Plantea Partido Verde ley que garantice el derecho humano de consulta a los pueblos

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Ciudad de México, a 23 de septiembre del 2021.- Los pueblos y comunidades indígenas, afro mexicanas y equiparables han enfrentado diversas batallas por defender su derecho a la consulta frente a los intereses y proyectos de desarrollo que pudieran afectarles en sus tierras, territorios y recursos: María Graciela Gaitán

La falta de leyes que regulen correctamente el ejercicio de la consulta a pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables, puede traducirse en una violación sistemática a los derechos humanos y en un instrumento para legitimar y legalizar el despojo de los territorios, así como justificar la imposición de proyectos extractivos, aseguró la senadora del Partido Verde, María Graciela Gaitán Díaz.

Por ello, la legisladora por el estado de San Luis Potosí, presentó  una iniciativa de Ley que busca tener un marco normativo que promueva, proteja, respete y garantice el derecho de consulta a los pueblos y comunidades indígenas afromexicanas y equiparables.

Argumentó que a través de los años y de las diferentes administraciones de distintos niveles de gobierno, los pueblos y comunidades indígenas, afro mexicanas y equiparables han enfrentado diversas batallas por defender su derecho a la consulta frente a los intereses y proyectos de desarrollo o de gran escala que pudieran afectarles en sus tierras, territorios y recursos.

Sin embargo, recordó que el Poder Judicial, puso en relieve  una de las deudas pendientes con los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables: la regulación del derecho de consulta previa, al conceder amparo en contra de la omisión absoluta de expedir la ley que reglamenta la consulta ( amparo en revisión número 1144/2019), con la finalidad de llegar a acuerdos a través de sus representantes, cada vez que se prevean medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente.

Lo anterior, dado que el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la consulta constituye una prerrogativa necesaria para salvaguardar la libre y determinación de los pueblos, así como los demás derechos culturales y patrimoniales que la Constitución General de la República y los tratados internacionales le reconocen.

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