Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2019.- La Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, aprobó hacer un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que gestione con el gobierno de Estados Unidos, acciones conjuntas sobre el control de armas que se da entre México y ese país, a fin de evitar el tráfico ilegal que pasa por los distintos puntos fronterizos
Asimismo, las y los senadores, avalaron exhortar a la Cancillería, para que también realice gestiones ante el Congreso estadounidense, con el objeto de que realice las medidas legislativas pertinentes para regular de forma estricta el control, la venta y el tránsito de armas entre México y Estados Unidos, ante los tiroteos en contra de mexicanas y mexicanos que radican en el vecino país del norte.
La presidenta de la Comisión, Bertha Alicia Caraveo Camarena dijo que México vive momentos de profunda emergencia social vinculados al tema del tráfico de armas. Como los sucesos de “alta fuerza bélica” que ocurrieron en Culiacán, donde el narcotráfico y la criminalidad “mostraron su poder de fuego”, pero también lo sucedido en los límites de Sonora y Chihuahua con la familia LeBarón.
Estos hechos, agregó, “se han producido con armamento estadounidense, que puede ser comprado tan sólo a 300 metros de la frontera y que en México son de uso exclusivo del Ejército”.
Dijo que se requiere abordar este tema de manera urgente y responsable. Opinó que es necesaria la cooperación de todos Grupos Parlamentarios del Senado para terminar con uno de los problemas que más “nos aterran y paralizan”.
La senadora de Morena, Nestora Salgado García expresó que el tráfico de armas lleva muchos años causando grandes daños a la sociedad mexicana, las cuales finalmente terminan en manos de la delincuencia organizada. “Debemos tener la convicción y el compromiso para parar la matanza que hay en el país”.
En tanto, la senadora de Movimiento Ciudadano, Indira Kempis Martínez manifestó que el tráfico ilegal de armas debe tratarse como un asunto binacional. Las presiones internacionales, dijo, no deben dirigirse para que se vaya perpetuando una guerra. “Necesitamos abrir el tema, discutirlo y que vaya más allá de un exhorto”, concluyó.
Por su parte, la senadora Morena, Susana Harp Iturribarría destacó que en varias de las comunidades indígenas se vive de una manera muy violenta, ya que están amedrentadas por los grupos delictivos. “Debemos exigir constantemente a Estados Unidos que hagan su parte del trabajo para frenar el tráfico ilegal de armas”.
El senador del PVEM, Rogelio Israel Zamora Guzmán expresó que se deben realizar acciones concretas, porque la delincuencia organizada materializa sus acciones con armas que provienen de Estados Unidos, en actividades que pasan en colonias y calles comunes de México.
Las y los integrantes, también avalaron un dictamen que reforma el artículo 70 y adiciona un artículo 70 Bis, a la Ley de Migración, para que toda persona migrante, sujeta a un procedimiento administrativo migratorio, tenga derecho a ser notificada y contactada con su consulado, a un traductor, y uno o varios representantes legales. Debe estar asistida por las personas que libremente designe.
Cuando el extranjero no haya nombrado un defensor se le hará saber que tiene derecho a ser representado por uno y en caso de no querer, se le designaría uno de oficio a través del Instituto Federal de la Defensoría Pública.
Aunado a ello, la reforma establece que el Instituto Nacional de Migración (INM), deberá colaborar con las organizaciones de la sociedad civil para ofrecer servicios de asesoría y representación legal a personas en situación migratoria irregular y precisar que durante el procedimiento administrativo migratorio, deberán tener un debido proceso.
Posteriormente, la Comisión aprobó un dictamen que reforma el artículo 93, de la Ley de Migración, el cual busca establecer que el INM, solicite información al Ministerio Público sobre denuncias formuladas en contra de extranjeros, por la presunta comisión de delitos, sólo para efectos de control, verificación o revisión migratoria.
También se aprobó un dictamen con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, un informe sobre las condiciones administrativas, número de efectivos y duración de la asignación del personal adscrito a las divisiones de Fuerzas Federales y Gendarmería en apoyo al INM.
Asimismo, se solicita al INM que informe sobre el tipo de convenio y colaboración establecido con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que elementos de la Policía Federal colaboren en las tareas que realizan los agentes Federales de Migración de esa institución.
