Ciudad de México, a 25 de octubre de 2020.- A fin de evitar pérdidas a la hacienda pública, la senadora Lucia Virginia Meza Guzmán presentó un punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) a implementar acciones preventivas que eviten la toma de casetas de las diversas carreteras país.
También solicitó a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSC) realizar operativos para prevenir la toma de casetas, coadyuvar en la prevención del delito, así como proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos.
Esta infraestructura, expuso la legisladora de Morena, resulta estratégica para el progreso constante de distintos sectores, por tanto, es imperioso que el gobierno otorgue y establezca las condiciones para la construcción del estado de derecho.
Meza Guzmán refirió que, en 2019, Capufe y el Fondo Nacional de Infraestructura, (Fonadin) dejaron de percibir 3 mil millones de pesos por dichas prácticas.
En el módulo de peaje México-Cuernavaca, ubicado en Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, indicó, se pueden recaudar hasta 200 mil pesos en tan solo tres horas; porque los usuarios son obligados a pagar una cuota de manera arbitraria.
Denunció que esta actividad ilegal se ha incrementado, al grado de que distintas agrupaciones se organizan para ejecutarlas, con el objetivo de financiar sus movimientos o protestas.
Recordó que la toma de casetas es un delito federal y se castiga con cárcel, debido a que pone en riesgo la seguridad de los usuarios, y operadores; incluso, genera pérdidas en logística y tiempos de traslado.
Además, cuando un ciudadano no realiza el pago de peaje a Capufe, se impide la posibilidad de acceder a la reparación de algún daño, por la inexistencia de un recibo que ampare la cobertura, añadió.
En el caso de los concesionarios, apuntó, representa repercusiones a sus ingresos y una clara violación a sus derechos de explotación de la vía.
El Sistema Nacional de Carreteras, indicó, es relevante para la economía, brinda acceso a escuelas, hospitales, fábricas y comercios; enriquece a los distintos sectores de la sociedad y ayuda a garantizar el bienestar de la población.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para su estudio.
