Por Raúl Hernández Rivera
Ciudad de México, a 31 de mayo del 2020.- Pedro Miranda leyó un documento impactante… todos los asistentes a la reunión de la UNOP realizada en las oficinas de la empresa de Servicios Portuarios de Veracruz en el puerto jarocho, se inquietaron. Sin embargo, pocos consideraron la probabilidad de las acciones del gobierno salinista se cumplieran. Yo no.
El mes de noviembre de 1987, un acceso a documentación del Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (IEPES) dio pie para afirmar en la columna Barlovento en El Universal: “México for sale”. El “documento de marras”, como lo llamó Pedro Miranda, confirmaba la aseveración, la puesta en oferta de todo el sistema de comunicaciones y transportes: la columna vertebral de la economía del país, de cualquier país.
De aquellos líderes portuarios, salieron expulsadas de sus calenturas reivindicadoras, acciones insuficientes para contener la “modernidad” del ahora “innombrable” que abriría la brecha para justificar las privatizaciones, la integración económica y la sustitución de la rectoría del Estado por el libre mercado, mismo que hoy nos carcome la piel y la entraña.
La “mano invisible de los egoísmos” vendría a “regular el mercado”, vendría a unirse con el implante del consumismo grabado en la vergüenza del trabajador inclinado para aceptar la neo esclavitud, antes de ser señalado como desempleado.
Cualquier cosa antes de ser desempleado, cualquier cosa.
Pero también sumaron la enorme corrupción y el servilismo de líderes sin vergüenza ni moral alguna, como Cecilio Lepe Bautista y secuaces, que “asesoraron” a Roberto Ríos Ferrer, para instrumentar la requisa del puerto de Veracruz
Así fue construyendo Salinas de Gortari el ambiente privatizador, desde que fuera director del IEPES, y preparar la campaña-plataforma de Miguel de La Madrid; ahí inició la desincorporación de empresas del estado, como para acostumbrarnos a vender todo lo que “era ineficiente”.
Como si privatización fuera sinónimo de eficiencia. Ya vimos que no.
Bastaba escuchar a los diferentes empresarios, “desamparados” ante la ineficiencia de las empresas creadas por el propio Partido Revolucionario Institucional, y utilizadas para el control de las diferentes corrientes obreras aglutinadas en los tres sectores del partidazo: Obrero, campesino y popular.
Y tendrían que disciplinarse, ¡por supuesto!
Ese sistema del partido en el poder durante casi 80 años, era cuasi perfecto. Les permitían todo a los líderes, quienes se servían con la cuchara grande de la corrupción, aunque en realidad, sólo les tocaban las migajas.
Así los políticos en el poder, pagaron campañas políticas y todo lo necesario para modificar el andamiaje jurídico propicio para la corrupción.
Ahí están las firmas ilegibles de los navieros beneficiados por la “Operación Corsario” del licenciado Roberto Ríos Ferrer, administrador de la requisa, el once de junio de 1991 después de consumada la requisa: Delfin Palomba, Baltasar Salgado, Heriberto Casas, Jesús Vega Arriaga, Christian Nennett, Juan Luna Ornelas, Carlos González, Eduardo Xaudaro, Hermenegildo Sánchez…
Todos los representantes de las empresas Agencia López Hermanos, S.A. de C.V.; Agencia Marítima Mexicana, S.A.; Delfín Cazarin, S.A.; Agencias Generales Marítimas, S.A.; Agencias Marítimas Latinoamericanas, S.A.; Agencia Transoceánica de Vapores, S.A.; González Zorrilla, S.A.; Naviera Nacional, S.A.; Navieros Veracruzanos, S.A:; Agencia Meillón, S.A de C.V.; Consignataria Oceánica, S.A. de C.V.; Consignaciones Trasatlánticas, S.A: de C.V.; Aclanave, S.A. de C.V.; Agencias Marítimas del Pacífico, S.A.; Representaciones Transpacíficas, S.A: de C.V.; Representaciones Portuarias Progreso, S.A. de C.V.; Navemar de Veracruz, S.A.; Representaciones Marítimas, S.A. de C.V.; Representaciones Marítimas, S.A. de C.V. y Naviera Cozumeleña, S.A.
