Luego de que la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi advirtiera que EU no votará T-MEC hasta que México no apruebe reforma laboral, en el último día del periodo Ordinario de Sesiones, el Senado mexicano aprobó la Reforma Laboral que da respuesta a demandas históricas de los trabajadores al establecer la libertad y democracia sindical y un nuevo sistema de justicia que deja en el Poder Judicial la solución de los conflictos obrero patronales, según coincidieron la mayoría de las fuerzas políticas.
La minuta se turnó de inmediato al Presidente de la República para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación, ya que se aprobó con la promesa de Morena a la oposición de que las 39 reservas al articulado de la Ley Federal del Trabajo, que ayer presentaron y que fueron rechazadas, serán discutidas durante el receso legislativo, en parlamento abierto y objeto de una nueva reforma.
Es decir, que según declaraciones de Jesús Seade, es posible que para junio o julio, el Congreso de Estados Unidos ratifique el T-MEC “porque hay más apoyo de los republicanos mientras que los demócratas son más escépticos en materia comercial”, señaló el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
En entrevista para #AristeguiEnvivo el pasado 12 de abril, Seade comentó que “muy probablemente”, el 1 de mayo la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos envíe a la Cámara de Representantes su resumen de los cambios legales que el T-MEC va requerir.
“Con base en ese resumen, un mes de debates y de reacción a ellos, un mes más tarde, desde el primero de mayo empieza la ratificación formal, y el 1 de junio se presenta la ley, y entre junio y julio espero que salga la ratificación porque en agosto ya entran en receso; el tiempo que tienen para la ratificación en total son 90 días calendario a partir del 1 de junio, pero los otros 30 días ya es receso”, precisó.
El funcionario comentó que están a punto de iniciar los trabajos de ratificación del T-MEC, y para ello,el gobierno de México se comprometió a pasar la ley secundaria del cambio constitucional el 31 de diciembre de 2018.
“Estamos en falta pero sería, en cuanto tiempos. Si era febrero, si era marzo, a nadie le preocupaba, pero ahora que ya está cerca de cuando Estados Unidos debe de tomar acción, para enviar la legislación a su Congreso para la ratificación, se pusieron nerviosos, porque no estaban los cambios de México a la ley”, abundó.
El 30 de abril, el presidente de la Comisión de Trabajo, Napoleón Gómez Urrutia, dijo que con la promesa de la bancada morenista, que refrendó ante el pleno la reforma se aprobó casi por unanimidad, con 120 votos a favor y dos abstenciones, y el reconocimiento de la mayoría de las fuerzas políticas de que es un gran paso para acabar con el sindicalismo corporativo y corrupto.
En tribuna, el senador Gómez Urrutia, dirigente del sindicato minero, recalcó que la reforma genera condiciones mínimas para hacer valer el principio de libertad y democracia sindical, al prohibir cualquier posible injerencia, presión o coacción por parte de los empleadores o de las autoridades. Una lucha obrera, dijo, gestada durante décadas.
El también senador de Morena e igualmente dirigente sindical Pedro Haces sostuvo que es la modificación laboral más importante por su profundidad y alcance. La clase trabajadora se quita los grilletes, dijo, mientras a nombre del Partido Acción Nacional (PAN), Alejandra Reynoso destacó que se avanza a un nuevo sindicalismo, alejado del corporativismo y la corrupción.
La única voz discordante fue la del senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y dirigente de la Confederación de Trabajadores de México, Carlos Aceves del Olmo, quien –desde su silla de ruedas y con voz entrecortada– calificó de inaceptable la intromisión en la vida interna de los sindicatos, y sostuvo que esa reforma laboral se aprueba por presiones de Estados Unidos y Canadá, dentro del tratado de libre comercio.
Antes, el senador Gómez Urrutia precisó que con la modificación a las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social y Orgánica del Poder Judicial y otros ordenamientos, se cumple con la obligación de expedir la legislación secundaria de la reforma constitucional de febrero de 2017 y con tratados internacionales, como son: los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre derecho de sindicación y negociación colectiva.
