Senadores impugnan ante la Suprema Corte la militarización de los puertos

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Ciudad de México, a 13 de enero del 2021.– Publicado en varios medios y redes sociales, el intento de los marinos mercantes disidentes afectados en sus intereses por el cambio de todo lo relacionado a la Marina Mercante, de la SCT a la SEMAR, recobra aparente fuerza. Senadores de trayectoria poco estimulante, más bien abyecta, como Dante Delgado Ranauro y Miguel Ángel Mancera inician acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de la Nación (SCN).

Curioso resulta ver al que fuera gobernador interino quien en 1 de junio de 1991 arremetió contra los trabajadores portuarios de Veracruz por instrucciones de su patrón, Carlos Salinas de Gortari, incluso, amenazándolos de muerte en una habitación del Hotel Veracruz. Apoyado por el director de Puertos Mexicanos y policías federales, Dante Delgado obligó a los líderes sindicales a firmar todo lo que les pusieron enfrente.

Por su parte, Miguel Ángel Mancera, integrante de lo que queda del PRD, atisba a conseguir votos para continuar su campaña y seguir colgado del erario público.

Y finalmente, Álvarez Icaza, que le tira a todo lo que se mueva con tal de llamar la atención.

Una cosa es cierta, ninguno de los antes mencionados tiene la más mínima idea de lo que es la cultura marítima.

Por considerarlo de interés, elbarlovento.com.mx reproduce lo publicado en Info Transportes el día de hoy:

Senadores de la República promovieron una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra de las reformas que permitieron -posiblemente de manera indebida-, la militarización de los puertos marítimos, la marina mercante y su traspaso a la Secretaría de Marina (Semar).

De esta manera se busca revertir las reformas aprobadas en septiembre último por diputados del partido Morena, mediante las cuales fueron modificadas las leyes de Puertos, de Navegación y Comercio Marítimo y Orgánica de la Administración Pública Federal, para eliminar la participación civil en favor de la Secretaría de Marina Armada de México.

De acuerdo con el documento, cuya copia tiene Info-Transportes, la Acción de Inconstitucionalidad, fue firmada por el 33% de los Senadores, incluida la fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), y fue entregada en la Corte el pasado 6 de enero. 

Los demandantes integraron la carpeta para dar trámite legal al recurso de inconstitucionalidad, con una serie de documentación remitida como es: la demanda en documentos originales, la firma de Senadores y el decreto impugnado, donde se sustentan las posibles violaciones de legisladores y del propio Poder Ejecutivo.

En este mismo acto jurídico, se busca el amparo de la justicia federal en contra las reformas, así como de “los órganos legislativo y ejecutivo, que hubiesen emitido y promulgado las leyes impugnadas”, con el fin de revertir la militarización de los puertos en tiempos de paz, ya que  implicaría una transgresión a la Constitución General de la República.

La documentación fue remitida a la Corte por el Senador Mauricio Kuri, coordinador de la bancada del PAN en la cámara alta. Los legisladores hacen constar que fueron entregados con la seguridad ante la Ley, y bajo protesta de decir verdad, el documento digitalizado y adjuntado, así como la copia íntegra e inalterada del impreso, del cual es original.

Con esta impugnación los senadores dan respuesta a la inconformidad de organizaciones de marinos mercantes, agentes económicos y profesionales en actividades técnico-económicas, que encabezaron un movimiento para evitar la militarización de los puertos, debido a posibles intereses que eliminarían progresivamente en el futuro, toda actividad civil en los puertos, restando certeza a las inversiones del sector privado.

La militarización

El pasado 7 de diciembre inició la transición de seis meses, que concluye el 1º de junio Día de la Marina, con la transferencia del control total de los puertos marítimos a la Semar, tras la publicación del Decreto en el Diario Oficial de Federación (DOF), con las reformas a las leyes aprobadas en octubre pasado por el Congreso y que ahora han sido impugnadas.

El 1º de junio también se pondrá fin a una era de autoridades civiles que fueron responsables del desarrollo económico del actual sistema portuario nacional, poniéndolo en el mapa hemisférico geoportuario, luego de su modernización en los últimos 25 años, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Las reformas fueron impulsadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien alegó presuntas actividades de corrupción en los puertos y trasiego de drogas.

Con este cambio finaliza a su vez el periodo iniciado en 1994, a partir del cual se dio paso a la “Reforma Estructural de los Puertos”, que permitió la modernización y rescate del sistema portuario, cuya excesiva intervención estatal lo había llevado a la quiebra operativa y financiera.

No será la primera vez que Semar asume el control de los puertos. Al principio de los años 70, los militares fueron retirados de los recintos por considerarse que las actividades económicas, estaban fuera de su ámbito de competencia y debido a la necesidad de dotar de políticas eficientes al sector.

La publicación del Decreto del 7 de diciembre, se dio en el marco de la formalización de la designación de la capitana de altura Ana Laura López Bautista, como Coordinadora General de Puertos y Marina Mercante (CGPYMM), así como de 14 almirantes, vicealmirantes y capitanes de altura al frente de las empresas paraestatales Administraciones Portuarias Integrales (API), que controlan los recintos portuarios.

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