Destruye Aduanas más de 31 millones de cigarros ilegales

Horacio Duarte Olivares señaló que se trató de una destrucción sin precedentes. Foto @SATMX

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Ciudad de México, a 21 de agosto del 2020.- La Administración General de Aduanas destruyó 31 millones 100 mil cigarros no aptos para el consumo y pretendían ser ingresados y comercializados de manera ilegal en México, informó la dependencia del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El organismo que está a cargo de Horacio Duarte Olivares señaló que se trató de una destrucción sin precedentes, pues el valor en el mercado de la mercancía era de 15 millones 550 mil pesos.

Durante la destrucción, que se realizó en la aduana de Veracruz, Duarte Olivares informó que la acción forma parte de la estrategia de combate al contrabando y protección a la salud pública y recordó que el año pasado 16 millones de cigarros fueron destrozados.

“La coordinación institucional es la mejor estrategia para el combate a la corrupción y la que se tiene ahora en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha comenzado a dar resultados”, apuntó.

“Hoy en día los cigarros ilegales acaparan el 17 por ciento del mercado nacional, lo que tiene implicaciones negativas para la economía, fomenta el crimen organizado y expone a los consumidores a productos sin regulación”, agregó.

Con el apoyo del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera (CONAINTA), la Administración General de Aduanas deshizo las piezas de tabaco que representan una evasión fiscal de 40 millones de pesos, y que no contaban con el código de verificación mediante el cual las y los comercializadores de cigarros, consumidores y autoridades pueden revisar la legalidad del producto.

El Administrador de Aduanas señaló que el encargo del presidente Andrés Manuel López Obrador es combatir el contrabando de armas y drogas, aumentar la recaudación y desterrar el influyentismo.

Adelantó que el SAT está listo para comenzar la capacitación de elementos de la Sedena y Marina que se sumarán al sistema aduanero y se reforzará la coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera, Función Pública y la Fiscalía General de la República.

Fuente: La Jornada

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