Ciudad de México, Palacio Legislativo, a 3 de octubre del 2019. (Notilegis).- El vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña (PT), pidió que el Congreso de Nuevo León se disculpe por declararlo “persona non grata” en esa entidad.
“Pretendo que el Congreso de Nuevo León se retracte y emita una disculpa pública, con eso me doy por bien servido, pero si el congreso del estado litiga, entonces con mis abogados verá de qué tamaño haremos la denuncia por daño moral”, indicó en rueda de prensa.
Fernández Noroña recordó que el pasado 23 de septiembre, el Congreso de Nuevo León calificó que Pedro Salmerón Sanginés y a “un servidor, como ‘personas non gratas’, lo cual no tiene un sustento jurídico y ninguna implicación legal, pero fue un hecho que buscaba infamar a mi persona por tener un juicio histórico y político respecto al trágico hecho en el que perdió la vida Eugenio Garza Sada, el 17 septiembre de 1973”.
El legislador petista comentó que el día de ayer, promovió un amparo ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) para obligar al congreso local, a dar marcha atrás a su nombramiento como “persona non grata” e informó que un juez de distrito de Nuevo León, Edgar Ulises Rentería Cabañez otorgó la suspensión de plano, al igual que al historiador Salmerón Sanginés.
Detalló que en la resolución se concede la suspensión de plano a efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y las autoridades responsables se abstengan de llevar a cabo actos que puedan privar ilegalmente de la libertad a los quejosos, fuera de procedimiento judicial o impedir su libre tránsito dentro del estado de Nuevo León o en uno diverso con motivo del acto reclamado.
Asimismo, para que se le permita ejercer su derecho de libertad de expresión y supervisen que no se atente contra la seguridad física de los directamente agraviados.
Advirtió que, si el congreso de ese estado se espera a que la autoridad judicial federal determine el amparo, “yo decidiré, una vez que los juzgados federales den ese paso, acusar por daños y perjuicios al congreso y exigiré una indemnización económica por el daño moral que han generado a mi persona”.
“Es un amparo que sienta un precedente muy importante para toda la campaña de linchamiento que se estaba realizando en nuestra contra”, dijo.
Consideró que la resolución del amparo pone al congreso local en una condición “en que, o retiran el acuerdo ilegal, arbitrario, infamante en nuestra contra o la autoridad judicial federal los obligará a hacerlo y también puede plantearles que tengan que dar una disculpa pública”.
