las autoridades civiles en casos de emergencia, sino que se transformarían en responsables permanentes del ‘orden’ interno y, por lo tanto, en una fuerza política pluripotenciaria y autónoma capaz de intervenir por voluntad propia en casi cualquier momento. Es decir, se autorizaría formalmente la persecución castrense de la oposición política y los movimientos sociales en todo el país”. Ackerman no deja lugar a dudas, desengañado lector.

El articulista enfatiza en los poderes que le otorgan al Presidente de la República: “Hace unos meses, el PRIANRD ya reformó tanto al Código de Justicia Militar como al Código Militar de Procedimientos Penales, con el fin de permitir que los ministerios públicos y tribunales militares se entrometan de manera indiscriminada en asuntos civiles, con cateos a domicilios particulares y edificios gubernamentales, así como espionaje directo a comunicaciones personales. Con la Ley de Seguridad Interior se consolidaría y se expandiría esta lógica. La ley permitiría a los militares desplazar totalmente al ministerio público en la investigación de delitos cometidos incluso por civiles. También abriría la puerta para un sistema de espionaje político-militar generalizado, al permitir a los soldados utilizar cualquier medio de recolección de información. Aún más preocupante es que esta nueva ley busca darle la vuelta al procedimiento plasmado en el artículo 29 constitucional para declarar la suspensión de garantías en casos de “perturbación grave de la paz pública”. Aquel procedimiento constitucional obliga al Presidente a recibir la autorización del Congreso de la Unión y requiere que la suspensión sea forzosamente “por un tiempo limitado”. En contraste, la nueva ley permitiría al Presidente de la República realizar de manera unilateral una declaratoria de afectación a la seguridad interna, y para un tiempo indeterminado. Es decir, se eternizaría la presencia castrense en nuestras calles, con todo lo que ello implica respecto de la violación sistemática de los derechos humanos y la libertad de tránsito, de expresión y de reunión”. Con ello la “disolución social”, una de las razones del movimiento estudiantil del 68 y razón por la que muchos estudiantes y civiles murieron el 2 de octubre de ese año, vuelve con otro nombre, traicionado lector.

Es evidente que las tres iniciativas, la presidencial de regresar la autoridad portuaria a la SEMAR, la de Seguridad Nacional de Camacho Quiroz y la propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Interior de Gil Zuarth, tiene evidentemente en su conjunto un tufo castrense. Entonces, las voces de alarma levantadas en contra de la primera iniciativa por representantes de sectores de la marina mercante mexicana mediante un desplegado publicado el 21 de septiembre, tendría que analizarse con detenimiento pues lo que parece ser una mala idea de trasladar solo la Autoridad Portuaria a la SEMAR, resultaría algo más preocupante, pues se asegura que la propuesta del diputado Camacho establece que “las acciones militares extraordinarias serían coordinadas por el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional de la Secretaría de Gobernación”, con todo lo que eso signifique, malpensado lector.

Pero… si parece pato, camina como pato y hace cuac, ¡es pato! ¿Por qué lo digo? Cárdenas remata su texto así: “Las propuestas del PRI y el PAN, respaldadas por el Presidente de la República, responden a una insistente presión de las Fuerzas Armadas, sin embargo, van más allá, al sepultar el deseo político y social de regresar a los soldados a los cuarteles, mientras las autoridades civiles sean incapaces de salvaguardar el Estado de derecho. Insisto, ¿Los priístas pretenden entregar la custodia de la plaza a los militares, con tal de calmar el mal humor social… y evitar perder el poder?”. Y los marinos mercantes por su parte, señalan en su desplegado: “Si lo que la iniciativa busca es ‘garantizar la seguridad nacional’ resulta innecesaria, ya que la ARMADA cuenta con amplias atribuciones para ello, como se prevé, entre múltiples ordenamientos, en la Ley de Puertos (arts. 19 BIS y 19 TER) a través del Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria (CUMAR), ‘grupo de coordinación interinstitucional’ entre la ARMADA y la SCT, ‘para la aplicación de las medidas de Protección Marítima y Portuaria y la atención eficaz de incidentes marítimos y portuarios, que determine la Secretaría de Marina’, en cuyo caso el Capitán de Puerto queda subordinado al mando naval de cada jurisdicción donde se establezca un CUMAR. Adicionalmente, cuenta con las Unidades Navales de Protección Marítima y Portuaria (UNAPROP)”, suspicaz lector.

