Ciudad de México, a 2 de junio del 2019.- Con el fin de facultar al Congreso de la Unión para que expida una ley general en materia de desplazamiento forzado interno, la diputada Maricruz Roblero Gordillo (PT), secretaria de la Comisión de Asuntos Frontera Sur, propone modificar el artículo 73 de la Constitución.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen, plantea la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias en la materia.
Señala que en la actualidad, la atención en la materia se enuncia en la Ley General de Victimas, pero falta una normatividad integral.
Este tipo de traslado, cita, es un fenómeno asociado a factores como recrudecimiento de la violencia de alto impacto, narcotráfico y crimen organizado que se padece en todo el territorio nacional con implicaciones particulares.
Los estados que han alcanzado escenarios graves son Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Baja California, Nuevo León, Michoacán, Chiapas, Guerrero y Veracruz, debido a que esta problemática no es prioritaria dentro de la agenda política.
El desplazamiento se presenta también en otras entidades del país y su origen se debe a conflictos sociales, territoriales, religiosos, interétnicos, políticos, discriminación e intolerancia, megaproyectos de infraestructura, disputas sobre los recursos naturales, así como desastres ambientales.
Cifras del Informe Tendencias Globales, Desplazamiento Forzado 2017 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), señalan que la población desplazada forzada, en el mundo, alcanzó niveles históricos. En 2017 aumentó en más de 2.9 millones, número estimado en 68.5 millones de personas debido a persecución, conflictos y violencia generalizada.
El Consejo Nacional de Población (Conapo) señala que no existen fuentes cuantitativas ni instrumentos que midan el problema, por lo que no se han implantado registros oficiales que capte a esta población y tampoco se han diseñado encuestas de cobertura nacional y aplicación periódica que indiquen cómo ha evolucionado el fenómeno.
Sin embargo, una aproximación de la magnitud de este fenómeno se presenta en la investigación “La violencia como causa de desplazamiento interno forzado. Aproximaciones a su análisis en México”, publicada por Conapo, estima que en México hay más de 1.1 millones de personas desplazadas de 313 mil hogares, vinculados a la violencia por la acción del crimen organizado o los delitos de alto impacto.
Además, organizaciones de la sociedad civil como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, indican que en diciembre de 2017, al menos 329 mil 917 personas han sido internamente desplazadas por la fuerza.
Es importante, agrega, fundamentar de manera explícita los derechos inherentes de las personas obligadas a dejar su lugar de residencia, porque la problemática está enfocada como una de las situaciones de vulnerabilidad en las que se pueden encontrar las víctimas de violaciones a sus derechos humanos desde la perspectiva de lo penal. Esta situación da lugar a una evasión constante de responsabilidades de las autoridades para atenderlo en todos los niveles de gobierno, teniendo así un estado de incertidumbre jurídica además de la falta al debido proceso de los desplazados.
Por tal motivo, la diputada del PT considera necesario conceptualizar y dimensionar el fenómeno, que se establezca en un marco legal general con directrices de atención y prevención del desplazamiento interno forzado, señalando la temporalidad, dirección y proceso de selección del lugar de destino, distancias recorridas, estrategias utilizadas por las familias, cambios en la salud física y emocional, acceso a recursos monetarios o de otra índole que permiten financiar y adaptarse al sitio de destino, así como el manejo de los bienes inmuebles que dejaron abandonados.
“Actuar a favor de la población internamente desplazada no es sólo un acto humanitario y coherente con derechos humanos, sino representa una estrategia para mantener el tejido social y la seguridad política de un Estado”.
La iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria menciona que la propuesta surgió de los resultados alcanzados en el ejercicio de reflexión denominado: Mesa de análisis de desplazamiento forzado interno en México, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, realizada el 13 de marzo de 2019, en la Cámara de Diputados, junto con la Secretaría General y el Consejo Nacional de Población (Conapo), de la Secretaría de Gobernación.