A todos esos navieros, se les vio serviles ante Carlos Salinas de Gortari. Así se les vio formaditos, disciplinaditos, en el “besamanos” luego de las maratónicas disertaciones “democráticas” de campaña, en la Paz, Baja California Sur.
Era impresionante verlos tan dóciles y obedientes. Podría pensarse cualquier cosa.
¿Y si al candidato se le ocurre decirles, ordenarles: ladren como perritos?; ¡creo que lo habrían hecho!
Los fue preparando, no había duda.
Así llegamos al ultimátum del ya presidente que le cambió el significado a la palabra “solidaridad”, lanzada a los trabajadores portuarios el martes 17 de abril en Tuxpan, Veracruz, luciéndose ante varios empresarios quienes, ante la arenga, aplaudieron a rabiar. Ahí estaba el sumiso y obediente gobernador interino Dante Delgado Ranauro, hoy flamante y aguerrido senador de la República.
Ese día, el larguirucho gobernador interino, con una sonrisa dantesca, se acercó al mandatario:
-Señor presidente, he pensado que la candidatura a senador pudiera…
-Usted no piense, Dante, está decidido, será Gustavo Carbajal y punto.
-Si señor presidente. Lo que usted diga
Delgado Ranauro fue el cómplice perfecto para instrumentar la requisa fraudulenta junto con Roberto Ríos Ferrer: quebraron a los líderes fácilmente.
A los trabajadores portuarios estaban divididos. Los maniobristas por su parte, administradores de la Empresa Servicios Portuarios de Veracruz, S.A de C.V. (SERPORVER) los tenían atados de manos con acusaciones de corrupción. Les quitaron todo: inmuebles, cuentas bancarias, equipo para maniobras portuarias, ¡todo!
…y a muchos los metieron a la cárcel para ablandarlos.
A los estibadores, quienes no pertenecían a la empresa portuaria, también les quitaron su patrimonio sindical y sus líderes tampoco quisieron luchar, a pesar de que todos los trabajadores portuarios de la costa Este de Estados Unidos los apoyaban; habían anunciado un paro en los puertos norteamericanos en apoyo a los trabajadores portuarios veracruzanos.
Pero no, los doblaron a todos esos líderes otrora poderosos.
Y todos los trabajadores portuarios de Veracruz perdieron todo.
Ahí está el Convenio de cuatro fojas útiles celebrado entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto de la Administración General de la Requisa del puerto de Veracruz, representada por “el corsario” Roberto Ríos Ferrer, administrador general, y las agencias navieras anteriormente citadas.
Ajonjolí de todos los moles
El licenciado Hugo Cruz Valdez, Vocal Jurídico y Corporativo de Puertos Mexicanos, órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, certificó el convenio mencionado, a los siete días de noviembre de 1991.
Cruz Valdez fue el autor intelectual de la Ley de Puertos, con la que Salinas de Gortari le dio en la línea de flotación a toda la estructura productiva del país, pues subordinó al capital extranjero toda la Marina Mercante y todo el sistema portuario nacional en junio de 2015, Cruz Valdez fue director de APIVER, en sustitución del ingeniero Ignacio Fernández Carbajal, quien por motivos de salud tuvo que dejar el cargo.
El licenciado Hugo Cruz Valdez fue Director General Adjunto de Análisis Jurídico y Enlace Institucional de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante con Guillermo Ruiz de Teresa en la administración de enrique Peña Nieto, cargo que conserva actualmente con la nueva administración.
29 años en espera de justicia
¿Qué tan benéfico puede ser la presencia del licenciado Hugo Cruz Valdez en la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, para la solución de lo reclamado por los trabajadores portuarios, tanto estibadores como maniobristas?
Por su parte, los estibadores jarochos fijan sus ánimos en la presencia del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador a quien dirigen una carta diciéndole:
“Los trabajadores portuarios de la Unión de Estibadores, hemos esperado pacientemente la llegada de un gobierno que escuche nuestros reclamos, pues tenemos hambre y sed de justicia. Denos la oportunidad de ser escuchados por usted mismo. Créanos, somos verdaderos trabajadores del pueblo mexicano, cuyas organizaciones fueron arrasadas por la mal llamada modernidad y libre comercio neoliberal. Descubrimos que habíamos sido engañados por la misma autoridad (tenemos pruebas) pero el tiempo transcurrido nos impide demandar y que proceda legalmente, para que sea dentro del marco de ley, como usted sugiere que se haga todo reclamo”.
