Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2019.- Diputados de los distintos grupos parlamentarios cuestionaron al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, sobre planeación urbana, despojo de tierras, reconstrucción y rezago de viviendas, ordenamiento territorial y disminución del recurso para esa dependencia.
Lo anterior, durante su comparecencia ante comisiones unidas de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad; de Vivienda, y de Asuntos de la Frontera Sur, como parte del análisis del Primer Informe de Gobierno.
Al iniciar la primera ronda de preguntas, respuestas y réplica, el diputado José Guadalupe Aguilera Rojas (PRD) preguntó por qué se eliminó el Programa de Fomento a la Planeación Urbana, Metropolitana y el Ordenamiento Territorial y qué ocasionó que no se ejecutara el recurso al cien por ciento durante este año. Además, si se tiene una medición de las afectaciones.
En tanto, la diputada Zulma Espinoza Mata (PVEM) reconoció las medidas que toma la Sedatu para detener los actos de despojo y la venta ilegal de terrenos; sin embargo, dijo, falta un camino importante para poder acabar con este problema. Preguntó qué hace la dependencia para detener esa problemática específicamente, en la Península de Yucatán.
De Encuentro Social, el diputado Francisco Javier Saldívar Camacho señaló que la falta de las reglas de operación en el Fondo Metropolitano, atrasó considerablemente los proyectos destinados a mitigar las zonas complejas en materia de movilidad y así reducir de manera importante los congestionamientos viales, accidentes vehiculares, demoras por tráfico. Inquirió si para 2020 se pueden esperar esas reglas antes de que acabe el primer trimestre del año.
El diputado Juan Francisco Ramírez Salcido (MC) resaltó que existen importantes retrasos en el avance del Programa Nacional de Reconstrucción, para atender las afectaciones que dejaron a su paso los sismos de 2017 y lo que derivó en múltiples actos de corrupción en torno a los procesos de construcción de viviendas. Cuestionó si se tiene algún estimado sobre la cantidad de la desviación de los recursos y cuáles son las líneas de acción en el corto plazo.
En tanto, la diputada Maricruz Roblero Gordillo (PT) refirió que, de acuerdo con el Coneval, el rezago de vivienda a nivel nacional alcanza 44.7 por ciento de la población promedio, que crece hasta el 79.1 por ciento para el caso de comunidades indígenas; por lo que preguntó qué estrategias se realizan. Asimismo, sobre las acciones para dar seguridad jurídica a los ejidatarios y a sus familias respecto de la tenencia de la tierra.
La diputada Irma María Terán Villalobos (PRI) cuestionó qué medidas coordina la secretaría para prevenir impactos a las viviendas, unidades habitacionales, centros de población y espacios públicos por la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, para que no queden marginadas del crecimiento ordenado y planeación de las ciudades. Asimismo, cómo articula una estrategia de ordenamiento territorial junto con las autoridades municipales para aminorar los impactos en la movilidad, la seguridad y la prestación de servicios básicos.
De la misma bancada, la diputada Marcela Guillermina Velasco González enfatizó que su grupo parlamentario está convencido de que, si bien, los avances en materia de desarrollo metropolitano han sido importantes, “no son suficientes”. Resaltó que el Ramo Administrativo Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se encuentra entre los que registran mayor recorte presupuestal para 2020, con 7 mil 816 millones de pesos menos, lo que significa una caída del 44 por ciento; por lo que cuestionó cómo resolverá la dependencia a su cargo esta reducción de recursos.
Por el PAN, la diputada Karen Michel González Márquez pidió hacer pública la información sobre el proyecto de desarrollo urbano de Santa Lucía, “cuántos miles de habitantes estarán asentados en esta zona”, así como cuándo y a qué costo se realizará. También solicitó información sobre dividir en tres partes la Selva Lacandona, dejando únicamente una tercera parte como reserva natural y las otras dos se dedicarían a la agricultura, ganadería y desarrollo del Tren Maya; lo que “significaría un alto impacto a la conservación de los recursos naturales de nuestro país”.
También del PAN, el diputado Sergio Fernando Ascencio Barba indicó que las acciones que realiza la dependencia tienen incidencia directa en la calidad de vida de las personas. Por ello, exhortó al secretario a cumplir éticamente y con estricto apego a la legalidad su obligación constitucional de proteger y garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las y los mexicanos.
