Ciudad de México, Palacio Legislativo, a 28 de agosto del 2019. (Notilegis).- La diputada Dolores Padierna Luna (Morena), vicepresidenta de la Mesa Directiva, afirmó que los juicios de amparo “para frenar” el proyecto de construcción del aeropuerto civil-militar Felipe Ángeles (Santa Lucía) son promovidos por un grupo reducido de personas ligadas al poder empresarial, para poner por delante sus intereses económicos sobre los colectivos.
“Por información pública, sabemos que una buena cantidad de esos amparos están siendo promovidos por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y por algunos ciudadanos opuestos a la cancelación definitiva del proyecto de Texcoco”, dijo en un comunicado.
En días recientes, el juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México ordenó suspender indefinidamente la terminal aérea de Santa Lucía, en tanto no concluya uno de los seis juicios de amparo que presentó el colectivo #NoMasDerroches y determinó mantener las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, Estado de México.
“Si esos amparos hubieran sido solicitados por organizaciones ambientalistas, colectivos de vecinos de la zona, pueblos originarios o personas que presumieran algún tipo de afectación a sus derechos, estaríamos hablando de un interés legítimo, cuya motivación fuere precisamente someter a un control judicial las decisiones del Ejecutivo”, enfatizó.
Lo cual, -puntualizó- generaría “un verdadero contrapeso en aras de la defensa y protección de los derechos humanos”.
Padierna Luna insistió en que “el supuesto interés legítimo de los promoventes de los amparos no existe; existe más un interés ilegítimo”.
“El Poder Judicial deberá analizar la pertinencia de lo que motiva a los amparistas y salvaguardar los derechos por encima de los intereses de personajes ligados al PRI y al PAN que hoy, ante la incapacidad de constituirse como oposición seria, han optado por una suerte de sabotaje legal contra un proyecto de gran importancia para el país”, subrayó.
La legisladora federal recordó que el concepto de interés legítimo fue introducido en la reforma de junio de 2011, al artículo 107, fracción I, de la Constitución, el cual establece que “el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de la parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo”.
“Siempre que se alegue que el acto reclamado vulnera los derechos constitucionales y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera personal y directa (interés jurídico) o por su especial preocupación frente al ordenamiento jurídico o frente a los actos de la autoridad (interés legítimo)”, explicó.
Detalló que con ello se reconoció la posibilidad de que personas o entidades colectivas acudan a la protección de la justicia federal, invocando un interés legítimo, superior a un interés individual o particular.
El juicio de amparo ha existido como una herramienta de control del poder público y como un contrapeso frente a las actuaciones de la autoridad.
Padierna Luna reiteró que más allá de la figura del juicio de amparo o de la actuación del Poder Judicial, debe quedar clara, frente a la opinión pública, la verdadera naturaleza de los juicios contra la terminal de Santa Lucía: “ninguna otra que la decisión de un grupo que no busca el bienestar común, sino hacer prevalecer sus intereses”.