Pero nuevamente preguntamos: ¿Qué tan benéfico puede ser la presencia del licenciado Hugo Cruz Valdez para resolver el despojo injusto sufrido por los trabajadores portuarios?
Es de esperarse una respuesta concreta por parte del titular del poder Ejecutivo Federal, sin embargo, los estibadores argumentan la improcedencia de la requisa basados en el artículo 112 de la Ley de Vías Generales de Comunicación (LVGC), que a la letra dice:
Artículo 112.- En caso de guerra internacional, de grave alteración del orden público o cuando se tema algún peligro inminente para la paz interior del país o para la economía nacional, el Gobierno tendrá derecho de hacer la requisición, en caso de que a su juicio lo exija la seguridad, defensa, economía o tranquilidad del país, de las vías generales de comunicación, de los medios de transporte, de sus servicios auxiliares, accesorios y dependencias, bienes muebles e inmuebles y de disponer de todo ello, como lo juzgue conveniente. El Gobierno podrá igualmente utilizar el personal que estuviere al servicio de la vía de que se trate cuando lo considere necesario. En este caso, la Nación indemnizará a los interesados, pagando los daños por su valor real, y los perjuicios con el cincuenta por ciento de descuento. Si no hubiere avenimiento sobre el monto de la indemnización, los daños se fijarán por peritos nombrados por ambas partes y los perjuicios, tomando como base el promedio del ingreso neto en los años anterior y posterior a la incautación. Los gastos del procedimiento pericial serán por cuenta de la Nación.
Ahora, los estibadores exponen mediante una carta dirigida al presidente López Obrador que después de causado el daño moral, económico y laboral, la base trabajadora separados de los líderes de quienes dudan de su integridad, iniciaron su propia lucha para recuperar la dignidad y su patrimonio sindical.
Mencionan los estibadores las gestiones con diputados desde que la Cámara Baja estuvo en el auditorio del IMSS. Ahí platicaron con los entonces diputados federales, Alejandro Encinas, Gustavo Moscoso, Átalo Sandoval, Domingo Martínez, Gilberto Rincón Gallardo y los entonces senadores Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas con quienes consiguen un punto de acuerdo donde se solicita información a las secretarías de Estado que intervinieron en la requisa.
El resultado, señalan, fueron palabras y buenas intenciones.
Señalan los trabajadores que, basados en las leyes y concretamente en el artículo 112 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, el decreto ordenatorio de la requisa del puerto de Veracruz el 1 de junio de 1991, fue ilegal e inconstitucional, toda vez que no se conformaron ninguno de los supuestos jurídicos para realizar la requisa, violentando al mismo tiempo derechos laborales y humanos.
Hasta la fecha, ninguno de los trabajadores portuarios ha sido indemnizado. Ese decreto, señalan, tenía como finalidad de acabar el sindicalismo que existía en México, y formar sindicatos afines a los patrones, frente a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Los trabajadores portuarios consideran estar en el momento histórico para que la actual administración reconozca sus derechos laborales, toda vez que no se dio cumplimiento total a lo establecido en la ley y se les reintegren su edificio.
Finalmente, los estibadores piden al suscrito hacer llegar el texto de su carta dirigida el presidente López Obrador con las siguientes peticiones:
1.- se les entregue su edificio social en las condiciones en que fue arrebatado el año de 1991 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
2.- se les reconozca su radio de acción en el puerto y se les devuelva su trabajo.
3.- Se nos de oficialmente un centro de capacitación portuaria con el programa de Desarrollo para trabajadores portuarios
a fin de que les sea reintegrado su patrimonio sindical, a 29 años de injustica no atendido por las autoridades.
Y en el punto 4.- refieren: “No deseamos desestabilizar al sector, pero si exigimos justicia pronta y expedita.
