Por Ivette Fernández *
La Habana, (Prensa Latina) El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la economía latinoamericana crecerá este año 1,4 por ciento, seis décimas menos a lo considerado en su anterior pronóstico.
Por su parte el Banco Mundial (BM) calcula que el Producto Interno Bruto de esta zona ni siquiera llegará al uno por ciento, sino se quedará al 0.9, una caída sensible en comparación con sus vaticinios previos que conferían al área 1.6 puntos porcentuales.
Los números no son exactamente similares pero ambos organismos coinciden en señalar a Venezuela como una de las causas fundamentales en los decrecimientos esperados. La primera de estas entidades evoca a la nación bolivariana como un ‘lastre considerable’ y la segunda lamenta ‘el colapso de la economía’ en ese país.
Lo que ninguna de estas entidades revela, sin embargo, es la verdad de lo que pasa en Venezuela; no es lo que en efecto divulgan sino lo que a propósito callan.
De acuerdo con la economista venezolana Judith Valencia, las pérdidas económicas ocasionadas por el bloqueo de Estados Unidos contra el territorio bolivariano desde 2014 ascienden a 114 mil 302 millones de dólares.
Según datos del Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica de esa nación, Venezuela ha perdido más de 350 millones de dólares en producción de bienes y servicios entre 2013 y 2018 por la guerra económica que contra ella mantiene la administración estadounidense.
Solamente la retención de divisas de la nación venezolana, afirmó su canciller Jorge Arreaza, asciende a más de cuatro mil millones dólares en activos del país petrolero inmovilizados en la banca internacional, entre otros daños de la política punitiva norteamericana contra un pueblo que legítimamente eligió a su gobierno.
En agosto de 2017, el presidente Donald Trump emitió un decreto que prohíbe transar nueva deuda emitida por el gobierno de Venezuela y su petrolera estatal, Pdvsa.
La Casa Blanca prohibió a los estadounidenses, el 19 de marzo de 2018, negociar con el petro, criptomoneda que había lanzado el gobierno venezolano en febrero de ese año.
Tras la reelección del presidente Nicolás Maduro en mayo de ese año, un nuevo decreto de Washington vetó todas las transacciones de deuda con entidades oficiales como Pdvsa y el Banco Central.
La orden ejecutiva proscribió la venta de acciones o participaciones en cualquier entidad en la que el gobierno venezolano poseyera 50 por ciento o más, como Citgo, filial de Pdvsa en Estados Unidos.
Washington sancionó el 19 de marzo pasado la minera estatal Minerven y, poco días más tarde al estatal Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) y tres filiales en Venezuela; así como a Prodem, con sede en Bolivia, y a Bandes, en Uruguay.
Las medidas, que congelan todos los bienes y activos que estas instituciones puedan tener en Estados Unidos o en posesión o control de norteamericanos, prohíben toda transacción con individuos o entidades estadounidenses o en tránsito en el país.
El 12 de abril, Trump decretó como ‘propiedad bloqueada’ a 34 embarcaciones de Pdvsa y sancionó a dos compañías navieras por enviar crudo de Venezuela a Cuba.
Y, en menos de una semana, vetó todas las transacciones estadounidenses con el Banco Central de Venezuela, lo que limita considerablemente su acceso a dólares. Antes, desde el 28 de enero, Estados Unidos prohibió las operaciones con petróleo venezolano a través de su sistema financiero.
Es un cerco cruento y sostenido por parte de la nación más poderosa del mundo, lo cual pretende provocar carencias y zozobras en la población.
APLICACIÓN DE MEDIDAS NEOLIBERALES
En Brasil, que se recupera de una dura recesión entre 2015 y 2016, según estimó el Fondo, y donde el 1 de enero asumió la presidencia el ultraderechista Jair Bolsonaro, se prevé un fortalecimiento del crecimiento de 1.1 por ciento en 2018 a 2,1 por ciento en 2019 y 2.5 por ciento en 2020.
Bolsonaro, aún sin terminar de acomodarse en la silla presidencial, anunció la privatización de 12 terminales aeroportuarios de Brasil por un monto de 945 millones de dólares.
Pero su verdadero objetivo es más ambicioso, pues a decir del ministro de Infraestructura, Tarcísio Gomes de Freitas, el actual gobierno analiza ‘privatizar o liquidar’ un centenar de empresas estatales para aliviar la abultada deuda pública.
El BM precisa que Brasil, tras vivir una crisis sin precedentes entre 2015 y 2016, crecerá un 2.2 por ciento en 2019.
Y en vista de un déficit fiscal de 7.2 por ciento del PIB y de una deuda pública de casi 80 por ciento, las reformas fiscales en Brasil son esenciales, de acuerdo con la entidad, la cual agrega que las pensiones son la mayor carga y representan cerca de 12 por ciento del PIB, y por eso recomienda ‘cambiar’ el sistema de pensiones.
Sin embargo, lo que más agrada al Fondo en Latinoamérica es la ‘estabilización financiera y la recuperación’ que espera para Argentina.
Sí, hablamos del mismo país en donde la moneda muere un poco cada día, la inflación campea olímpicamente y en las que se suceden unos sobresaltos en el mercado que matarían al corazón más sano. Y todo esto sin que nadie emprenda contra ellos una persecución como sí lo hacen Estados Unidos y aliados contra Venezuela.
En Argentina, según el FMI, la economía se contraerá en el primer semestre de 2019 pero, ‘a medida que la demanda interna se desacelera con políticas más estrictas para reducir los desequilibrios’, el país volverá a crecer.
Todo, gracias a una recuperación del ingreso real y a un repunte de la producción después de la sequía del pasado año.
Las proyecciones de abril del FMI también son esperanzadoras en relación a la inflación, al pasar del 47.6 por ciento de 2018 al 30.5 por ciento en 2019 y hasta el 21.2 por ciento un año más tarde.
Y es que, por fuerza, tras el crédito de 56 mil millones de dólares (monto récord) que el FMI prestó a esa nación para enfrentar una crisis financiera a cambio de un severo ajuste fiscal, las transformaciones en Argentina ‘deben ser exitosas’.
Estos préstamos, como ya es sabido, suelen tener un costo evidente para el pueblo al que supuestamente deben beneficiar.
En junio del pasado año, el gobierno argentino incluyó en el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y Memorándum de Entendimiento Técnico con el FMI ciertas medidas de seria repercusión social.
Entre ellas, la reducción de los subsidios a la energía y el transporte mediante un aumento de la proporción del coste productivo de estos servicios pagados por los consumidores; reducción de obra pública y reformas en el sistema de pensiones.
También estaban allí otras disposiciones como la racionalización del empleo público para que el gasto en personal se redujera, de un 3.2 por ciento del PIB en 2017, a un 2.7 por ciento; y el mantenimiento del gasto en asistencia social, con un límite del 1,3 por ciento del PIB.
Así son los contrastes que el FMI y el BM dibujan para Latinoamérica.
*Periodista de la Redacción Económica de Prensa Latina.
