Ciudad de México a 21 de noviembre de 2020.- Con la Ley Federal que regula el uso del cannabis el Senado de la República dio un paso fundamental para derribar mitos, eliminar la criminalización y la prohibición del consumo, además de la discriminación, defendiendo el libre desarrollo de la personalidad y la protección de la salud de los mexicanos y las mexicanas, afirmó Ricardo Monreal.
“Una de las ventajas más destacadas de esta Ley, es que se disminuye la actuación y la ganancia del crimen organizado, al trasladar un mercado ilegal a la legalidad, con un marco jurídico que da certeza a los sectores de la población”, aseguró el coordinador de los senadores de Morena.
Ahora, las personas podrán acceder al cannabis bajo criterios claros, que incluyen licencias para el cultivo, la transformación, la comercialización, la exportación, la importación y la investigación, explicó el coordinador de Morena en el Senado de la República.
A través de un videomensaje difundido en sus redes sociales, el legislador resaltó la visibilidad que otorga la Ley, aprobada en el Senado, a la problemática que enfrentan algunas personas con el consumo de la planta.
En ese sentido dijo que se integra la articulación de políticas públicas, no solo de prevención para para reducir los riesgos y daños asociados por el consumo psicoactivo, sino que se optimizan los procesos de rehabilitación y reinserción social, sin estigmatización, ni criminalización, como sucedía anteriormente.
Destacó los instrumentos de monitoreo, evaluación, respuesta, seguimiento y evaluación relativa al uso, que acompañan la Ley; además de que fomenta y refuerza la cooperación internacional, respecto a las medidas para proteger la salud y la seguridad.
Apuntó que por primera vez se crea un marco legal, ya que por persona se permitirá tener para autoconsumo hasta seis plantas, o hasta ocho cuando vivan más de dos en el mismo hogar, además de que podrán adquirir hasta 28 gramos en los lugares regulados.
Mientras que las personas que estén en posesión de hasta 200 gramos, serán sujetos a multas económicas, pero no a la privación de la libertad, contrario a como ha sucedido con las más de 18 mil que actualmente están procesados y privados de su libertad, de acuerdo con el INEGI.
Además, la regulación empodera a los grupos vulnerables, a los pueblos y a las comunidades indígenas, a campesinos y a ejidatarios, a comunidades agrarias en situación de marginación, a los que por su condición resultaron afectados por el sistema prohibicionista, señaló.
