Ciudad de México, a 27 de noviembre del 2019. El 18 de octubre estallaron en Chile masivas manifestaciones sociales detonadas producto de la subida del pasaje del tren subterráneo, pero que en lo subyacente expresaban el malestar social acumulado por tres décadas de modelo neoliberal de crecimiento económico. Este modelo, que en lo macroeconómico muestra exitosas cifras, en lo cotidiano ha significado una profunda precarización de la vida producto de un Estado subsidiario que deja a los privados el manejo de derechos sociales más básicos. La clase política, totalmente deslegitimada producto de bullados casos de corrupción, y por sostener y profundizar este modelo, no tuvo capacidad de diálogo ni menos de representación. Esta ola de protestas viene a dar continuidad a las masivas manifestaciones que ya el 2006 alcanzaban notoriedad mundial con la Revolución de los Pingüinos y el 2011 con el movimiento estudiantil por la gratuidad de la educación, pero esta vez fue transversal. Hasta hoy, a 40 días del 18 de octubre, la gente no deja las calles. Es por ello que en el escenario social y político de Chile parece haber cambiado irrevocablemente.
Dentro de este escenario, como trabajadoras y trabajadores de archivos históricos y administrativos, nos hemos visto vastamente interpelados por la contingencia y el movimiento social. Es así porque junto con el estallido social, se produjo un estallido de producción documental que comenzó a registrar no solo la protesta social, sino que también los abusos y violaciones a los Derechos Humanos. Como nunca antes, el valor probatorio de los archivos se hizo evidente para toda la sociedad. Los videos, fotografías, audios, actas, afiches y testimonios que empezaron a circular por Redes Sociales permitieron visibilizar, fiscalizar e impedir la negación de los hechos. Hoy, cuando todos tenemos un teléfono en nuestros bolsillos y podemos documentar, incluso en tiempo real, lo que sucede en las calles, las violaciones a los Derechos Humanos no pudieron ser negadas (al menos no por mucho tiempo) por parte del gobierno de Sebastián Piñera.
Pero también dejó en evidencia lo poco preparados que estábamos para responder al estallido social desde nuestro rol. El día 11 de noviembre desde el Archivo de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile convocamos a la primera asamblea de archiveros y archiveras, instancia a la que asistieron medio centenar de personas y en la que pudimos reflexionar acerca de los principales desafíos que se han presentado y a los cuales debemos comenzar a responder. Estas algunas de las conclusiones surgidas a partir de la asamblea.
En primer lugar, mucho de nosotros desconocíamos el marco normativo que rige a los archivos, en especial la ley 18771 (1989) que exime a las Fuerzas Armadas y de Orden la transferencia de sus documentos y les autoriza a destruirlo, perpetuando con ello la impunidad que los protege desde el fin de la dictadura. En ese sentido, se hace necesario que en el proceso constituyente que se avecina como comunidad archivística podamos exigir que se garantice el acceso a la información de parte de la sociedad civil. Además, esto también evidencia la necesidad de modernizar y democratizar a las Fuerzas Armadas y Carabineros que, en el contexto actual, han sido los principales violadores de Derechos Humanos. Prácticas como ocultar los archivos no ayudan a la construcción de un Estado moderno y democrático, y recuerdan más bien a los años de mayor represión en Chile.
Por otra parte, la explosión documental mencionada anteriormente ha venido a generar ejercicios de recopilación y creación que han decantado en la creación de archivos de la rebelión. Entre ellas, se pueden mencionar: Proyecto de Archivo de Memoria Audiovisual (AMA), Proyecto ARDE, Archivo Primavera, Archivo de la Represión, y una gran cantidad de iniciativas para archivar los documentos emanados de asambleas, cabildos y reuniones. Además, surge la necesidad desde distintos espacios de contar con capacitaciones de cómo tratar y almacenar estos registros, y con ello un diálogo con la comunidad de archiveras y archiveros. La disciplina tiene muy poco desarrollo en Chile, en donde ni siquiera existe una carrera de pregrado que forme a profesionales en archivística. En ese sentido, ha sido la propia sociedad civil la que se ha organizado para abrir espacios de formación, uno de los cuales se llevó a cabo en el Archivo FECH (Taller de Archivística Comunitaria), y que hoy, más que nunca se hace necesario llevar a cabo.
Una arista interesante respecto a la masividad de la producción documental ha sido el tema de la censura de las Redes Sociales. La viralización de los registros, que permite denunciar muy tempranamente los abusos y vejámenes, tiene un peligro: reportar el contenido. Esta herramienta, que puede ser de gran utilidad frente a contenido denigrante, resulta, en un escenario polarizado como el de Chile, en un instrumento de censura. Esto ha hecho surgir dudas respecto a cuáles son las condiciones y normas de uso que aceptamos cuando utilizamos Facebook o Twitter, redes que presentan serias carencias al no tener criterios definidos para no bajar contenido relevante con valor probatorio. Así de rápido como se viraliza un contenido, puede desaparecer, y esta fugacidad que representan las Redes Sociales ponen en riesgo la existencia de estos registros cuyos productores originales no siempre los almacenan en espacios más seguros (lo que también hace surgir la discusión de qué tan seguro es almacenar en la nube, por ejemplo).
Por último, uno de los temas más comentados fue el hackeo masivo realizado por Anonymous Chile a los documentos de Carabineros. Producto de esta filtración se puso en la palestra pública que la policía espía dirigentes sociales, organizaciones y actividades. Práctica que no es desconocida para nosotras como archiveras y archiveros, pero que sí causó gran revuelo y descontento en la opinión pública. Las fichas que comenzaron a circular en los medios con las fotografías de dirigentes, con sus datos personales y sensibles, dieron cuenta de la delicada situación en la que éstos se encuentran (en Chile existen varios casos de dirigentes que han aparecido muertos en circunstancias extrañas) y de lo poco garantizados que están los derechos de libre reunión: ¿qué más datos tienen de nosotros? ¿qué más vigilan? ¿qué otras prácticas policiales todavía desconocemos? Este hackeo no solo fue relevante por lo que nos mostró, sino también por la incertidumbre que nos genera aquello que todavía desconocemos.
Como comunidad de archiveras y archiveros seguiremos reuniéndonos. Seguiremos reflexionando acerca de estos desafíos urgentes, poniendo a disposición nuestro conocimiento para el resguardo de los archivos, pero también nosotros mismos no dejaremos las calles.
Fuente: Regeneración
