Ciudad de México, Palacio Legislativo, a 23 de septiembre del 2020 (Notilegis).- Las y los diputados de MC acompañaron la aprobación de la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, con la advertencia de que, por tercera ocasión, esta modificación sea declarada inconstitucional. Esto, ante la negativa de la mayoría legislativa para realizar cambios a la ley.
En un comunicado, sostuvieron que no es nueva la demanda de terminar con los excesos de los altos funcionarios, que han sido traducidos en corrupción, discrecionalidad y excesos. Esto representa un elevado costo económico que debe erradicarse.
En tribuna, el diputado Juan Carlos Villarreal, planteó que la aprobación de la reforma tiene el propósito de terminar con abusos en la administración pública, vistos lamentablemente como un método de enriquecimiento. Por ello, llamó a realizar cambios para que los funcionarios actúen con responsabilidad y para que la austeridad sea entendida como el manejo adecuado de los recursos, transparente y sin subejercicios.
“México es el segundo país con los servidores públicos de nivel alto a medio, con las remuneraciones más elevadas entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que reciben una compensación equivalente a 13 veces el Producto Interno Bruto (PIB), per cápita del país, mientras que el promedio en la organización, es de casi seis veces”.
En su turno, la diputada Ruth Salinas recordó que MC coincide en el sentido de la modificación y aunque el dictamen pretende solventar las observaciones de la Suprema Corte, es excesivo crear una nueva Ley, abrogando la que los propios diputados aprobaron a inicios de esta Legislatura.
“Hoy nuevamente invitamos a escuchar, a aceptar y a discutir las reservas que presentaremos, evitando los errores que, por soberbia, se cometieron en septiembre del 2018, al hacer caso omiso de nuestros argumentos”.
En Movimiento Ciudadano afirmamos que los sueldos y las remuneraciones de todos aquellos que se desempeñan en el servicio público, deben ser justos; es decir, proporcionales al trabajo realizado, a la capacidad de las personas y a la responsabilidad del cargo que ocupan, concluyó.
