Ciudad de México, Palacio Legislativo, a 24de octubre del 2019.- El diputado Raymundo García Gutiérrez (PRD) aseguró que el gobierno actual ha significado un enorme retroceso en materia de transparencia y legalidad en el ejercicio de la administración pública.
Las irregularidades, opacidad, el conflicto de intereses y el tráfico de influencias han sido el fiel de la balanza en esta autodenominada Cuarta Transformación, señaló en la comparecencia de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, ante el Pleno de la Cámara de Diputados, en el marco de la glosa del Primer Informe de Gobierno.
Indicó que los “súper delegados, figura planteada inicialmente como funcionarios todopoderosos en cuanto al control de los programas sociales, ha sido aprovechada para aspiraciones personales, para establecer el nepotismo como práctica común, para continuar con la vieja tradición neoliberal de realizar negocios al amparo del poder”.
Usó como ejemplos los casos de Carlos Lomelí (Jalisco), José Ramón Gómez (Tamaulipas), Jaime Bonilla (Baja California) José Antonio Aguilar (Chiapas), Juan Carlos Loera (Chihuahua), Gabino Morales (San Luis Potosí) y Amílcar Sandoval (Guerrero).
García Gutiérrez agregó que en “este gobierno, en menos de un año, ha traicionado sus compromisos a la ley en los ciudadanos que votaron por la Cuarta Transformación, por un ejercicio de gobierno transparente, sin influyentismo, sin opacidad alguna”.
Los números dan cuenta de ello. De 122 mil 55 contratos celebrados en el presente ejercicio, 80 por ciento se han asignado por adjudicación directa, 7 por ciento por invitación restringida y solo 13 por ciento por licitación pública, “violando con ello la Constitución, la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obra Pública. Incluso aquellas adjudicaciones que se realizaron por licitación pública estuvieron plagadas de irregularidades”.
Tal es el caso de la millonaria licitación para combatir el sargazo que afecta el turismo en la Riviera Maya, la cual fue asignada a la empresa familiar del coordinador del Tren Maya en Quintana Roo.
Así como la adjudicación directa de tres contratos por un monto de casi 91 millones de pesos para la realización de los estudios de costo-beneficio, asesoría jurídica, desarrollo del plan maestro del Tren Maya; y la adquisición de 600 pipas para enfrentar la crisis de desabasto de combustible, pese a que se trató de una operación con un monto superior a los 81 millones de dólares, se hizo sin licitación.
Además, sin el acompañamiento de observadores ciudadanos, se entregaron sin concurso tres contratos para el estudio del costo-beneficio, la asesoría jurídica y el plan maestro de la refinería en Dos Bocas.
En la distribución de las tarjetas Bienestar ocurrió algo similar, al encargarlas a Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, empresario televisivo, ahora aliado y consejero del presidente que, en una asignación directa, sin licitación, se convirtió en el único banco con esta delicada y jugosa responsabilidad.
Por último, el caso del director de la Comisión Federal de Electricidad, quien está señalado por enriquecimiento ilícito y corrupción, ya que gracias a familiares y prestanombres cuenta con un patrimonio con un valor mayor a los 800 millones de pesos, remató.