¿Por qué no pasar todas las instancias encargadas de la marina mercante en México, con todo y su presupuesto a la Secretaría de Marina?, ¿qué ven el gobierno y los legisladores afines en el futuro del país?, ¿darle mayores facultades a las fuerzas armadas tiene algo que ver con el triunfo de Trump?, ¿vincular la seguridad nacional con la interior tiene algo que ver con las elecciones del 2018?, ¿pretenden militarizar el comercio exterior?, ¿ésta última pregunta, es exagerada?; ¿afectará por igual a los micro, pequeños y medianos productores mexicanos que a las trasnacionales instaladas en nuestro país?,  son las incógnitas que están en el aire, incierto lector.

Veamos. El doctor José Eusebio Salgado y Salgado nos dice: “Nunca debió haber salido la Marina Mercante de la Secretaría de Marina, ahí se debió haber quedado. Que un capitán de puerto debe ser un marino mercante de altura, está escrito en las leyes desde José Antonio de Padua, José Severiano, López de Santana y Pérez de Nerón. Después lo ratifican el Gobierno Republicano, cuando se establece con Juan N Álvarez en el Plan de Ayutla en su breve gobierno como presidente de la República”. Hay que anotar que Juan N. Álvarez, que fue el último presidente nacido en el siglo XVIII y quien participó en la defensa del país en 1847, señaló como “un grave error que los legisladores permitiesen el libre asentamiento de los estadunidenses en Texas, pues a la larga se producirían grandes malestares”, lo cual como sabemos, sucedió al perder más de la mitad de nuestro territorio. También el emperador Maximiliano, continúa Salgado, “estipuló que las capitanías de puerto fungieran como autoridad portuaria y estuvieran a cargo de los marinos mercantes. La iniciativa propuesta por el ejecutivo federal es un error muy grande, afirma el especialista. De por sí que los capitanes de altura egresados de las escuelas náuticas no tienen trabajo, hoy tendrán más problemas, subraya el catedrático y agrega: “He recomendado a muchos egresados de las escuelas náuticas mexicanas a las marinas  de Noruega y Chilena para conseguir trabajo, específicamente a la Compañía Sudamericana de Vapores de Chile, porque aquí no encuentran trabajo bien remunerado”, frustrado lector.

Es importante destacar que de acuerdo al Artículo 16 de la Ley de Puertos, “la autoridad en la materia de puertos radica en el Ejecutivo Federal, quién la ejercerá por conducto de la Secretaría, a la que, sin perjuicio de las atribuciones de otras dependencias de la Administración Pública Federal corresponderán: 1. Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del sistema portuario nacional; 2. Promover la participación de los sectores social y privado, así como de los gobiernos estatales y municipales, en la explotación de puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias; 3. Autorizar para navegación de altura terminales de uso particular y marinas, cuando no se encuentren dentro de un puerto; 4. Otorgar las concesiones, permisos y autorizaciones a que se refiere esta ley, así como verificar su cumplimiento y resolver sobre su modificación, renovación o revocación;  5. Determinar las áreas e instalaciones de uso público; 6. Construir, establecer, administrar, operar y explotar obras y bienes en los puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias, así como prestar los servicios portuarios que no hayan sido objeto de concesión o permiso, cuando así lo requiera el interés público; 7. Autorizar las obras marítimas y el dragado con observancia de las normas aplicables en materia ecológica; 8. Establecer, en su caso, las bases de regulación tarifaria; 9. Expedir las normas oficiales mexicanas en materia portuaria, así como verificar y certificar su cumplimiento; 10. Aplicar las sanciones establecidas en esta ley y sus reglamentos; 11. Representar al país ante organismos internacionales e intervenir en las negociaciones de tratados y convenios internacionales en materia de puertos, en coordinación con las dependencias competentes; 12. Integrar las estadísticas portuarias y llevar el catastro de las obras e instalaciones portuarias; 13. Interpretar la presente ley en el ámbito administrativo, y 14. Ejercer las demás atribuciones que expresamente le fijen las leyes y reglamentos. El Artículo 17 de la mencionada ley, señala que En cada puerto habilitado existirá una capitanía de puerto, encargada de ejercer la autoridad marítima, a la que corresponderá: 1. Autorizar los arribos y despachos de las embarcaciones; 2. Vigilar que la navegación, atraque, permanencia de embarcaciones y los servicios de pilotaje y remolque en los puertos, se realicen en condiciones de seguridad; 3. Supervisar que las vías navegables reúnan las condiciones de seguridad, profundidad, señalamiento marítimo y de ayudas a la navegación; 4. Coordinar las labores de auxilio y salvamento en caso de accidentes o incidentes de embarcaciones y en los recintos portuarios; 5. Actuar como auxiliar del ministerio público, y 6. Las demás que las leyes y los reglamentos le confieran. Las capitanías de puerto contarán con los elementos de vigilancia e inspección que se determinen. Finalmente, el Artículo 18 de la misma ley señala: La Armada de México, así como las corporaciones federales, estatales y municipales de policía, auxiliarán en la conservación del orden y seguridad del recinto portuario, a solicitud de la capitanía del mismo, modificado lector.

