Propuesta para que el Congreso realice consulta popular para investigar o no a los ex presidentes

Ninguna fuerza política debe sentirse agraviada; debe prevalecer la justicia para castigar a todos los implicados, precisa Geovanna Bañuelos.

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Ciudad de México, a 19 de agosto de 2020.- La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre presentó un punto de acuerdo, en el que solicitó a las Cámaras del Congreso de la Unión que inicien el procedimiento de consulta popular, para determinar si la Fiscalía General de la República debe abrir una carpeta de investigación en contra de los ex presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Ello, precisó, tras la existencia de pruebas que podrían considerarlos imputables por presuntos delitos de corrupción, operaciones con recursos de procedencia ilícita, diversos delitos electores, entre otros. 

La legisladora del PT también exhortó a la FGR para que llame a juicio, en calidad de testigos, a Luis Videgaray Caso y a Enrique Peña Nieto, en caso de que la denuncia interpuesta contra ellos por Emilio Lozoya Austin, contenga elementos probatorios suficientes. 

Asimismo, urgió a que la FGR solicite, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a los gobiernos de España y Estados Unidos, que los mantengan en vigilancia, sin vulnerar sus derechos, para evitar que se sustraigan de la procuración de justicia.

Bañuelos de la Torre dijo que el caso Lozoya, es el sello y el emblema de la corrupción política en México, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ante un escenario de tal magnitud, ninguna fuerza política debe sentirse agraviada, por el contrario, debe prevalecer la justicia para castigar a todos los implicados, apuntó. 

También solicitó que la Cámara de Senadores analice la integración de una Comisión Especial del Seguimiento al caso de Lozoya Austin, por los presuntos actos de corrupción cometidos con Agronitrogenados y la empresa Odebrecht. 

La senadora llamó a la Fiscalía a que inicie una investigación en contra de los servidores públicos mencionados por el ex director de PEMEX, en la carpeta de investigación abierta en su contra, bajo el precepto de que recibieron sobornos para la aprobación de la reforma energética. 

De contar con elementos probatorios suficientes, sugirió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congele las cuentas bancarias de dichos servidores públicos.

En su exposición, la senadora recordó que en su declaración Lozoya Austin manifestó que Odebrecht aportó cuatro millones de dólares a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, y en contra prestación, recibió diversas adjudicaciones.

Señaló que en 2012 se firmaron contratos por montos superior a los cuatro mil millones de pesos para obras de infraestructura relacionadas con el ‘Aprovechamiento de Residuales’ de la Refinería Miguel Hidalgo.  

Estos dos contratos, explicó, implicaron probables daños a la Hacienda Pública Federal por un monto cercano a los mil millones, según se refieren datos de la Cuenta Pública 2016. 

Indicó que, de acuerdo con el fiscal Alejandro Gertz Manero, fueron usados cerca de 400 millones de pesos para que diversos legisladores votaran para aprobar las Reforma Estructurales en dicho sexenio.

El punto de acuerdo fue turnado a la Primera Comisión de la Permanente; para su estudio.

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