Ciudad de México, Palacio Legislativo, a 18 de septiembre del 2019. (Notilegis).- La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó esta noche los dictámenes de tres leyes reglamentarias de la reforma constitucional en materia educativa.
En una larga sesión, donde los partidos de oposición reclamaron que se entrega al magisterio el control de las plazas, esa instancia legislativa avaló los dictámenes de leyes General de Educación, del Sistema de Carrera de los Maestros y de Mejora Continua de la Educación.
Durante la discusión en lo general de los dictámenes -las reservas en lo particular se llevarán mañana en el debate en el pleno-, el diputado Azael Santiago Chepi (Morena) definió que las leyes anteponen los derechos de los trabajadores.
Los documentos fueron aprobados en paquete con 21 votos en favor de Morena, PT, PVEM y PES. Mientras que siete diputados de PAN y MC votaron en contra. “Nuestros maestros perseguidos, encarcelados y asesinados, los normalistas son los defensores de la Constitución y de las comunidades”, dijo.
Cuestionó que desde la década de los ochenta del siglo pasado, el modelo neoliberal aplicó una política educativa “impulsada desde los organismos internacionales para mantener un pueblo sumiso, despojado y olvidado”.
Por su parte, los grupos parlamentarios del PAN, PRI, MC y PRD afirmaron que los proyectos de dictamen de leyes secundarias de la reforma educativa –cuya discusión está prevista para esta tarde– son violatorios de la Constitución Política, merman el derecho a la educación de excelencia, atentan contra la rectoría del Estado y van en detrimento del interés superior de la niñez.
En rueda de prensa, para dar un posicionamiento conjunto, los diputados Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN; René Juárez Cisneros, coordinador del PRI; Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, coordinador de MC, y Verónica Juárez Piña, coordinadora del PRD, expresaron su rechazo a esas propuestas de dictamen.
Aseveraron que se pretende regresar al otorgamiento directo, automático y discrecional de las plazas y hay una clara intención de ceder a grupos de presión la rectoría del Estado en la educación.
“Cuando los grupos parlamentarios aprobamos la reforma constitucional en materia educativa, pusimos en el centro de la misma el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, bajo la rectoría del Estado. Hoy, en los proyectos de dictamen se abandonan esas premisas”, dijo la diputada Juárez Piña, al dar lectura al posicionamiento.
“Refrendamos nuestro rechazo a cualquier reforma que pretenda violentar la Constitución, vaya en detrimento del interés superior de la niñez y la juventud, vulnere la rectoría del Estado en la educación y comprometa el futuro de México”, abundó.
Apuntó que los proyectos de dictamen merman el derecho a una educación de excelencia, porque “prácticamente dejan sin efecto los esquemas de evaluación para la mejora continua que permitirían la profesionalización permanente de los docentes”.
Señaló que “atentan contra la rectoría del Estado y fomentan intereses ajenos a la educación, pues se busca instaurar un régimen de excepción, poco transparente y selectivo, para decidir sobre las plazas violando la Constitución, a fin de controlar, intervenir y supervisar todos los procesos de admisión, promoción y reconocimiento, y para que exista pase automático en las escuelas normales, la Universidad Pedagógica Nacional y los centros de actualización del magisterio, sin que medie una evaluación académica”.
Dijo que los proyectos son “profundamente centralistas”, ya que atentan contra la distribución de la función social educativa entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para controlar todos los recursos federales destinados a la educación.
Subrayó que se pone en riesgo la integridad de las comunidades escolares con la desaparición del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), “pues el Estado deslinda su responsabilidad de mantener, mejorar, equipar, construir y rehabilitar las instalaciones educativas, transfiriéndola a los Comités Escolares (padres de familia, docentes y alumnos de cuarto a sexto año)”.
Finalmente, comentó –como parte del posicionamiento conjunto– que “se confirma la intención de atentar contra cualquier posibilidad de autonomía en materia educativa. Reducen de forma sustantiva las atribuciones y capacidades operativas del organismo para la mejora continua de la educación”.
El coordinador del PAN, Romero Hicks, consideró que el contenido de las propuestas de ley “no se ha discutido en parlamento abierto”; que en la construcción de los predictámenes no se consideraron con seriedad las iniciativas que presentó el PAN, y que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no ha entregado una sola propuesta.
Asimismo, denunció que hubo fallas por parte de la Comisión de Educación en la convocatoria para la dictaminación y en la repartición de los proyectos.
El coordinador de los diputados del PRI, Juárez Cisneros, enfatizó que participarán en el debate para tratar de evitar que se consolide “un retroceso” en el sistema educativo.
Anunció que no acompañarán la aprobación de leyes que contravengan el espíritu de la Constitución; “tampoco podemos estar a favor de aquello que debilita o aniquila la rectoría del Estado en materia educativa”.
“Este tema puede marcar a este gobierno con el signo del retroceso, con la visión estrecha y de darle un peso específico a intereses de grupo con interés electorero sacrificando a la niñez y la escuela pública, que puede quedar condenada al estancamiento”, externó.
El coordinador de MC, Bravo Padilla, sostuvo que se violó el proceso legislativo en la construcción de los predictámenes y subrayó que defenderán la Constitución Política.
“Un dictamen tiene que estar listo cinco días previos a su discusión y hasta ayer se distribuyeron los dictámenes de estas leyes, además de que se cambiaron los contenidos. Se violó el proceso legislativo, por ello, daremos la batalla en las comisiones y en el Pleno. Defenderemos nuestros puntos de vista y, sobre todo, la Constitución”, aseveró.
Hizo un respetuoso llamado al Presidente de la República para que revise los textos y no se cometan actos por fuera de la Constitución.
La coordinadora del PRD, Juárez Piña, aseveró que insistirán en que la reforma constitucional en materia educativa, del pasado 15 de mayo, “se vea reflejado en las leyes secundarias. Vamos a estar presentes en todos lados”.
Además, dijo, exigirán que se respeten los tiempos del procedimiento legislativo, tal y como lo establece la Ley Orgánica del Congreso General.
