Ciudad de México, a 6 de agosto del 2019. Comunicado de prensa, Cámara de Diputados.- Respecto al paquete económico del próximo año, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, señaló que 2020 debe ser el año de la inversión, por lo que es necesario incrementar el gasto público destinado a infraestructura, servicios de salud, agua y comunicaciones.
Además, es indispensable fortalecer los programas sociales y los mecanismos de evaluación con la finalidad de hacer más eficiente el combate a la pobreza.
El diputado señaló que el crecimiento económico y los ingresos del país han sido afectados por el entorno internacional, y a esto se suman los gastos ineludibles como pensiones, deuda pública, aportaciones, participaciones y adeudos fiscales; por lo que es necesario identificar mecanismos fiscales para mantener finanzas públicas sanas.
“Resulta esencial que los gobiernos locales también fortalezcan sus haciendas públicas. No es sostenible la dependencia excesiva que han mostrado los estados y municipios respecto a los recursos federales. Deben tomar las medidas necesarias para incrementar sus ingresos propios, modernizando sus catastros y recaudando los impuestos que les corresponden. Las autoridades locales necesitan asumir su responsabilidad y ejercer sus atribuciones”, señaló el legislador.
Asimismo, afirmó que es necesario revertir la tendencia a la baja en inversión en infraestructura y servicios, consolidar las asociaciones con el sector privado; y dirigir el crédito y garantías de ahorro a proyectos viables y de alto impacto en empleo pues el próximo año se necesita un presupuesto mínimo de 6.3 billones de pesos.
Para ello, es urgente definir las reglas para acceder a los 485 mil millones de pesos anunciados por la SHCP, así como realizar los cambios legales para que los fondos de estabilización presupuestaria (Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios con recursos actuales de 296.3 mmdp y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas con 93.5 mmdp) puedan utilizarse como medidas contracíclicas.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, reiteró que es necesario llevar a cabo un reordenamiento tributario sin crear nuevos impuestos, analizando la base gravable de los ya existentes y verificando su cumplimiento.
El diputado enfatizó la necesidad de fortalecer el combate a la evasión fiscal, sobre todo en lo relativo a la facturación falsa, para lo que se propone elevar las penas y establecer un esquema fiscal de control que identifique y evite la proliferación de las factureras.
Respecto al comercio electrónico, indicó que en sintonía con el Grupo de los 20 y la OCDE, se busca que las empresas residentes en el extranjero que prestan servicios en territorio nacional paguen impuestos por los ingresos que reciben de los consumidores mexicanos.
Sobre los gastos fiscales, apuntó que se están analizando las desviaciones tributarias para detectar si los objetivos para los que fueron creadas han sido cumplidos y tienen razón de ser en el contexto actual, por lo que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hacer una revisión de estos gastos, con la intención que en el Presupuesto 2020 se incluyan medidas que permitan obtener una mayor recaudación, redirigiendo incentivos fiscales y evitar la elusión fiscal.
En relación con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para gravar el tabaco, alcohol, bebidas azucaradas y alimentos no esenciales altos en densidad calórica, se busca actualizar la tasa para inhibir el consumo de dichos productos, que derivan en altos costos de atención en el sector salud y en baja de productividad por enfermedades asociadas.
Además se requiere aumentar la eficiencia en la fiscalización y revisión del comercio exterior, sobre todo en aduanas y puertos.
El diputado señaló que lo anterior forma parte de la primera etapa de propuestas para reordenar el sistema tributario, y que continuará analizando el potencial recaudatorio para alcanzar al menos el 16.5 por ciento del PIB (igualando la recaudación de Nicaragua en 2017), y así orientar mayores recursos al desarrollo del país.