La presidenta de la Comisión de Estudio Legislativos, Ana Lilia Rivera, precisó que se deja claro que no puede obligarse a los trabajadores a afiliarse a algún sindicato, pues podrán elegir libremente a sus dirigentes, éstos no podrán eternizarse, ya que la duración de las directivas no podrá ser indefinida.
Los dirigentes sindicales deberán rendir cuentas completas y detalladas de la administración de su patrimonio. Aunada a ello, el registro del sindicato podrá cancelarse cuando sus dirigentes o representantes incurran en actos de extorsión contra los patrones.
Durante la discusión en lo particular, el senador Aceves del Olmo presentó reservas a la mayoría de esos ordenamientos –muchos de ellos leídos por otros senadores del PRI– entre otros al artículo 110, en el que se subraya que será opcional para los trabajadores el pago de cuotas sindicales.
Por su parte, el PAN llevó a tribuna aquellos artículos objetados por los empresarios, entre otros, los que pretenden que sea opcional para el trabajador integrarse a un sindicato y los que obligan a los patrones a presentar la prueba de despido.
El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera, propuso que se establezca el presupuesto para la puesta en marcha del nuevo sistema de impartición de justicia que elimina las juntas de Conciliación y Arbitraje y pasa la resolución de los conflictos entre obreros y patrones al Poder Judicial.
En la minuta se incluye un régimen de transición de cuatro años para que jueces y tribunales laborales comiencen a operar y de tres años a nivel local.
El presidente del Senado anunció el envío inmediato de la minuta, con una reforma histórica, al Ejecutivo federal.
El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, se presentó por la tarde en el Senado para sostener que la reforma laboral aprobada no es un buen regalo para los trabajadores del país, ya que se trata de una legislación temporal, con el único fin de atender los dictados del T-MEC y de Estados Unidos.
En tanto que Pelosi había señalad en forma contundente que “las malas condiciones laborales de los trabajadores en México ha sido la principal justificación (no la única) para que la presidenta de la Cámara de los Representantes, Nancy Pelosi, haya puesto en peligro la ratificación del nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Ayer, la líder demócrata advirtió que ni siquiera permitirá la votación sobre la ratificación del T-MEC si antes no tiene garantías de que México sacará adelante una reforma laboral satisfactoria.
“Tenemos que ver que (México aprueba) la legislación, que tienen los factores establecidos que garantizarán su implementación y demostrarán algunos compromisos con sinceridad, porque es un gran problema cómo se trata a los trabajadores en México”, señaló Pelosi en una entrevista con el diario Político.
Pelosi, que por el cargo es quien decide los proyectos de ley que se someten a debate, declaró que “una de las cosas que el gobierno mexicano tiene que hacer antes de que podamos siquiera llegar a considerarlo (el tratado), es aprobar una ley sobre los derechos de los trabajadores en México”.
Salarios estancados. La Casa Blanca espera que el Legislativo dé luz verde al pacto antes de agosto, cuando ambas cámaras entran en receso. Sin embargo, varios demócratas de la Cámara baja (donde son mayoría) han mostrado su interés en cambiar disposiciones del acuerdo trilateral, principalmente las vinculadas con productos farmacéuticos y estándares medioambientales y laborales. Argumentan que una debilidad importante del TLCAN radica en que permitió que los salarios mexicanos se estancaran.
Reforma en abril. Previamente a la advertencia de Pelosi, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya había anunciado que planea aprobar la legislación necesaria para ratificar el acuerdo antes de que el Congreso mexicano entre en receso a fines de abril.
Una de las voces demócratas que más apoyan esta reforma es la congresista Pramila Jayapal, quien precisamente se reunió el lunes 1 de abril en México con el presidente López Obrador, como parte de una comitiva de legisladores estadunidenses de visita en nuestro país.
