Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2020.- En la última mesa de análisis de la reforma al Poder Judicial, que se realizó a distancia, especialistas, académicos e integrantes de la Judicatura Federal señalaron algunos aspectos para optimizar el funcionamiento del sistema de justicia en el país.
Este encuentro, que forma parte del Parlamento Abierto organizado por la Junta de Coordinación Política, estuvo moderado por el senador Juan Zepeda, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Al clausurar los encuentros, el senador Cristóbal Arias Solís, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, informó que, en su momento, las comisiones dictaminadoras presentarán el proyecto de dictamen respectivo, a efecto de analizarlo, valorar, y en su caso, aprobarlo.
Alejandro Sergio González Bernabé, consejero de la Judicatura Federal, expresó que en estos momentos de cambios vitales para la nación, hay la invaluable oportunidad de retomar la plena confianza en el sistema de impartición de justicia. Consideró que cualquier reforma al Poder Judicial debe mantener la justicia social y el Estado de derecho, como sus pilares estructurales.
En otro tema, opinó que al garantizar la inamovilidad de jueces titulares, se fortifica la autonomía e independencia judicial en beneficio del pueblo de México. Con la reforma, explicó, se busca mantener el cargo de juzgador de forma continua, con la única salvedad, de ser ratificado después de seis años.
Destacó que con esta figura no sólo se protege a la independencia judicial, sino que se cumple con los compromisos internacionales. Esta política implica la permanencia de aquellos titulares que se hubiesen desempeñado con excelencia, sin que represente de forma alguna perpetuidad en el cargo, pues están sujetos a la remoción que dispongan las leyes en la materia por faltas graves, precisó.
En tanto, Arturo Guerrero Zazueta, secretario ejecutivo del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, expuso la importancia de que la reforma otorgue reconocimiento constitucional a la escuela judicial, como la encargada de formar y capacitar al personal, así como llevar concursos de oposición para acceder a cargos.
Comentó que este tema es trascedente porque da contenido a la manera de acceder a cargos púbicos en condiciones de igualdad, redimensiona la carrera judicial y genera espacios competitivos.
Jorge Nader Kuri, doctor en derecho y representante del Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte, planteó fortalecer el orden constitucional para una mejor distribución de asuntos en las dos salas del máximo tribunal y así lograr un mejor desahogo de trabajo en los Tribunales Colegiados de Circuito, y que las controversias constitucionales se resuelvan de manera directa sobre violaciones a la Constitución, con el fin de agilizar los trámites.
También que los órganos autónomos tengan derecho a resolver determinadas controversias constitucionales, en coordinación con los Tribunales Colegiados de Circuito; además de fortalecer la digitalización en línea de los asuntos judiciales para acercar aún más la aplicación de la justicia que beneficie a millones de personas con el acceso directo a los juicios orales y la consulta de casos, con el fin objetivo de ahorrar mucho tiempo y dinero en la solución de problemas, expuso.
Asimismo, sugirió que se precise en la inamovilidad de los juzgadores que se cuide el concepto de confianza en la toma de decisiones, tomando en cuenta que los jueces, magistrados y ministros saben lo que están haciendo, de manera valiente y autónoma, al resolver asuntos judiciales, puntualizó.
A su vez, Paola Zavala Saeb, subdirectora de Vinculación y Comunidades en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, indicó que, en los últimos cinco años, más de medio millón de personas han salido de las cárceles del país, de éstas, 24 por ciento es reincidente. Ante esta situación, la abogada afirmó que es urgente cambiar el paradigma punitivo de la reinserción social para abordarlo como un proceso de prevención que inicie en prisión, pero que debe continuar en libertad.
Detalló que las personas privadas de su libertad, en su mayoría, son hombres con escasos recursos económicos, con educación básica y acusados por el delito de robo. Apuntó que la pregunta es cómo reinsertar, desde la prisión, a personas que siempre han estado excluidas para que al salir no vuelvan a delinquir. En este sentido, informó que organizaciones de la sociedad civil presentaron una propuesta que plantea incluir a la cultura y a la salud emocional como ejes del sistema penitenciario. Además, propone reconocer el derecho a la reinserción social como una garantía individual de las personas privadas de su libertad y liberados, y como un derecho de las víctimas y la sociedad para que los delitos no vuelvan a repetirse.