Para ejercer la Autoridad Portuaria, continua Salgado, “se requiere de mucha disciplina, y los marinos mercantes la tienen. Tal parece que el gobierno quiere establecer una disciplina más férrea en el puerto y eso es bueno. Pero no por eso los puertos mercantes deben ser manejados por marinos de guerra, mercante es comercio y esa figura nada tiene que ver con lo militar. Lamentablemente, la marina mercante en manos de la SCT ha dejado mucho que desear. La autoridad se ha relajado a grado tal que cuando trabajaba como representante de los consignatarios de buques en Veracruz, me sucedió que quise subir a un barco pues el capitán quería hablar con alguien de la empresa, pero me dijeron: Usted no puede subir hasta que no se establezca la libre plática. ¿Quiénes cree usted que ya habían subido antes? ¡las prostitutas!¡Vaya, le dije, ellas son más importantes que nosotros!. Entonces me dijo una autoridad, ¿qué usted no tiene necesidades humanas?”, necesitado lector.

“En otra ocasión, recuerdo muy bien en una práctica que realicé con mis alumnos en Tampico, un barco de guerra mexicano se fue siguiendo una mancha de petróleo que iba dejando un barco, lo alcanzó y lo detuvo, porque iba contaminando nuestros mares. Lo regresó al puerto y el capitán de puerto le dijo al capitán del buque: ‘no sales de aquí hasta que no arregles ese defecto’. Otra ocasión también en Tampico, llegaron unos funcionarios de no sé qué secretaría eran, para robarse los vinos de la bodega, y por otro lado llegaron los vigilantes del Gremio Unido de Alijadores de Tampico (GUAT), de don Gerardo Gómez, para evitar que se las robaran. Ellos tenían fama de ser muy honrados y si no los detenían, culparían a los trabajadores. Yo iba con mis alumnos caminando por el muelle, cuando quedamos en medio de los dos grupos. Mis alumnas muy espantadas me dicen, ¿qué hacemos maestro? les dije, no se muevan, porque si nos movemos, nos disparan. Y ya viéndose descubiertos los ladrones, dejaron lo robado y se salieron. Los Alijadores nos dieron las gracias”, finaliza Salgado. El GUAT era ejemplar como responsable de los servicios a la carga y a los buques; había logrado colocar al puerto de Tampico como uno de los más eficientes y seguros, de acuerdo con la aseguradora Lloyd’s de Londres. Su estructura cooperativa daba muy buenos resultados en rendimientos de toneladas manejadas por hora, con casi cero pérdidas de mercancía por maltrato o robo, alijado lector.

Por su parte, el capitán Joaquín Dorantes afirma que “militarizar” es una palabra dramática y nos dice: “Lo que está oficialmente propuesto por el ejecutivo es por razones de seguridad nacional, temas que yo no debatiría, eso es asunto de ellos. Y si creo que hay algunos descontroles en capitanías, por ejemplo, revisar la propiedad de un barco que está siendo utilizado para mover droga, luego no saben quién es el dueño, las capitanías debieran de saberlo bien. Creo que finalmente se cansaron de eso, por lo que quieren tener a las capitanías bajo su control, no para ‘militarizarlas’; usando esa palabra “dramática” hace pensar en botas y metralletas en las capitanías de puerto. Quieren tener acceso a los archivos, porque me imagino que en las averiguaciones las capitanías se han de resistir en lo posible a suministrar información, y más aquí en donde los marinos mercantes tontamente tenemos un rechazo ya permanente hacia los militares navales, tontamente digo, porque estuvimos con ellos hace 40 años, que fue nuestra mejor época. Lo malo ha venido a estar con la SCT”, dramático lector.

