Ciudad de México, a 6 de agosto del 2019. Comunicado de prensa, Cámara de Diputados.- La presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, diputada Rocío Barrera Badillo, señaló que en la búsqueda de garantizar el mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, es preciso trabajar “sin filias ni fobias, sino de la mano”.
Durante la Mesa Técnica de Parlamento Abierto para la Dictaminación de la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en el Centro Cultural Tlatelolco, a la que asistieron representantes de estos sectores, dijo que el gobierno tiene aciertos y desaciertos.
“Hay una ley federal que tiene muchas ambigüedades, un mecanismo que por ciertas circunstancias no funciona, pero yo creo que todos los involucrados vamos a poner ese granito de arena que tanto se necesita”.
Puntualizó que existen varios temas transversales que tienen que ver con la cuestión presupuestal. “Nuestro objetivo es muy claro: la protección de vidas humanas, y eso es lo que nos tiene reunidos en esta mesa trabajando”, sostuvo.
Afirmó que estos problemas se han venido arrastrando desde hace tiempo por falta de coordinación en los ejes de justicia, legislación y operación, por lo que “es momento de construir”.
La diputada María de los Ángeles Huerta del Río (Morena) consideró que se requiere pensar en un mecanismo que sustituya al actual, pero sin dejar resguardados a quienes están bajo la protección de este sistema. Comentó que se debe trabajar en los términos presupuestales “porque sin recursos el problema será peor”.
Señaló que la mayor falla está en la falta de diagnósticos claros y detallados, por lo que, dijo, “cuando haya un diagnóstico hecho por las propias organizaciones será cuando debemos hacer los cambios pertinentes a la ley”.
La diputada Leticia Arlett Aguilar Molina (Morena) propuso una unión nacional para que en una entidad donde haya un homicidio de periodista se hagan presentes reporteros de todos los estados, porque “resulta que siempre hay una excusa para matar a un informador y que no fue por cuestiones de trabajo”.
Lamentó que en muchos casos la familia de la víctima queda con grandes deudas, estigmatizada y sin ayuda, además de que en distintos casos, bajo la idea de proteger al reportero, se le encierra y se deja en libertad al que violenta.
Interrogó: ¿qué caso tiene seguir si muchas leyes se guardan en el escritorio y no se obliga a las autoridades a ejercerlas?
Cecilia Real Rodríguez, directora de Provoces, enfatizó que se necesita más recursos y presupuesto para el mecanismo, porque se integran cada vez más y más personas. Pidió no confundir el costo de los analistas y personal encargado para que opere el mecanismo, con el recurso para la ejecución de la protección.
Balbina Flores Martínez, representante en México de Reporteros Sin Fronteras, acusó que año con año se ha ido reduciendo el presupuesto para esta herramienta, mientras que las solicitudes de medidas de protección siguen en aumento. Sugirió requerir al mecanismo de protección una copia del diagnóstico elaborado por la ONU que señala sus deficiencias y fallas, que, enfatizó, “no son nuevas, sino que han sido destacadas desde hace años y eso incluye el tema presupuestal y la transparencia”.
Resaltó que nuestro país es la nación con más periodistas asesinados, después de Afganistán, que está en guerra. “Eso debería prender todas las alarmas en el gobierno; no se puede guardar silencio ante los 10 reporteros asesinados en esta administración”.
Leonel Jasso, defensor de derechos humanos, sugirió crear una coordinación interestatal que ayude a periodistas desplazados para que puedan seguir ejerciendo en las entidades en donde llegan a refugiarse. “La victimización va más allá, pues quitan libertades a los periodistas bajo protección”.
Enfatizó que se requiere de un sistema nacional que obligue a las entidades a contar con fiscalías especializadas y tener el mecanismo de manera precautoria.
En el encuentro, a fin de demostrar la ineficacia del sistema, un periodista protegido y quien sufre de desplazamiento, activó su botón de pánico, el cual tardó ocho minutos en tener respuesta por la empresa responsable; “en ocho minutos pude haber sido levantado”, advirtió.
Durante la mesa, periodistas víctimas de persecución o que se han visto en la necesidad de huir junto con sus familias, criticaron la tardada respuesta ante emergencias, el recorte de recursos y acusaron de mal manejo del presupuesto, porque han conocido de personal de la empresa que altera los costos reales de insumos y rentas con el fin de aumentarlos.