El diputado Alejandro Carvajal Hidalgo (Morena) expresó su preocupación porque en el ejercicio fiscal para el Programa de Vivienda Social de la Conavi, tan sólo se asignaron mil 483 millones de pesos, 14 por ciento menos que en 2019, sumado a la disminución del 74 por ciento que tuvo en este año con respecto al 2018, “esto arroja un recorte a la producción de vivienda social del 78 por ciento”. Resaltó que estos recursos “resultan insuficientes para poder atender el rezago habitacional existente en el país, al igual que dar cumplimiento a la política de subsidios del gobierno en materia de vivienda”.
Igualmente, de Morena, la diputada Lucía Flores Olivo pidió saber si el Programa de Mejoramiento Urbano considera hacer más accesible el desarrollo de núcleos de vivienda popular en las principales ciudades de México. Y cuál será la estrategia para involucrar a la ciudadanía y promover su participación activa.
Al dar respuesta, el secretario señaló que uno de los lineamientos que se tiene en política de desarrollo urbano, es buscar ciudades mucho más compactas, bien articuladas y conectadas con usos mixtos adecuados.
“Si no tenemos una política de suelo que se articule con las dinámicas de desarrollo urbano de cada una de las ciudades, encontraremos grandes disparidades de desarrollo urbano a lo largo de las diferentes manchas del país”.
Informó que las reglas de operación del Fondo Metropolitano se publicarán en enero de 2020, la prioridad de los proyectos serán temas de movilidad, medio ambiente, infraestructura regional o de desarrollo regional.
El funcionario resaltó que el actuar de la administración pasada fue deficiente en la reconstrucción por los sismos de 2017 y para gran número de las personas que recibieron las tarjetas, eran incompletos los recursos o simplemente no llegaron. El avance que se había determinado a través de un muestreo estadístico apuntaba apenas al 21 por ciento.
Sin embargo, para este año, en lo que corresponde a acciones de vivienda, se va a ejercer el cien por ciento del recurso en los estados de Chiapas, con 9 mil 725 acciones de reconstrucción; estado de México, mil 880; Guerrero, mil 132; Morelos, 4 mil 218; Oaxaca, 12 mil 809 y Puebla, 7 mil 276; lo que da un total de 37 mil acciones de reconstrucción, lo que corresponde al Programa Nacional de Reconstrucción en materia de vivienda.
El titular de la Sedatu indicó que el rezago de vivienda a nivel nacional se concentra en el sur-suroeste y 70 por ciento de las acciones que se deben llevar a cabo son de mejoramiento o ampliación. Precisó que la Comisión Nacional de Vivienda está atendiendo a esta población y se buscarán mejores mecanismos para financiar estos proyectos.
Agregó que la dependencia se enfoca en la atención de los conflictos agrarios y socioterritoriales en el país y en la Península de Yucatán. “Estamos realizando una estrategia regional emergente”, con la Procuraduría Agraria y Registro Agrario Nacional, para la actualización en núcleos agrarios y órganos de representación, sus reglamentos internos y sus padrones.
El tema de la regularización de la tenencia del suelo, dijo, es uno de los que apremia a la secretaría. Se está conformando una política nacional de suelos, que contemple cómo se va a atender esta presión “que día a día, cada año prácticamente encontramos que 90 mil familias acceden a terrenos o a suelos irregulares”.
Meyer Falcón dijo que el Programa Territorial Operativo fue un instrumento que se determinó con la mejor forma de poder coordinar los ocho municipios aledaños a Santa Lucía y tiene un avance del 65 por ciento, que incluye los antecedentes y diagnósticos y pronósticos de crecimiento en la zona.
Precisó que uno de los diagnósticos, a través de dicho programa, es que los principales problemas que se tienen en los municipios es el abastecimiento de agua, la inseguridad, la violencia y el transporte público deficiente. Asimismo, la falta de equipamiento de vivienda y de la conformación de zonas de desarrollo industrial.
Otro tema que se trabaja con las secretarías de la Defensa y de Comunicaciones y Transportes, es el mecanismo de conectividad entre el aeropuerto de Santa Lucía que corresponde a la Ciudad de México.
Sobre la Selva Lacandona, dijo, “estamos conscientes de la gran problemática, se han tenido mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación, con el Registro Agrario Nacional y con el procurador agrario, la instrucción es que cualquier acción que se lleve a cabo, solamente y únicamente, será respaldada si hay un acuerdo entre las diferentes partes en el conflicto”.
En lo que corresponde al Tren Maya, consideró que es uno de los mecanismos de menos impacto en comparación de carreteras. Afirmó que es un modelo de movilidad que no permite la explotación de la zona selvática.