Nosotros tenemos otra propuesta que la llamamos de coyuntura, agrega Dorantes. “Y la coyuntura consiste en que aprovechando que ya hay la propuesta esa metida al Senado, proponemos es que se lleven todo de plano a la SEMAR, a una misma estructura administrativa federal. Porque la parte terrestre de México, es más pequeña que la parte marítima del país. Sin embargo hay alrededor de 20 secretarías de estado para administrar la parte seca y no hay una sola para el mar. La secretaría que existe, Marina, es exclusivamente para la Armada de México, pero todo el sector marítimo comercial civil está, en la SCT, en la SEMARNAT, y la industria naval por ejemplo, tan importante, depende del director general de marina mercante, que si le preguntas qué es un astillero no te va a contestar. Ciertamente si han cometido pecado las capitanías. He externado a la SEMAR que si tienen pruebas que las saquen sobre la mesa, que yo creo que si las hay, pero se portan decentes y que no quieren presionar. Tengo un antecedente del 2010, que estuvo la prensa. Un barco que parece se llamaba “Polar”, le encontraron droga, luego, que el nombre no era Polar y que era o no era del dueño, era un relajo de esos que atañan a la capitanía, porque son las que registran las embarcaciones. Se hizo ese lío y posteriormente cayeron a la capitanía, desalojaron a todos, encarcelaron a un capitán de puerto y lo consignaron. Esto fue en el puerto de Mazatlán”, nos cuenta Dorantes, apañado lector.

“La inspección naval es muy delicada porque si detienes un barco, tu sabes lo que cuesta un barco, te puedes imaginar qué va a pasar, sabes que se te va a echar encima el dueño porque le paraste el barco. Entonces debes tener mucho conocimiento de lo que haces y pruebas de las deficiencias del barco para detenerlo. Simplemente los inspectores ni se atreven y aceptan cualquier cosa para dejarlo ir. Este tipo de corrupciones en la función naval suceden desde siempre. Nosotros calculamos que un inspector naval deberían ganar unos 70 mil pesos mínimo libres al mes, y ¡les pagan 17 mil!. Con el dinero que se mueve en el mundo naviero, fácilmente callan a un inspector: con una botella de coñac y 500 pesos ya se ahorraron 10 mil dólares que vale al día una embarcación detenida en el muelle, corrompido lector.

La pesca es otro ejemplo, agrega Dorantes. “Es un tema muy delicado, funciona muy mal, tiene carencias, inspectores pero casi todos corruptos e insuficientes, no tiene embarcaciones. La pesca necesita mucha vigilancia marítima por aquello de las vedas, necesita más seriedad, no corromperse, como hacen actualmente muchos inspectores. Hay mucho quehacer ahí, y nuestra propuesta la incluye, desde luego. Nosotros creemos que es primordial se formule, extienda y se adopte una política marítima de estado. También la creación de una secretaría del mar, que se ha propuesto desde hace mucho, antes de que la Comisión Nacional Coordinadora de Puertos la pasaran a la SCT. Una política marítima de Estado en donde México declara su interés por sus mares, dará lugar a que se formulen otras políticas públicas, una para la pesca, otra para la cuestión naval, otra para puertos marítimos, lo que sea necesario. Ahora, llega al legislador y tiene que aprobar presupuestos, y yo le doy toda la razón al legislador ¿cómo te voy a aprobar dinero para algo que no existe y no me interesa, que es el mar?”, pescado lector.

Ya las notas periodísticas aquí referidas dan cuenta de más anomalías que afectan las maniobras de carga y descarga en los puertos marítimos de altura en el país y por ende, frenan el comercio exterior de nuestro mexicano. Pero hay que señalar que los más perjudicados son los productores nacionales que al disminuir la eficiencia con la que se manejan sus cargas en las terminales marítimas, se incrementan el costo de almacenaje, maniobras, estiba y desestiba, consolidación y desconsolidación de las mercancías, todo por falta de una política marítima de Estado. Raro es que los grandes usuarios de los puertos, así como los que cuentan con las cesiones parciales de derechos, esto es por ejemplo en el puerto de Veracruz, ICAVE, Cargill de México, Talleres Navales del Golfo, Corporación Integral de Comercio Exterior, Terminal Marítima de Veracruz, SSA de México, Servicios Especiales Portuarios, Corporación Portuaria de Veracruz, Reparación Integral de Contenedores, Vopak de México y nueve empresas más, no han dicho ni pio. Tampoco se han manifestado abiertamente los agentes aduanales y los consignatarios de buques. ¿Qué viene para la ya de por si mermada micro, pequeña y mediana empresa que proporciona más del 75% de empleos del sector productivo del país? El incremento de la apertura comercial y económica con la aprobación del TTP, la desatinada medida en los puertos y el aumento de la capacidad represora de las fuerzas armadas dañará a más empresas que se verán obligadas a despedir obreros, o en el peor de los casos, a cerrar definitivamente. Será mucho más difícil emigrar al vecino país del norte para los que aún tienen dignidad y quieren trabajar honradamente. Y entonces, ni empresarios ni trabajadores podrán protestar, acorralado lector.

Hasta la próxima, con más del Concepto Integral del Comercio Exterior.

elbarlovento@gmail.com

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí